Darío Fuletti, oficial de monitoreo y evaluación de Unicef Uruguay, visitó la diaria Radio para repasar “La infancia invisible”, una campaña sobre el crecimiento en hogares de 24 horas, y tanto las propuestas como el rol que adotpó la institución en el Diálogo Social, iniciativa que impulsa el Poder Ejecutivo a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) desde julio con el objetivo de alcanzar acuerdos multilaterales para diseñar políticas públicas.
Primero, puntualizó que Uruguay “tiene una tasa de internación que es de las más altas de la región”, con 7.000 niños vinculados al sistema de protección, de los cuales 3.000 “viven en instituciones y en promedio pasan siete años en ellas”. “Es una situación que Uruguay debería poder solucionar de mejor forma y acompañar a las familias para que la separación no sea una medida tan frecuente”, aseguró.
En el segundo punto, Fuletti explicó que a principios de este año “publicaron un paquete de políticas para enfrentar la pobreza infantil” que implicó “presentar la situación en Uruguay”, un país “de altos ingresos en el contexto mundial” que, por lo tanto, debe compararse con “el este de Europa” y no con países de la región. El paquete que presentaron en el Diálogo incluyó aspectos vinculados a “transferencias, la ampliación de los tiempos de cuidado para permitir que los adultos continúen incorporándose al mercado laboral, un apoyo a las licencias parentales más extendidas y que no dependan de la inserción laboral formal, y alimentación universal en centros educativos”, listó.
Respecto a las políticas de transferencias, Fuletti dijo que “Unicef tiene un posicionamiento muy claro basado en evidencia académica y en sistemas de transferencias que la institucion ya tiene en otros países del mundo con gobiernos más débiles”. Lo asentaron en setiembre durante el segundo seminario del Diálogo Social titulado “Evidencia para repensar las transferencias monetarias dirigidas a la infancia”.
Planteó que desde Unicef abogan por “una apuesta muy fuerte a la no condicionalidad” –porque en general los hogares que “están peor” son “los que no pueden cumplir y se les retira la transferencia”, lo que configura un “doble castigo”– y, en segundo lugar, por la “universalización para todos los niños, niñas y adolescentes” para “transparentar un apoyo que la mayoría de las familias tienen”, ya sea en forma directa o como deducción del IRPF por tener niños y niñas en los hogares de mayores ingresos, con montos “muy similares”. Como contracara, “las familias que no tienen ingresos tan bajos como para recibir transferencias ni tan altos como para pagar IRPF” quedan “en el medio” y “sin ningún apoyo”.
“Eliminemos la deducción del IRPF, hagamos un sistema de transferencias que sea universal, y eso no sólo transparenta el apoyo que toda la sociedad les va a dar a las familias con niños y adolescentes, sino que también contribuye a quitar el estigma de las familias que las reciben”, acotó en relación al planteamiento. La propuesta sustituiría herramientas ya existentes y se presentaría como “un sistema único” que sea “más sencillo de entregar por parte del Estado y de entender para las familias”.
Adelantó que plantean una cifra de 6.000 pesos mensuales por cada niño, niña y adolescente, con un extra que, “sumado a lo que ya se entrega”, alcanza “alrededor del 1% del PIB”. “En nuestra propuesta es una transferencia universal del mismo monto para todos, pero en el Diálogo hubo otras, y el Instituto de Economía, trabajando para la OPP, presentó una propuesta escalonada”, complementó.
Al mismo tiempo, alertó que “sólo con las transferencias no se soluciona la pobreza”, porque “el apoyo tiene que ser a todo el hogar”, en cuanto a que los problemas son “la insuficiencia de ingresos y la débil inserción en el mercado laboral de los adultos”. “La gran mayoría de los adultos en esos hogares trabajan y tienen una tasa de actividad que es prácticamente la misma que la de los que no están en situación de pobreza, pero son trabajos eventuales, informales, de pocas horas o bajos ingresos, y en 2023 un hogar recibía 13.000 pesos por mes en promedio y 6.000 pesos de transferencias”, señaló. Dado que el ingreso principal seguía siendo el laboral, es importante “fortalecer las políticas que sean de empleo” para favorecer “que sea de buena calidad” y “provea un ingreso previsible y constante”.
Finalmente, sobre la presencia de los ejes prioritarios para Unicef en el proyecto de ley de presupuesto quinquenal, que actualmente se discute en la Cámara de Senadores, el economista y demógrafo opinó que “falta una discusión de todo el presupuesto y no sólo del adicional o lo extra que cambia”.
“También es verdad que hay espacios de mejora de la interacción de las políticas entre sí y el uso del presupuesto actual. Hay muchas políticas, pero no están bien coordinadas, y la familia no sabe de todas las disponibles que hay, o el Estado no necesariamente se acerca”, advirtió, en un escenario con “cuatro de cada diez niños, niñas y adolescentes que viven en un hogar que tiene pobreza multidimensional, pobreza monetaria o ambas” si se consideran e intersectan los dos indicadores con los que Uruguay cuenta actualmente para mesurar la problemática.
“Hay una buena expectativa”, y en el seminario específico sobre transferencias que se enmarcó en el Diálogo Social “hubo acuerdo entre actores en que tener un sistema único sería lo más eficiente”, aseguró Fuletti sobre la posibilidad de materializar los planteos, y agregó: “Parece haber un consenso en que es la mejor forma, pero luego hay que ver, el año próximo, si efectivamente sucede”.