Fernanda Alanís

Detrás de la reglamentación de una prueba para acreditar el bachillerato se juega algo más que una discusión técnica: lo que está en cuestión es si la educación pública se concibe como un derecho a garantizar colectivamente o como un resultado individual a certificar.

Los defensores de la ideología corporativa apelan al manejo ético de las tecnologías, pero invisibilizan las asimetrías de poder inherentes a su diseño y que culminan limitando las posibilidades éticas de su uso.

Quienes sostienen que la igualdad es una meta a alcanzar por los individuos que no gozan de ese derecho suelen proyectar en el sistema educativo la responsabilidad de las políticas económicas que reproducen la desigualdad.

En tiempos de batallas discursivas, asistimos a un proceso de apropiación de las figuras prototípicas de la historia de la pedagogía en Uruguay.