La Asociación de Productores y Periodistas de Televisión Nacional emitió este viernes un comunicado en el que se declaró en conflicto tras la cancelación por parte de las nuevas autoridades de contratos laborales que tenían vigencia hasta fin de año. Además, solicitan la instalación de una mesa de negociación para que se revean las desvinculaciones, que se harían efectivas el 30 de abril.
Desde el Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan), por su parte, se propuso una fecha para la instalación de una instancia de diálogo, según informó a la diaria Erika Hoffmann, directora del organismo desde marzo.
El jueves, El País había informado sobre el malestar entre los trabajadores del canal público tras la rescisión de los contratos del meteorólogo Nubel Cisneros y del coconductor del informativo central, Leonardo Luzzi. También Raquel Ceballos, periodista del Portal Médicos Públicos, fue afectada por la decisión de las autoridades de Secan.
Entre los motivos para la cancelación anticipada de los vínculos laborales, está, en algunos casos, la exigencia de exclusividad de los periodistas, que no estaba estipulada en los contratos firmados.
Tras reunirse en asamblea el viernes, los trabajadores de Televisión Nacional acordaron dar a conocer varios puntos. Entre ellos, que los anuncios de las autoridades “incumplen notoriamente con el texto de los documentos contractuales y con los acuerdos firmados en el año 2017 ante la Dirección Nacional de Trabajo que estipulan los mecanismos de evaluación de desempeño para las renovaciones de contratos”.
Además, la asamblea “resolvió declararse en conflicto y solicitarle a la directora de Secan, Erika Hoffmann, la inmediata instalación de una mesa de negociación para el cumplimiento de los contratos vigentes con la suspensión de los despidos anunciados y la no innovación en medidas similares durante el proceso de negociación”.
Los trabajadores aclaran que el cometido de la declaración de conflicto “es mantener las fuentes laborales de las y los trabajadores contratados por el Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional y el respeto de los compromisos contractuales asumidos por el Estado”.
El número de los afectados por las decisiones de las nuevas autoridades es incierto, ya que la plantilla de Canal 5 incluye a decenas de trabajadores contratados. Desde la década de 1990, uno de los problemas funcionales de la televisión estatal tiene base en la disparidad de condiciones laborales entre los funcionarios presupuestados y los trabajadores contratados.