Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

La Asociación de Magistrados Fiscales expresó ayer una preocupación muy justificada por la sucesión de cuestionamientos desde los partidos a su independencia y a la de todo el sistema judicial.

El problema no es nuevo, pero se viene agravando, no sólo porque las acusaciones se intensifican, sino también porque el propio hecho de que se reiteren va instalando la idea de que tienen algún fundamento, y esto socava cada vez más la confianza de la ciudadanía en los operadores judiciales.

Además, la sucesión en los últimos meses de incidentes escandalosos, vinculados primero con la actuación del fiscal Raúl Iglesias y luego con la de su colega Gabriela Fosatti, alimentaron la percepción de que la Fiscalía es un campo de batalla entre militantes.

Esto contribuye a desprestigiar a la institución y, paradójicamente, la hace más vulnerable a intentos de incidencia partidaria directa en sus conducción, como la propuesta de que oficialistas y opositores, en vez de ponerse de acuerdo para designar a un nuevo fiscal de Corte, se repartan lugares en un organismo de tres personas.

El hostigamiento al sistema judicial por parte de dirigentes partidarios se centró al comienzo en la prédica contra los jueces por su presunta benevolencia ante la criminalidad, en el marco de un debate malsano que mide –desde posiciones políticas encontradas– la “eficacia” de las políticas de seguridad en función de la cantidad de personas encarceladas, pero en los últimos años se ha enfocado en los fiscales y tiene características distintas.

Está a la vista que un motivo mayor de las críticas, a menudo desaforadas, es que se ha querido que el ministerio público actuara como una herramienta de judicialización de la política. En este terreno no corresponde intentar un reparto ”equitativo” de responsabilidades, porque es claramente mayor la del actual oficialismo.

Cuando los partidos que forman la actual coalición de gobierno eran opositores, recorrieron el país afirmando que sus antecesores frenteamplistas habían cometido una enorme cantidad de delitos, y que altos dirigentes terminarían presos. Ni la realización de auditorías ni las denuncias penales llevaron a este resultado, y pronto se comenzó a alegar que esto se debía a la “infiltración” frenteamplista en el sistema judicial.

Cabe señalar que, cuando al frente de la Fiscalía General de la Nación estaba Jorge Díaz, a quien los oficialistas de hoy pintan en su relato como un gran villano despótico, el fiscal Luis Pacheco tuvo plena libertad para investigar y acusar al vicepresidente frenteamplista de la República, Raúl Sendic, quien como todos sabemos se vio obligado a renunciar al alto cargo que ocupaba.

Los cambios vinculados con el pasaje al sistema acusatorio en los procesos judiciales han sido muchos y merecen evaluaciones tan rigurosas como serenas. Sin defender ni atacar a ultranza todo lo nuevo, hay por lo menos dos hechos evidentes: el primero es que sin recursos adecuados no hay sistema que pueda funcionar bien; el segundo, que sembrar cizaña contra los operadores judiciales causa graves daños institucionales, y sólo puede beneficiar a quienes desean debilitarlos para que les opongan menos resistencia.

Hasta mañana.