Martín Buxedas

La contribución del BROU a rentas generales aumentó de 5 millones de dólares anuales entre 1995 y 2004 a 73 millones de dólares anuales entre 2005 y 2008.

No es extraño que, para algunos, a los que quizás vale la pena escuchar, la continuidad de la vida humana en el planeta está condicionada a cambios en el patrón de consumo.

De confirmarse, el caso Moreira-Manini Ríos puede tener derivaciones legales, políticas y éticas. Al mismo tiempo, ilustra las debilidades con que se administró la política de colonización durante un largo período.

Por la tubería que une a Uruguay con los paraísos fiscales, cada año se escurren cerca de 1.500 millones de dólares de impuestos. Todo legal, pero no inocuo.

Los gobiernos del FA desmantelaron los beneficios fiscales a la forestación, dejando pocas excepciones. Y lo hicieron contra viento y marea, incluso con la oposición de los principales partidos que hoy integran la coalición de gobierno.

Por Martín Buxedas

Subsidiar la exportación de ganado sería una de las alternativas que analiza el gobierno ante la caída de precios que afrontan los productores, consecuencia a su vez de acuerdos entre la mayor parte de los frigoríficos. ¿Se justificaría esa medida? Si el problema es la existencia de acuerdos de la mayor parte de la industria frigorífica para rebajar los precios, la medida no cambiaría la situación de base, que es la concentración de la propiedad en esa industria.

Las referencias a los cambios en la reglas de juego que generan las iniciativas gubernamentales han sido frecuentes en los últimos años y lo son más al acercarse el período electoral. La amenaza que está detrás de ese argumento es que esos cambios determinarán un freno en las nuevas inversiones. Quienes más activos han estado en la denuncia de estos cambios en las reglas de juego y en anunciar las consecuencias que tendrían han sido los dirigentes de las dos principales organizaciones de empleadores del sector agropecuario y sus allegados.

Las detracciones son un instrumento de la política económica como cualquier otro y su aplicación puede ser conveniente o no. Además de su recaudación fácil, pueden diseñarse para ser aplicadas a pocos productos no elaborados, estimulando así el valor agregado nacional, ya que reducen el precio de la materia prima si se destina a la elaboración local y, en algunos casos, reducen también el precio al consumidor uruguayo. Sin embargo, es cierto que no constituyen la mejor opción, porque debilitan las exportaciones. En este sentido es preferible ajustar el diseño y aplicación del Impuesto a la Renta Empresarial agropecuario y que se concrete el impuesto al patrimonio.