Esta semana se hizo pública una carta enviada en julio por la empresa Spotify al ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira. Firmada por Dustee Jenkins, jefa global de Asuntos Públicos de la plataforma musical, tenía como asunto los cambios propuestos en el proyecto de Rendición de Cuentas a la Ley N° 9.739, concerniente a los Derechos de Autor.

El texto, al que accedió El País, señalaba como “muy preocupante” la propuesta legislativa que, según la empresa, “busca imponer un pago adicional obligatorio que los servicios de streaming tendrían que hacer a los artistas musicales de Uruguay, la cual además no contempla ningún mecanismo para compensar ese monto de los costos de la adquisición de licencias ya existentes”.

“Si la reforma propuesta se convirtiera en ley en su forma actual, el negocio de Spotify en Uruguay podría volverse inviable, en detrimento de la música uruguaya y sus fanáticos”, agregó Jenkins. “La propuesta de modificación de la Ley N° 9.739 no es adecuada para abordar las preocupaciones que se han planteado, perjudica a los artistas uruguayos y debería eliminarse del proyecto de ley”.

En las modificaciones a los artículos, señaladas por El Observador, se incluye a internet y las redes sociales como plataformas en las que los intérpretes tendrían “derecho a exigir una retribución por su interpretación difundida en ellas”. Esto había surgido luego de un reclamo de la Sociedad Uruguaya de Intérpretes (Sudei), ya que el porcentaje para los artistas y compositores está contemplado en el pago de derechos, pero no el de sus integrantes. Un cover, por ejemplo, no representa dinero para quienes interpretan la canción.

La carta y la carta

“Spotify es el servicio de streaming líder en Uruguay y en el mundo en base a los ingresos a los titulares de los derechos de la música grabada. Hemos jugado un rol fundamental en revertir el declive de la industria de la música, la cual estaba plagada de piratería. Gracias al streaming, la industria musical en Uruguay creció un 20% sólo el año pasado, en beneficio de artistas, compositores y aquellos que los apoyan”, señaló Jenkins en la misiva.

Lo que está ocurriendo en nuestro país es muy similar a la situación en Paraguay, donde desde fines del año pasado se discutía un proyecto de ley impulsado por la Entidad Paraguaya de Artistas Intérpretes y Ejecutantes (AIE) para imponer un pago obligatorio de 10% por parte de las plataformas en favor de intérpretes y ejecutantes. Tanto, que la carta enviada el 15 de diciembre del año pasado a Joel Talavera, director de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, contenía frases que luego fueron utilizadas en forma idéntica para comunicarse con Da Silveira.

“Spotify es el servicio de streaming líder en Paraguay y alrededor del mundo. Desde nuestro lanzamiento, hemos jugado un rol fundamental en revertir el declive de la industria de la música, la cual estaba plagada de piratería, y desde entonces hemos impulsado el mercado musical. Gracias al streaming, la industria musical en Paraguay y en el mundo crece de manera sostenida, en beneficio de artistas, compositores y aquellos que los apoyan”, decía el texto que firmó Jenkins en 2022.

El texto del año pasado decía: “A pesar de la gran popularidad de nuestro servicio a nivel local, aún no tenemos utilidades en Paraguay”, y el de este año: “A pesar de la gran popularidad de nuestro servicio a nivel local, aún no tenemos utilidades en Uruguay”.

La situación en Paraguay motivó una nueva carta en junio de este año, en la que Jenkins reiteraba sus preocupaciones sobre un proyecto alternativo al que se había presentado meses antes. “En nuestra opinión, la nueva propuesta no resuelve las muchas cuestiones graves planteadas por este modelo, ni considera suficientemente el potencial impacto en los servicios de streaming y ni el de otros actores en el mercado de la música, incluido el de los propios artistas”.