Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Cuando el tratamiento de un proyecto de ley avanza del mejor modo posible, el análisis y las discusiones ganan calidad y precisión, a medida que los partidos y sus sectores profundizan el estudio de la iniciativa y escuchan a especialistas y a representantes de los sectores involucrados. Los datos del problema que se quiere resolver y las consecuencias de las medidas propuestas quedan cada vez más claros, se detectan y corrigen errores ajenos a la intención de los autores, aparecen propuestas alternativas y las discrepancias se centran en cuestiones de fondo. No es esto, lamentablemente, lo que está pasando con el proyecto de reforma jubilatoria enviado al Parlamento por el Poder Ejecutivo.

Desde el período de elaboración de recomendaciones al Ejecutivo en la Comisión de Expertos en Seguridad Social, creada en 2020, hasta el debate del proyecto en el Senado, que lo aprobó al final del año pasado, los partidos han tenido más de dos años y medio para profundizar el análisis de la cuestión e intercambiar entre sí en distintos ámbitos, pero ni siquiera hay una base aceptada sobre algo tan elemental como cuál sería el efecto de este proyecto sobre el monto de las futuras jubilaciones.

Desde el Ejecutivo, el Partido Nacional y el Partido Independiente se asegura que el valor real de las prestaciones se mantendría en parte de los casos y mejoraría en otra parte, sin disminuir para nadie, pero no sólo la oposición frenteamplista y el PIT-CNT muestran proyecciones técnicas con resultados perjudiciales para muchas personas, sino que esta previsión es compartida por los especialistas del prestigioso Centro de Investigaciones Económicas (Cinve), y tanto en Cabildo Abierto como en el Partido Colorado hay todavía dudas sobre lo que realmente ocurriría en este terreno si el proyecto se aprobara, lo cual significa que no confían en lo que afirman sus socios ni disponen de estudios propios.

Una cosa es discrepar sobre la orientación de la reforma y sostener, como lo hace la oposición social y política, que los problemas del sistema de seguridad social deben afrontarse con medidas que incluyan un aumento de sus ingresos, en vez de optar exclusivamente por disminuir de distintas formas sus desembolsos. Otra muy distinta es que aún no esté claro qué pasaría con los ingresos de jubilados y pensionistas. Y una tercera, que resulta incluso más preocupante, es que aparezcan de la nada iniciativas como la que plantearon ayer los cabildantes Álvaro Perrone y Martín Sodano, en una reunión de diputados oficialistas con representantes del Ejecutivo, cuando opinaron que para “mejorar el proyecto” la edad jubilatoria mínima no debería aumentar de 60 a 65 años, sino sólo a 63.

Otros participantes en la reunión les dijeron que esto alteraría de tal modo las cuentas del sistema que el proyecto perdería su sentido, y Sodano pidió que se lo demostraran en vez de mostrar cálculos propios, lo cual sugiere fuertemente que no cuenta con ellos.

El senador Guido Manini Ríos dijo luego que esa no era la posición de su partido y que no sabía “a título de qué” habían realizado su propuesta Sodano y Perrone. Cuesta evaluar si esto es un motivo de alivio o de alarma.

Hasta mañana.