Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Lo menos que se puede decir de las contrataciones de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande decididas por el presidente de la delegación uruguaya, Carlos Albisu, es que han sido escandalosas debido a su cantidad, al nivel de las remuneraciones y al hecho de que hayan recaído, por designación directa, en militantes de los Partidos Nacional y Colorado.

La bancada de diputados decidió llamar a sala por este tema al canciller Francisco Bustillo y a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche. Lo de Bustillo se debe a que la participación en la CTM es parte de las relaciones de Uruguay con Argentina, y lo de Arbeleche a que la controversia sobre las contrataciones surgió a partir de que se incluyó en el proyecto de Rendición de Cuentas una partida extra para el organismo. La ministra dijo hace unos días que “la gestión o el destino de esos recursos” no le compete.

Albisu es un dirigente del sector nacionalista Aire Fresco, cuyo fundador y líder no es otro que el presidente Luis Lacalle Pou, y esto aumentó la pertinencia de que se le preguntara ayer, en Bella Unión, acerca de las contrataciones de la CTM. La respuesta fue que, si bien él no puede descartar que hayan existido “exageraciones” en la materia, le tiene “aprecio”, “afecto personal” y “confianza” al presidente de la delegación uruguaya, sobre quien agregó que “ha trabajado muy fuertemente por el departamento”, aunque esto nada tenía que ver con la consulta periodística.

A fines de setiembre del año pasado, cuando fue detenido Alejandro Astesiano, Lacalle Pou afirmó en conferencia de prensa que el encargado de su custodia era “profesionalmente intachable” y que en una larga relación con él no había percibido ningún indicio de que no fuera merecedor de confianza.

A fines de marzo de este año, el presidente dijo que el senador nacionalista Gustavo Penadés, acusado de abuso sexual a adolescentes, contaba con su “confianza” y su “respaldo”. Casi un mes y medio después, pese a que la cantidad de denuncias venía en aumento, Lacalle Pou alegó que “sería un mal amigo” si no creyera en Penadés, a quien conoce desde hace 30 años.

El presidente se está acercando al final de su mandato, y podría haber aprendido que no le corresponde, desde su alta posición de poder, realizar manifestaciones personales de confianza y afecto hacia personas sobre quienes pesan acusaciones graves.

La razón, muy fácil de entender, es que declaraciones de ese tipo ponen en juego el prestigio y la influencia del cargo que ocupa, que muchas personas las toman como un mandato político, y que incluso pueden operar como presiones sobre quienes tienen la responsabilidad de juzgar a los acusados, o sobre quienes pueden aportar pruebas contra ellos. Lacalle Pou ha tenido varias ocasiones de aprender esto, pero a la vista está que no lo ha hecho o que no quiere hacerlo.

Hasta mañana.