Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Entre los muchos temas abarcados por la ley de urgente consideración aprobada en 2020, el oficialismo saliente incluyó siete artículos referidos a la llamada “regla fiscal”, para evitar desequilibrios entre los ingresos y los egresos del Estado. Parte del diseño de ese dispositivo fue la creación de un Consejo Fiscal Asesor (CFA) integrado por tres economistas, con el cometido de “velar por la transparencia en el manejo de las finanzas públicas” mediante un “análisis técnico e independiente”. En cumplimiento de tal tarea, el CFA expresó la semana pasada su preocupación por el incumplimiento de la meta fiscal correspondiente a 2024, y al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no le gustó.

El organismo técnico asesor señaló que el año pasado, mientras la recaudación disminuía en forma imprevista por las autoridades, estas no dispusieron una disminución de los desembolsos estatales para mantener las cuentas en orden. Con notoria delicadeza, el informe del CFA comentó que el Poder Ejecutivo mostró “una mayor rigidez y menor capacidad de reacción en el año electoral”. En otras obvias palabras, que decidió, como muchos gobiernos anteriores, gastar por encima de lo razonable para ganar simpatías ciudadanas en las urnas.

La reacción del MEF fue pintoresca. En un comunicado que se difundió ayer, alegó que el CFA, en vez de hacer lo que le manda la ley aprobada por el propio oficialismo, debería haber adoptado “un enfoque más realista y pragmático al formular críticas o recomendaciones de la política económica”, atendiendo “los desafíos y limitaciones reales que enfrenta la administración pública”.

En particular, el organismo a cargo de la economista Azucena Arbeleche sostuvo que si en 2024 se hubiera reducido el gasto público para evitar desequilibrios, esto “habría significado afectar los servicios esenciales del Estado e incumplir compromisos legales asumidos”. Fue muy discutible la oportunidad de utilizar ese argumento el mismo día en que el diario El País difundió que Grupo Vía Central (GVC), el consorcio a cargo del proyecto de Ferrocarril Central, va a presentar una demanda porque el Poder Ejecutivo no le paga desde diciembre de 2023. GVC afirma que los “compromisos legales asumidos” pero no cumplidos suman una deuda cercana a los 160 millones de dólares y anunció que, una vez agotadas “las vías de negociación y mediación” con el gobierno que preside Luis Lacalle Pou, iniciará un proceso de arbitraje internacional para cobrar.

El proceso de la obra a cargo del consorcio, que lleva dos años y medio de retraso en relación con las previsiones iniciales, ha sido intrincado, y GVC aún no cumplió por completo con su parte del contrato. De todos modos, es escandaloso que las autoridades salientes hayan dejado pasar casi 14 meses sin hacer pagos y les entreguen a las entrantes una bomba –más– a punto de estallar. El primer capítulo de “Compromiso por el país”, el acuerdo de los cinco partidos que apoyaron a Lacalle Pou en el balotaje de 2019, llevó por título “Un gobierno con las cuentas en orden” y prometió “un manejo cuidadoso y responsable del dinero de todos”.

Hasta mañana.