El viernes, previo al feriado de Semana de Turismo, el intendente de Colonia, Carlos Moreira, envió a la Junta Departamental los resultados de la investigación administrativa que ordenó realizar en el municipio de Miguelete tras las denuncias presentadas por tres concejales contra la alcaldesa María Elena Martín por haber ordenado el acarreo de “viajes de tierra” a un campo perteneciente a su familia con maquinaria municipal. Esos reclamos fueron presentados por los concejales nacionalistas Javier Rostagnol y Alicia Clavell, y el colorado Héctor Rodríguez; el Frente Amplio no tiene representación electiva en ese organismo.

La investigación fue desarrollada por la asesora legal de la comuna coloniense, la abogada Carolina Guigou, en base al análisis de documentación, de las actas del municipio involucrado así como de entrevistas a la alcaldesa, al resto de los concejales y a los funcionarios municipales que trabajaron en las tareas de limpieza de los caminos vecinales en los cuales se extrajeron los materiales en discusión.

De acuerdo a las pruebas diligenciadas en la investigación, en primer término Guigou señala que “no existe duda” acerca de que efectivamente se llevó a cabo la limpieza planificada en el predio ubicado en los caminos 28 de Marzo y Paso de la Cadena, para “poder tener mejor visibilidad del acceso a un lugar de mucha circulación”, y que esas tareas se realizaron en un período comprendido entre diez y 15 días por personal municipal y de la empresa contratada Transdap SAS. Asimismo, sostiene que la extracción de materiales se realizó “sobre el nivel de la calle y no sacando tierra con profundidad”.

La encargada de esta investigación discrepa con lo aseverado por los concejales denunciantes, quienes dijeron que en “la referida limpieza se extrajeron entre 700 y 900 metros cúbicos de tierra”. En cambio, para Guigou, “de la prueba documental y testimonial” resulta “plenamente probado que el metraje de material fue mucho menor, no superando los 200 o 300 metros cúbicos, y que el mismo no puede ser llamado tierra sino que en su mayoría eran ramas, raíces, arena, balasto, piedras, lo que llamado por los propios trabajadores intervinientes en el proceso era 'mugre'”.

Otro punto central de la denuncia presentada por los concejales en primera instancia estaba referido al destino al cual habían sido llevado esos materiales. Los denunciantes criticaron a la alcaldesa por haberlo enviado a predios particulares, incluido un campo propiedad de la familia de Martín, y no haberlo hecho a una cantera municipal ubicada a pocos kilómetros del lugar donde se realizó la limpieza.

Según la investigación encomendada por el gobierno coloniense, ese “extremo” tampoco “resulta de la prueba aportada, sino que el mismo fue repartido entre varios vecinos de la zona, los que aceptaron recibir el material, que tampoco sería de muy buen uso por su mala calidad”.

Guigou concluye que parte de ese material también fue conducido a la cantera municipal, pero “se dejó de hacer dicho traslado por la distancia hasta la misma y porque la mala calidad del material extraído no sería para tapar dicho predio”. El acarreo de material de desecho a campos vecinos a los cuales se realizan las tareas de limpieza resulta una práctica frecuente en el departamento de Colonia “para poder economizar dinero y tiempo, tal como lo sugiere el director de obras [de la comuna coloniense] Gonzalo Santos”, a quien se le consultó en el trayecto de la pesquisa.

“A juicio de quien suscribe, no nos encontramos ante un beneficio desmedido a personas con un vínculo de parentesco de la alcaldesa como lo pretende hacer creer los concejales Rodríguez, Clavell y Rostagnol”, sostiene Guigou. Y agrega que el padre y el tío de la alcaldesa “tenían sus predios en las inmediaciones de la zona donde se realizó la limpieza y fueron beneficiados con el material como cualquier otro contribuyente”.

Asimismo, la abogada indica que, de modo inevitable, las acciones que desarrollan los municipios pueden beneficiar a familiares de las autoridades de los mismos que habitan dentro de la misma jurisdicción. “De ser así, sería cuestionada [la alcaldesa] por colocar un foco de luz, hacer cordón cuneta o arreglar una calle frente a la casa de algún familiar o allegado, lo que carecería de sentido alguno”, añade.

Para la encargada de esta investigación, la existencia de “un mal relacionamiento” entre los concejales denunciantes y la alcaldesa y el concejal Fabián Pérez marca “claramente la diferencia de criterios y la mala voluntad de trabajar en conjunto” que “repercute negativamente” en el funcionamiento del municipio.

Así las cosas, la investigación concluye que “no existe probado un accionar contrario a la ley por parte de la alcaldesa Martín en beneficio de su padre o de cualquier persona relacionada con su familia”.

Además de enviar los resultados de esa investigación a la Junta Departamental, el ejecutivo comunal también las remitió a la Fiscalía Letrada de Colonia del Sacramento, que tomó cartas en este asunto tras sendas denuncias presentadas por el concejal colorado Héctor Rodríguez y por la bancada de ediles del Frente Amplio.

Repercusiones

En la noche del viernes, tras recibir los resultados de la investigación administrativa realizada por el ejecutivo coloniense en el municipio de Miguelete, la Mesa Política departamental de Frente Amplio de Colonia emitió una declaración en la cual “respalda el trabajo serio y responsable de investigación y la correspondiente denuncia realizada ante Fiscalía por la bancada de ediles” de esa fuerza política”. También cuestionaron a la alcaldesa Martín porque “estas prácticas personalistas que desconocen las decisiones colectivas y que pueden habilitar beneficios personales, desprestigian el tercer nivel de gobierno y no contribuyen a la descentralización y a la participación ciudadana”.

También apuntaron contra el intendente Carlos Moreira porque la investigación “resulta insuficiente”, ya que en “en otros casos similares se ha pedido, por parte del Partido Nacional, la separación del cargo en tanto procede la Justicia”, a pesar del carácter electivo que posee el cargo de la alcaldesa.

Así como ocurre en la interna nacionalista, este caso también divide las aguas en la coalición de izquierdas.

En febrero un grupo de militantes frenteamplistas de Colonia Miguelete envió una carta a la presidencia departamental del FA en la cual se cuestiona el proceder de esa fuerza política en este asunto. Allí, vecinos de Miguelete señalan que hubo “denuncias graves” sin contar con “pruebas fehacientes”, basadas en “afirmaciones de los concejales locales de la oposición interna y externa en el marco de una lucha despiadada por obtener protagonismo y desprestigio a la administración encabezada por la alcaldesa Martín.

La nota realizada por los frenteamplistas de Miguelete sostiene que hubo un error por parte de la alcaldesa al no informar al resto de los concejales de la realización de esa tarea, que terminó “beneficiando” a la intendencia porque hubo particulares que recibieron materiales desechables.

En esa nota también se cuestiona a los ediles del FA por no haber consultado a los frenteamplistas de Miguelete a la hora de analizar este caso y de efectuar la denuncia en Fiscalía. “Los compañeros ediles que realizaron las denuncias no investigaron lo suficiente sobre el tema antes de hacerse eco de denuncias infundadas”, señala la carta. Y agrega: “Esto, en lugar de favorecernos políticamente, nos perjudica ampliamente, ya que no falta mucho para que realmente salgan a la luz los datos de la investigación que se está realizando y ya no sólo van a quedar mal los concejales locales, sino también nuestra fuerza política”.