El pasado 27 de enero, la calificadora de riesgo Moody’s resolvió reafirmar la nota de deuda para Uruguay en el grado inversor Baa1 y consolidó una “perspectiva estable”. Según la empresa, la decisión refleja “altos niveles de ingresos, instituciones sólidas y una gobernanza eficaz, demostrada por las reformas fiscales y monetarias en curso”, mientras al mismo tiempo señalaron que el perfil crediticio se fortaleció por “la baja exposición al riesgo político y de eventos externos”, así como por “un estrecho déficit de cuenta corriente y elevadas reservas de divisas”.

Puntualmente sobre el riesgo político, la calificadora aseguró que el país está respaldado por “un sistema democrático estable, un sólido Estado de derecho y una tradición de formulación de políticas consensuadas”, lo que garantiza “resultados políticos predecibles y cohesión social”. Lo mismo ocurre a nivel externo debido a un “importante colchón de reservas líquidas de divisas” que minimiza los riesgos ante “perturbaciones externas”.

Lo anterior, según la empresa, mitiga parcialmente las restricciones derivadas de “déficits fiscales superiores a los previstos”, que “han llevado a un aumento de la carga de la deuda” que prevén se estabilice “en torno al 65% del PIB”. “Un historial de inversión moderada y un crecimiento tendencial moderado también limitan la solvencia de Uruguay”, complementó el informe que dio cuenta de la calificación.

Por otro lado, detallaron que la “perspectiva estable” refleja un equilibrio de riesgos al alza y a la baja. En la primera categoría listaron “la continuación de las reformas fiscales y monetarias” como la agenda de desdolarización que impulsa el Banco Central del Uruguay (BCU) y, en la visión de la calificadora, “contribuirá a fortalecer la eficacia de las políticas”, mientras simultáneamente “debería fomentar una mayor inversión” y propiciar un “mayor cumplimiento de las metas fiscales”, colaborar en la “estabilidad de precios” y desarrollar el mercado de capitales. Por otro lado, en el segundo grupo aparece la “vulnerabilidad de Uruguay a los shocks climáticos y la posibilidad de que el crecimiento vuelva a niveles bajos si la inversión se mantiene débil a pesar de las reformas en curso”.

“La continua estabilidad de precios y los esfuerzos de desdolarización deberían contribuir a fortalecer la actividad inversora y el crecimiento”, reiteró Moody’s. También destacó el “progreso significativo en el fortalecimiento de la credibilidad de la política monetaria” por parte del BCU, puntualmente en el desempeño de la inflación ya que se ha mantenido “dentro del rango objetivo del 3% al 6% durante más de dos años y anclada en el 4,5%, impulsada por la disminución de las expectativas”. Al mismo tiempo, celebró los esfuerzos para reducir los depósitos en dólares y aseveró que lo anterior, en conjunto con “reformas salariales que alinean los ajustes con las metas de inflación”, permitirán respaldar la estabilidad macroeconómica.

Finalmente, advirtió que la inversión “se ha debilitado nuevamente” y alcanzó el 16% del PIB en el tercer trimestre de 2025, desde el 19% en 2022, contrario a “la mediana de los países con calificación Baa, del 23% en 2025”. Por otro lado, respecto al presupuesto quinquenal aprobado por el Parlamento, consignaron que “apunta a una reducción gradual del déficit general del 4,1% del PIB en 2025 al 2,6% para 2029, impulsado principalmente por medidas de recaudación, dada la rígida estructura del gasto”. Esperan que el gobierno cumpla sus objetivos y, en caso de que las medidas previstas en el articulado tengan un desempeño inferior al previsto, anticipan que “reduzca los incentivos fiscales o recorte temporalmente la inversión pública para cumplir con los objetivos de consolidación fiscal”.