Gabriel Tenenbaum

En los intercambios de posiciones entre oficialismo y oposición, cuando nadie da en la tecla de los problemas de la seguridad, el debate destructivo sobre la criminalidad desprestigia al sistema de partidos políticos, a la democracia y a sus instituciones.

La discusión de la gauchada y la corrupción no es semántica, es sobre el poder, su abuso y el problema de su distribución en la sociedad.

El ajuste de cuentas es una categoría de alto valor explicativo en tanto refiere a una sociedad endeudada de “guerreros” que no pondrán en duda el mecanismo de la búsqueda casi obsesiva de saldar cuentas con los activos disponibles según clase social.

Los cuidados materiales e inmateriales de los entornos familiares son clave en la prevención y el desistimiento del delito. A pesar de ello, poco o nada hablan de cuidados aquellos que deben prevenir el crimen.

Parece evidente que la respuesta adaptativa de la política pública criminal del gobierno al problema de la criminalidad en drogas y lavado de dinero ha sido, en la generalidad, distribuir los controles, las vigilancias y los castigos hacia los delitos de los débiles de poder.

Los datos muestran que la urgente consideración se disocia de la urgente aplicación y, por lo visto, de la urgente necesidad que tenemos de contener y mitigar los problemas de la criminalidad.

Lo que parece ser un pibe de barrio con su cámara es, en realidad, una empresa millonaria, probablemente apalancada por alguna agencia especializada en influencer marketing, con notoria capacidad de influir en la opinión de millones de jóvenes del hemisferio americano.

Evidentemente, hay un problema mayúsculo en el sector no financiero, lugar donde se encuentra 97,5% del total de los sujetos obligados (13.480) a reportar operaciones sospechosas e inusuales.