Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Resulta conveniente, al menos de vez en cuando, mirar más allá de las querellas locales y registrar la importancia en escala mundial de algunos acontecimientos. Por ejemplo, la demanda presentada el miércoles por las autoridades de la ciudad de Nueva York contra las grandes empresas que gestionan las plataformas Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok y YouTube.

El alcalde Eric Adams y otros jerarcas del gobierno de la ciudad presentaron un resumen de los argumentos en que se basa la demanda: las redes sociales son medios formidables de información y comunicación, pero las empresas demandadas aplican técnicas y algoritmos que fomentan el uso adictivo de sus plataformas. Este contribuye, a su vez, a una “crisis de salud mental juvenil”, que, entre otros perjuicios graves, causa problemas de aprendizaje. Se afirmó que, al igual que cuando se fomenta el tabaquismo, la búsqueda de ganancias afecta la salud pública.

La acción legal se inició ante el Tribunal Supremo del estado de California, donde están las sedes de la mayoría de las firmas demandadas. Todas ellas cuentan con recursos más que suficientes para contratar a los mejores equipos de abogados e incidir con gran potencia en la percepción del asunto por parte de la ciudadanía, y es obvio que el proceso será largo y complicado. Con seguridad habrá debates sobre cuestiones de suma relevancia, como la relación entre las libertades individuales y las regulaciones sociales, o la medida en que los proveedores de una herramienta pueden ser considerados responsables de los usos que se les dan.

En todo caso, es claro que las redes sociales son hoy un factor clave para la percepción del mundo y la formación de opiniones, con la particularidad de que la configuración de este nuevo “espacio público” está en manos de enormes corporaciones privadas con fines de lucro.

No es la primera vez que los múltiples conflictos asociados con esta contradicción llegan al ámbito judicial, y el asunto forma parte de una problemática mucho más amplia y compleja, vinculada con la gobernanza y regulación de internet, que se está discutiendo intensamente desde hace años. Pero el hecho de que esta demanda se impulse en Estados Unidos, desde una institución tan emblemática como la de la alcaldía de Nueva York, la convierte en un hito y un probable punto de referencia en el futuro.

La incidencia de los cambios tecnológicos en las comunicaciones sociales no tiene marcha atrás, pero tampoco hay una sola forma posible de convivir con los cambios y –como sucede en muchas otras áreas– la cuestión no es resignarse a cualquier consecuencia de los intereses mercantiles.

Los problemas señalados por Adams existen también en Uruguay, como en muchísimos otros países, pero es indudable que ni siquiera una potencia como Estados Unidos puede afrontarlos por sí sola y que las eventuales posibilidades de solución sólo son imaginables en escala internacional. Sin embargo, lo que ocurra con esta demanda merece una especial atención, porque establecerá precedentes, acotados pero significativos, para un proceso global y seguramente prolongado. En el lejano Tribunal Supremo de California estará en juego parte de nuestro porvenir.

Hasta mañana.