¿Qué evaluación general hacen del documento diagnóstico del sistema de seguridad social que realizó la CESS –que fue votado por la delegación empresarial–?

Se logró un excelente documento, que es una foto del momento actual, con los desafíos y las virtudes que se pueden encontrar en la seguridad social. Dentro de lo que son las valoraciones, pondría el énfasis en la heterogeneidad de derechos y obligaciones que existen, incluso dentro del Banco de Previsión Social (BPS), en los desequilibrios actuariales y los problemas que tienen incluso subsistemas recientemente reformados. También las dificultades del Banco de Seguros para hacer frente al pago de las rentas vitalicias [jubilación con base en el ahorro en la cuenta individual de la AFAP]. Otro aspecto a destacar es que no sólo hay desafíos y presiones en el sistema de reparto del BPS, sino también en el sistema de capitalización individual de las AFAP.

Sobre lo de la heterogeneidad, ¿entienden que se debería avanzar hacia un sistema más unificado en cuanto a los criterios para acceder a una jubilación?

Sí, empezar a dar pasos en ese sentido. En los últimos años ha habido avances, y hay subsistemas que tienen peculiaridades que los hacen diferentes al resto, pero de fondo esa es la idea. Ir paso a paso, pero que se dé alguna señal de que vamos a hacer confluir el sistema. El objetivo de las cámaras empresariales es transparentar subsidios, en el camino hacia la equidad.

¿Cómo evaluás el análisis hecho en el documento diagnóstico de los aspectos vinculados al régimen del BPS?

Lo comparto. Es imprescindible revisar el sistema de servicios bonificados y cuál es su lógica, si evitar un perjuicio de salud [premiando a quien trabaja en actividades de riesgo] o mantener privilegios para algunos sectores, porque no se cumplió el mandato legal que establecía una revisión periódica. Sobre las exoneraciones que hay de aportes patronales, no nos manifestamos sobre si son razonables o no, pero el planteo que se hace desde las cámaras empresariales es evaluar el impacto que tienen y si están logrando el objetivo para el cual fueron implementadas, y que si es necesario e imprescindible dar [exoneraciones] a un sector de actividad, que se haga con cargo a Rentas Generales y no con costo distribuido a quienes hacen un aporte de 100%.

Hugo Bai, del PIT-CNT, cuestionó el análisis que se realiza sobre la historia laboral y las jubilaciones por invalidez. ¿Cómo ven el tema desde el lado empresarial?

Comparto el diagnóstico, porque realmente hubo una explosión de las jubilaciones por invalidez, y ahora la curva se aplana o la tendencia decrece porque se establecieron mayores controles. Es un tema a trabajar ese, y sobre la historia laboral decimos que hay que reconocer los derechos contributivos con base en el registro, y no podemos engañarnos reconociendo cosas de dudosa legalidad. Habrá que hacer un rediseño del pilar cero, dándoles características diferentes en los beneficios no contributivos a las vigentes hoy, cuidando no disminuir los niveles de cobertura. Hay que equilibrar cobertura, suficiencia y sostenibilidad del sistema. Pero no engañarnos, si no al que aporta lo estamos recargando, porque hay gente que aportó por 30 años por un sueldo mínimo y recibe la misma jubilación que alguien que logra probar con testigos y no aportó. Eso no es justo, esa falta de justicia me preocupa. Debe recibir una prestación [quien no cumple los requisitos], pero no de igual denominación, porque eso alienta la informalidad.

¿Cómo visualizan los niveles de subsidios que tiene el régimen general? En los estudios que llegaron a la CEES se observa el nivel de complemento para sueldos medios y altos.

