Los trabajadores tercerizados del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) denuncian adeudos en el pago de sueldos, liquidaciones y partidas económicas para el funcionamiento de los refugios.
Un pasacalle colgado en plaza Independencia, frente a Torre Ejecutiva, asevera: “Programa calle: sin salarios ni recursos”. La Secretaría de Trabajadores Tercerizados del Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines (Sutiga) emitió un comunicado en el que afirma que mantiene el “estado de alerta” ante las problemáticas que enfrentan los trabajadores vinculados indirectamente a distintas áreas y programas del Mides. Entre estas se encuentran atrasos en los pagos a seis organizaciones y reclamos de larga data.
Aunque reconocen que “hubo un cambio de administración” recientemente, el gremio sostiene que “los problemas acarreados desde el período anterior siguen siendo los mismos y, en algunos casos, han empeorado”. Diego Andrada, vocero del Sutiga, explicó a la diaria que los atrasos corresponden principalmente al pago de liquidaciones por el término de los contratos anuales, modalidad de tercerización del Mides, y que el tiempo del adeudo varía según la organización.
En enero, el sindicato mantuvo la primera, y por ahora única, reunión con las autoridades que estaban próximas a asumir, la cual evaluaron como “muy positiva” y en la que encontraron receptividad de los jerarcas entrantes. “Estaban al tanto, los pusimos al tanto, mostraron preocupación, pero bueno, pasaron los meses y por ahora no tenemos una solución concreta”, afirmó Andrada, quien expresó preocupación por los “compañeros que no están cobrando” su salario y algunos que han sido amenazados con represalias si no asisten a trabajar, pero “no pueden ir a trabajar porque no tienen plata”.
“Realmente es tedioso trabajar sin saber si vas a cobrar el sueldo. Muchos pagamos alquiler, muchos tenemos hijos, hijas. Necesitamos media certeza para poder subsistir, básicamente”, expresó a la diaria un representante del colectivo de trabajadores tercerizados de la organización Otras Manos, quien también remarcó el “desgaste emocional y psíquico” que implica preocuparse “todos los meses” por el sueldo, además de lidiar con las situaciones que enfrentan en la atención a los usuarios.
La organización gestiona cinco centros bajo la modalidad 24 horas y, según el trabajador, todos presentan atrasos de pagos. El contrato con la cartera terminó el 20 de abril y el día 19 los trabajadores fueron dados de baja en el Banco de Previsión Social (BPS); el nuevo contrato se renovó el 25 de abril. El representante del colectivo afirmó que el 29 de abril los trabajadores deberían haber cobrado la liquidación, sin embargo, a la fecha del 8 de mayo no ha sido abonada, al igual que el pago de los salarios del 20 al 30 de abril, por lo que el colectivo resolvió adoptar medidas.
Con el objetivo de “demostrar lo indispensable” de su presencia en los dispositivos de atención y para que las “personas que están en situación de calle tengan una atención buena”, los trabajadores notificaron a las autoridades del ministerio y de la organización que no recibirán a nuevos usuarios en los refugios ni tampoco a los Centros de Atención Técnica (CAT) –creados en 2024, se encargan de orientar y apoyar a las personas usuarias en el acceso a prestaciones y servicios, evaluar sus situaciones, realizar derivaciones a otros programas y brindar apoyo psicosocial–. Además, cortaron la comunicación con el Mides y evalúan profundizar las medidas con un paro activo de 13.00 a 14.00 si no se regulariza el pago de las liquidaciones al día lunes.
Daniel Gerhard, director de Protección Social del Mides, en diálogo con la diaria, adjudicó el atraso en los pagos a un “problema de diseño del sistema” que enlentece la salida de las partidas para que las diferentes organizaciones de la sociedad civil estén al día con los trabajadores. Si bien lo consideró un problema “crónico” de la cartera, sostuvo que “en los últimos años se ha ido agudizando”, en parte debido a un “uso excesivo” del mecanismo de compra directa.
El director sostuvo que asumieron con una situación heredada de muchos vencimientos de servicios que debían reiterar. “Había una suerte de embudo”, afirmó, pero “no había los plazos como para hacer llamados o compras con la suficiente anticipación para ahorrarnos algunas de estas cosas que hoy nos generan retrasos”, continuó.
