En diciembre, varias instituciones del teatro independiente se movilizaron para expresar la necesidad de crear un marco regulatorio que proteja y ampare al sector en lo que evaluaban como una “situación de emergencia económica”. En ese sentido, representantes de la Sociedad Uruguaya de Actores (SUA), la Asociación de Teatros del Interior (ATI) y la Federación Uruguaya de Teatros Independientes (FUTI) se reunieron con políticos y directores de organismos relacionados con la cuestión para leer un documento que luego enviaron al Parlamento. En su momento, la presidenta de SUA, Lila García, dijo a la diaria que esa propuesta surgió a partir de los logros parciales que FUTI obtuvo mediante ciertas partidas presupuestales, y que se consideró necesario continuar y profundizar en esa dirección para que los resultados alcanzaran a todo el país, y que no se tratara de presupuestos que había que “pelear año a año”.
Ayer, el proyecto de Ley Nacional de Teatro Independiente ingresó a la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes. El proyecto, firmado por los diputados del Movimiento de Participación Popular (MPP) Alejandro Sánchez, Sebastián Sabini, Julio Battistoni y Lilián Galán, tiene como objetivo promover el desarrollo y amparo del teatro independiente. Por eso, además de declarar a la actividad de interés general, se especifica la definición de sala de teatro independiente, espacios convencionales y no convencionales, se propone la creación de un consejo honorario que rija la protección, promoción y desarrollo de la actividad, y se establece un fondo de subsidio integrado por una partida estable del Presupuesto nacional, “la creación de gravámenes específicos y todo recurso que se obtenga por otros medios que puedan surgir”.
En diciembre, el diputado Sánchez señaló que, más allá de que el teatro reciba diversos apoyos del Estado, procedentes de las intendencias, el gobierno nacional y los Fondos Concursables, esto “responde a una dispersión e inestabilidad de los fondos públicos, porque muchas veces se obliga a los grupos a competir permanentemente por fondos, y esto no les permite un marco de estabilidad como para poder proyectar, diseñar y contar con una planificación de funcionamiento”.
Planteó que en Uruguay existen muchas actividades promocionadas –por ejemplo, mediante beneficios tributarios–, y se mostró convencido de que “sería bueno trabajar sobre esa base. Porque si el mercado no puede resolver todo, ¿cómo dejar que el desarrollo de los bienes culturales dependa de las leyes del mercado, y así se pueda invisibilizar expresiones esenciales?”.