Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Robert Silva, precandidato a la presidencia en el Partido Colorado (PC), presentó ayer 20 propuestas de gobierno “para mejorar la seguridad pública y la convivencia ciudadana”. La noticia se puede considerar con por lo menos dos criterios muy distintos, atendiendo al contenido de las iniciativas o a su significado político.

En cuanto a las propuestas en sí, incluyen algunas ideas interesantes y atendibles, como las de implementar un programa de desarme civil voluntario, fortalecer a la Junta de Transparencia y Ética Pública, realizar “una auditoría nacional de seguridad y estrategia nacional contra el crimen organizado” a cargo de la Organización de las Naciones Unidas y “blindar” el puerto de Montevideo contra el narcotráfico, aunque sea discutible la forma en que se plantea hacer esto último, con participación de personal militar y desarrollo de un sistema de control público-privado.

Una de las iniciativas, en particular, implica cambios drásticos y merece una discusión a fondo: la de eliminar el actual procedimiento de designación directa para ocupar direcciones nacionales y jefaturas de Policía departamentales, sustituyéndolo por concursos a fin de seleccionar a “las personas que tengan más idoneidad”.

En la historia uruguaya, el Poder Ejecutivo departamental les correspondió durante un período prolongado a “jefes políticos”, designados directamente por el presidente de la República, que tenían entre sus tareas de gobierno el mando de la Policía en cada territorio. Es fácil comprender que esto les permitía ejercer una fuerte e indeseable influencia en las elecciones.

Los avances democratizadores eliminaron aquel dispositivo de control, pero no era ni es posible despojar a las tareas policiales de su naturaleza política. Es indiscutible que comandarlas requiere conocimientos y experiencia, pero su orientación no es un problema técnico con una sola solución correcta. Es lógico y legítimo que haya propuestas muy diversas a partir de las diferencias ideológicas, aunque todas ellas deban ser concebidas e instrumentadas con solvencia técnica.

En este marco, tiene sentido que, en cada período de gobierno, el presidente de la República y la persona a la que él designe para estar al frente del Ministerio del Interior (el “ministerio político” por excelencia, históricamente) elijan para las jerarquías policiales gente en la que piensen que pueden confiar para llevar adelante sus orientaciones. Estas se pueden y se deben discutir, por supuesto, y sólo cabe esperar resultados catastróficos si la confianza política lleva a designar personal incompetente, pero tampoco parece sensato que la selección por concurso conduzca a conformar un elenco con grandes diferencias de enfoque.

Con el otro criterio mencionado al comienzo, cabe acotar que, según las encuestas, el PC está muy lejos de la posibilidad de ganar las elecciones nacionales, y no está claro que Silva sea el precandidato con más chance de ganar las internas. Por lo tanto, es muy improbable que el expresidente de la Administración Nacional de Educación Pública llegue a ser presidente y enfrente la obligación moral de cumplir, por ejemplo, la promesa de aumentar 50% los salarios policiales.

Hasta mañana.