A un par de meses de que se apruebe el presupuesto 2026-2030, tenemos una Dinara que heredó una plantilla de funcionarios sumamente reducida, muy por debajo de lo necesario para enfrentar los desafíos que tiene por delante.
Datos disponibles sobre movilidad social indican que Uruguay es un país estratificado, con sectores claramente diferenciados en función de sus ingresos y oportunidades, y que la movilidad social es escasa.
La insuficiente inversión en la principal universidad pública del país afecta el ejercicio del derecho a la educación, limitando el poder de respuesta de la institución a la creciente demanda de jóvenes que acceden al nivel superior.
¿Cómo vamos a involucrar al demos universitario cuando su participación en organismos centrales de la vida institucional tiene meramente un rol asesor?
Para poder generar transformaciones reales es necesario implementar medidas de impacto reales, así como concebir la vivienda como pieza clave del puzle de acciones para garantizar derechos básicos de quienes harán el Uruguay del futuro.
El acceso a la justicia, sin embargo, debería conceptualizarse de forma más amplia. No todos los conflictos son conflictos penales, ni conviene resolver todos los conflictos por vías judiciales.
Desde hace años un sector político de la derecha, si no toda la derecha política, ha renegado de la Agenda 2030. Pero el planeta se calienta y sus consecuencias ya han dejado de llamar a la puerta para entrar en nuestros hogares.