En diciembre se cumplen 50 años de la Ley de Vivienda

Para los que peinamos solamente algunas canas, hay cosas que parece que hubieran existido siempre. Celebrar un aniversario, en esta oportunidad de la creación de una ley, permite recuperar ese momento inicial, conocer –o recordar– su contexto y, si fuera posible, extraer enseñanzas que sirvan para nuestros días. Además, esta conmemoración incluye también un homenaje a su protagonista principal, el arquitecto Juan Pablo Terra.

Publicados en el diario oficial el 27 de diciembre de 1968, los Principios generales del Plan Nacional de Vivienda (conocidos generalmente como Ley de Vivienda) establecen que “toda familia, cualesquiera sean sus recursos económicos, debe poder acceder a una vivienda adecuada que cumpla el nivel mínimo habitacional definido en esta ley. Es función del Estado crear las condiciones que permitan el cumplimiento efectivo de este derecho”. O sea, ya desde el arranque la nueva ley plantea una política de vivienda universal, apropiada y de responsabilidad del Estado. Asimismo, declara “de interés general el establecimiento de una política planificada de vivienda, integrada en los planes de desarrollo económico y social”, y expresa la transversalidad del problema de la vivienda. La ley solicita además la elaboración de un Plan Quinquenal de Vivienda que incluya diagnósticos y metas.

En sus 13 capítulos la ley califica a los beneficiarios (de forma muy flexible los describe como “el núcleo familiar que ha de convivir establemente bajo un mismo techo, esté o no vinculado por razones de parentesco”), define las condiciones, los tipos de vivienda y la vivienda mínima, en el capítulo sobre el crédito crea la Unidad Reajustable (necesaria por la elevadísima inflación de aquel momento), funda la Dirección Nacional de Vivienda, el Fondo Nacional de Vivienda y comete al Banco Hipotecario del Uruguay a cumplir las funciones de “órgano central del sistema”. También crea las cooperativas de vivienda y sus diferentes modalidades (de usuarios, de propietarios, por ayuda mutua o ahorro previo), las cooperativas matrices de vivienda y los institutos de asistencia técnica para las cooperativas.

Interesa detenerse un momento en el contexto político en que se dan la discusión y la promulgación de la ley. En diciembre de 1967 Jorge Pacheco Areco asume la presidencia de la república, tras la muerte de Óscar Gestido. En junio de 1968 Pacheco decreta las medidas prontas de seguridad; su mandato está signado por el autoritarismo y la represión contra los sindicatos, los militantes sociales, la prensa y los estudiantes, con el penoso resultado de los tres primeros mártires estudiantiles. En su primer año de gobierno establece un gabinete ministerial empresarial afín a las ideas del Fondo Monetario Internacional, congela salarios y precios en medio de una inflación desbocada, militariza a la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay e ilegaliza varios sectores políticos de izquierda. Resulta llamativo, entonces, que en ese ambiente se aprobara una ley de vanguardia que establece obligaciones fundamentales para el Estado y promueve la organización social en torno al tema de la vivienda.

Esta aparente contradicción no es casual: es el resultado de un proceso que se inició con la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico (CIDE) a partir de 1960 y que tuvo múltiples actores, entre los que se destaca Juan Pablo Terra. Arquitecto, docente de la cátedra de Sociología de la Facultad de Arquitectura, cofundador del Centro Latinoamericano de Economía Humana, miembro de la CIDE, diputado y senador por el Partido Demócrata Cristiano, Terra fue el impulsor y redactor de la Ley de Vivienda. Cuatro libros editados por el Instituto Humanista Cristiano Juan Pablo Terra reúnen su obra escrita, y el último de ellos –Vivienda. Familia, comunidad, territorio– fue presentado la semana pasada. En su prólogo, el arquitecto Salvador Schelotto, actual director nacional de Vivienda, explica: “Toda la obra de Terra revela la solidez de un sistema de pensamiento planificador. En su manera de ver el problema, la planificación del sector vivienda se concibe como parte de la planificación económica y social”.

En mayo de 1973, Terra presentó otro proyecto de ley, el de Creación del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Ley de Pueblos y Ciudades. El golpe de Estado ese mismo año echó por tierra esta propuesta que integraba la planificación de vivienda y el desarrollo urbano y territorial. Schelotto opina que “las propuestas de Terra en materia de institucionalidad y política urbana resultaron no sólo anticipatorias sino, en cierto modo, ordenadoras de algunos términos del debate que se daría más de tres décadas después. Y que tendría un hito fundamental en la aprobación en 2008 de la ley 18.308 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible”.