El director explicó que, para recibir cada pago acordado en el contrato, las organizaciones deben rendir cuentas: “Esto, que parece muy sencillo, tiene una serie de dificultades por los mecanismos que existen. Al atrasarse un poquito, esos mecanismos se duplican, y todo eso genera una rosca de dificultades que hace que, entre que recibieron un pago y están próximos a recibir el segundo, pasa muy poco tiempo y las posibilidades de rendirlo como corresponde son difíciles”, acotó. En relación con esto, afirmó que la administración está “rearmando la ingeniería del sistema” para que en los próximos meses “esto ya no vuelva a suceder”, con el desafío de no perder la “rigurosidad”, ya que no existe “posibilidad de generar el pago sin una rendición correcta”.
Ana Casteluccio, secretaria general de la Unión de Trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social (Utmides), afirmó en diálogo con la diaria que la tercerización “implica todo un proceso burocrático bastante largo” y el Mides, en general, “no ha podido ser exitoso en llegar a tiempo con todos estos procesos”, lo que pone en riesgo a los servicios. Andrada mencionó que tenían conocimiento de que “la administración anterior tenía problemas internos” y “cuestiones burocráticas” que complicaban el pago de las partidas. Sin embargo, “ya no es una respuesta válida”, afirmó.
A nivel general, Casteluccio manifestó que el movimiento sindical está “en contra de las tercerizaciones” y consideró que los convenios con la sociedad civil requieren de una “revisión”. “Lo que entendemos es que nunca puede terminar en una precarización laboral de las personas que están trabajando. Si se va a hacer un convenio con la sociedad civil, no puede ser precarizando las fuentes laborales”, sostuvo.
Al igual que Casteluccio, Andrada afirmó que la modalidad de tercerizaciones es una “decisión política” de la cartera, pero los trabajadores “no somos los responsables de que el ministerio tercerice”, aseveró el representante de Sutiga, y añadió: “Que los sueldos no lleguen directamente a la cuenta [del trabajador], tener que dárselo a un tercero que administre, a una organización, [y] depender de que la organización sea prolija, eso es una decisión política”.
Una política pública “sostenida única y exclusivamente por los trabajadores”
Los reclamos de los trabajadores tercerizados son muchos, no son nuevos y siguen profundizándose. “Más allá de lo salarial, la atención ha perdido calidad. Veníamos de un nivel bajo y bajamos aún más”, afirmó el representante de los trabajadores de Otras Manos. Durante la administración anterior, por la cual pasaron tres ministros de Desarrollo Social, denunciaron la reestructura del programa calle, el recorte de equipos técnicos en los centros, la desprofesionalización y la precarización de los roles de los trabajadores, lo que impacta directamente en la calidad de la atención a los usuarios. “Nos encontramos con una realidad en la que trabajamos con las mismas problemáticas que atañen a las personas en situación de calle, pero con menos personas, con 12 personas [usuarios] por centro y una persona trabajando por turno”, comentó.
“Hay una política pública que hoy en día está sostenida única y exclusivamente por los trabajadores y por su fuerza de voluntad, porque está desfinanciada y hay compañeros y compañeras que el traslado mismo al trabajo ya es una cuesta arriba”, remarcó el trabajador de la organización.
Otro de los reclamos que los trabajadores arrastran desde la reestructura del programa calle refiere a la figura del facilitador, que suplantó a la del educador y que, según Sutiga, encubrió un recorte. Esta figura no está incluida en el Consejo de Salarios y las organizaciones la remuneran de forma diferente, 30% menos, aunque se trate de los mismos trabajadores realizando las mismas tareas.
El sindicato ha mantenido instancias en las últimas semanas en el ministerio de Trabajo y Seguridad Social para avanzar hacia la regularización de la figura del facilitador. “Ya tuvimos una reunión con los representantes de los privados en el ministerio y ellos nos reconocieron que eso era cualquier cosa y, bueno, nosotros entendemos que eso tiene que cambiar mínimamente”, indicó Andrada.
Gerhard sostuvo que “la necesidad de equipos profesionales” se vuelve “cada vez más necesaria”, a partir del crecimiento de la demanda de los dispositivos de atención y las situaciones de hacinamiento en ellos. En ese sentido, afirmó que el rol del facilitador, que exige requisitos menores para presentarse, “no tiene una expertise mínima como para sostener esta situación”. “Es una figura que nosotros vamos a ir eliminando del sistema, pero no sólo por un tema del valor hora, que también, sino porque necesitamos gente capacitada para esta tarea”, concluyó el director.