Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El miércoles, en la primera reunión de Luis Lacalle Pou y Yamandú Orsi para encaminar el proceso de transición, se habló del proyecto Neptuno o Arazatí, que busca extraer agua del Río de la Plata para el suministro al área metropolitana. El presidente electo manifestó después de esa reunión que era una cuestión “para seguir conversando”, porque desde el Estado se han planteado observaciones todavía sin respuesta, y que a él no le parece que esta iniciativa sea la más conveniente para aumentar las fuentes de agua potable.

Ayer, el Poder Ejecutivo informó que había resuelto postergar la firma del contrato entre OSE y el consorcio privado Aguas de Montevideo, para que los equipos técnicos del próximo gobierno estudien el proyecto, y es probable que la decisión final quede en manos de Orsi.

Esta iniciativa ya había sido planteada a comienzos de siglo, antes de los gobiernos del Frente Amplio, y descartada por razones técnicas, pero cuando el ingeniero Arturo Castagnino volvió a la gerencia general de OSE, designado por el oficialismo saliente, insistió con éxito cuando se presentó una propuesta del mencionado consorcio, integrado por las empresas Saceem, Ciemsa, Berkes y Fast.

Los cuestionamientos han sido numerosos y de peso desde que Lacalle Pou anunció ante la Asamblea General, en marzo de 2022, que se proponía llevar adelante el proyecto, presentándolo como una solución definitiva a los problemas de suministro por parte de OSE. Se prevé extraer agua de Arazatí, en la costa del departamento de San José, y varios estudios científicos han señalado que allí se producen variaciones importantes del nivel de salinidad y grandes floraciones de cianobacterias.

Es una muy mala señal que el Estado, en vez de tomar medidas para mejorar la calidad de las aguas de la cuenca del Santa Lucía, asuma como hechos consumados las prácticas productivas dañinas que la causan y opte por buscar alternativas. Además, la contaminación creciente de esa cuenca está muy vinculada con las floraciones en el Río de la Plata, de modo que el problema actual ni siquiera se eludiría.

Por último, y sin agotar la lista de objeciones, la reforma constitucional “del agua”, aprobada por amplia mayoría en forma simultánea con las elecciones nacionales de 2004, establece que “el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano” debe ser prestado “exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales”.

Pese a todo, el Ejecutivo siguió adelante, intentó descalificar las críticas y en agosto del año pasado le adjudicó el proyecto a Aguas de Montevideo, con un costo previsto que ronda los 800 millones de dólares.

El país tiene una deuda con las personas que plantearon tenazmente sus objeciones a esta iniciativa, desde las que integran grupos de vecinos potencialmente afectados hasta las que investigaron desde la comunidad científica y no temieron exponer sus hallazgos, pasando por los grupos de militantes por causas ambientales. Todas ellas contribuyeron a que el proyecto Neptuno no avanzara con la velocidad que deseaban sus impulsores, y lograron que ahora exista una oportunidad de reconsiderar su conveniencia con criterios más sensatos.

Hasta mañana.