Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

No sólo en Uruguay se plantean descalificaciones del sistema judicial atribuyéndole intenciones politizadas, como se hizo tras la imputación de delitos de corrupción al exintendente nacionalista Guillermo Besozzi. Ayer se alzaron voces poderosas en el mundo para rechazar la condena de la dirigente derechista francesa Marine Le Pen.

A Le Pen se le impuso una pena de cuatro años de cárcel y cinco de inhabilitación para ocupar cargos públicos por malversación de fondos del Parlamento Europeo. La sentencia será apelada, pero si queda firme le impedirá a la actual diputada competir en las elecciones presidenciales de 2027.

El coro de repudio incluyó, como era previsible, a otras figuras políticas derechistas que alegan haber sido víctimas de procesos judiciales sesgados, como el presidente estadounidense, Donald Trump, y el expresidente brasileño Jair Bolsonaro. También hubo manifestaciones de solidaridad con Le Pen desde gobiernos que no tienen ese tipo de problemas, ya que el poder concentrado por los mandatarios los protege de juicios, como sucede en Rusia o Hungría.

Los fiscales y jueces pueden, por supuesto, cometer errores, tanto en París como en Soriano. La cuestión es que el sistema judicial uruguayo, al igual que el francés, cuenta con garantías del debido proceso antes y después de las sentencias que pueden ser apeladas y revisadas. En Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva fue encarcelado e impedido de participar en las elecciones de 2018 y esto facilitó el triunfo de Bolsonaro. El daño quedó hecho, pero el propio sistema judicial fue capaz de revisar el caso, identificar los procedimientos indebidos y anular todas las condenas.

La credibilidad de las garantías es socavada cuando se alega que todo un sistema opera, deliberada y sistemáticamente, con la intención de favorecer a unas fuerzas políticas y perjudicar a otras. Esto es muy peligroso, porque cada vez que la Justicia pierde legitimidad, gana terreno la ley del más fuerte.

No lo hace sólo la derecha. También se ha aplicado en forma demasiado amplia e imprudente el concepto de lawfare, que alude al mal uso de la Justicia con intenciones partidizadas, para rechazar procesos y condenas contra dirigentes que se presentan como izquierdistas o progresistas, y de ese modo se ha contribuido a que la gente pierda confianza en el conjunto de las instituciones.

Cabe acotar aquí que una famosa y muy castigada frase de Raúl Sendic hijo, “si es de izquierda, no es corrupto; si es corrupto, no es de izquierda”, no vale para declarar incapaces de corrupción a quienes se autoidentifiquen como izquierdistas, pero sí es válida para señalar que corromperse implica violar principios que la izquierda defiende y autoexcluirse de ella.

El francés Charles Louis de Secondat, barón de Montesquieu, planteó en 1748 la necesidad de la separación de los poderes del Estado para que estos se controlaran y limitaran entre sí. La idea de base no es que quienes ejercen tales poderes procedan siempre de forma irreprochable; muy por el contrario, se trata de prever posibles desvíos y sus contrapesos. Arremeter contra este pilar de los sistemas democráticos sólo le conviene al avance del totalitarismo.

Hasta mañana.