Tiene que ver con cálculos que se hacen del equilibrio individual del sistema, pero eso no da la respuesta al problema. Entiendo que la seguridad social se debe financiar, como dice la Constitución, con el aporte patronal y del trabajador, y con Rentas Generales. Por lo tanto, cuando hablamos de subsidios y de cuánto se recibe en función del aporte me parece que podemos llegar a confundir. Prefiero apuntar más a que se controlen los requisitos para acceder a un derecho, más gestión a la interna del BPS. Para mí, la gestión en la parte administrativa puede echar por tierra la mejor propuesta de reforma de la seguridad social. Le pongo un punto a favor a lo que se menciona en el documento sobre gobernanza, regulación y supervisión del sistema, porque hay veces que las leyes marcan un camino, pero la administración en la gestión cotidiana lo lleva por otro lado. Ahí es que aparecen los desfasajes. La reforma hay que hacerla, pero si lo que queremos es sostenibilidad económica y solucionar eso los resultados son mínimo a diez años, y mientras tanto hay que rever muchas decisiones –que fueron tomadas en un momento en el que de pronto eran correctas– en la gestión y revisar que accedan a una jubilación quienes cumplen los requisitos.

Según una encuesta que encargó la CEES, 78% de la población rechaza subir la edad de retiro. ¿Cómo pesa eso para tomar una decisión?

Es un insumo, después veremos la decisión que se toma, y lo que marca es lo importante de cómo comunicar los cambios que se introduzcan. El tema de la edad de retiro es altamente sensible, pero es claro que en nuestro país tenemos requisitos por debajo de los que están planteados en todo el resto del mundo. Me preocupan más que los temas de demografía los cambios tecnológicos y en los empleos, que son más bruscos, porque lo demográfico tiene un ritmo que se puede ir acompasando y tomando decisiones. Es decir, no podemos hablar de un incremento de la edad de retiro sin tener en cuenta el mercado de trabajo, qué pasa con los jóvenes, si los mayores pueden readecuarse a la dinámica tecnológica o serán expulsados, y entonces la jubilación funcionará como red de contención para los que no pudieron adecuarse a los cambios. Si se sube la edad de retiro va a haber un incremento en la oferta de mano de obra, si no hay incremento de la demanda laboral vamos hacia un mayor desempleo, por eso no es una variable a trabajar de forma aislada.

¿Cómo evalúan el sistema de las AFAP y el diagnóstico que se realiza sobre la posición dominante de República AFAP?

Las cámaras empresariales lo que han hecho en su declaración es un apoyo al sistema mixto, sin entrar en consideraciones. A mí me choca cuando se habla del monopolio o la posición dominante de República AFAP, porque lo tendrías que asociar a que está teniendo una conducta abusiva hacia los afiliados, con una comisión alta, y sin embargo la ha bajado volcando parte de esos beneficios por la economía de escala [a los trabajadores]. Del diagnóstico se puede interpretar que la comisión que cobran las AFAP es alta, y lo son, sobre todo teniendo en cuenta que hay que proteger el aporte que el trabajador vuelca a la administradora de fondos, porque de eso va a depender lo que cobre en el futuro. Si hay una tendencia a vivir más, es necesario más dinero para distribuir en más años, y tengo que tratar de que cada peso que aporté se logre capitalizar, no que se vaya en otros gastos.

En un seminario que organizó la CEES quedaron reflejadas las desigualdades de género en el acceso a la jubilación. ¿Creés que se debe avanzar en compensaciones para las mujeres?

La solución de 2008 de computar un año por hijo nacido vivo hasta un máximo de cinco vendría a contemplar la menor densidad de cotización de las mujeres. Se redujo la brecha de género en las tasas de actividad, pero se mantiene en los niveles de ingreso porque aún no se ha superado la división desigual en la responsabilidad de cuidados. Al respecto está planteado trabajar con perspectiva de género y para ello contaremos con el valioso aporte de Inmujeres. En este tema hay que contemplar también los nuevos arreglos familiares, los sistemas de cuidados, la migración, porque todo impacta en el mercado de trabajo y al final todo tiene que ver con la seguridad social.

¿Cómo se evalúa la situación financiera de las tres cajas paraestatales y las proyecciones sobre la Caja Militar?

En las cajas paraestatales las proyecciones actuariales muestran una trayectoria creciente del déficit en el mediano plazo, lo que es preocupante. Desde las cámaras empresariales decimos que se debe propender a la equidad, ello supone procurar la convergencia de derechos y obligaciones con el régimen general. La situación de la Caja Militar también la observamos con preocupación, pues fue reformada en 2018 y era esperable contar con proyecciones actuariales más alentadoras.