Habla mucho de la realidad del mundo que una de las maneras más famosas de comparar la economía de los países sea usando el precio de una hamburguesa. El índice Big Mac recoge el valor en dólares del producto más conocido de una cadena omnipresente en nuestro planeta para reflejar el poder adquisitivo de una economía.

Antes de que lo pregunten: Uruguay tiene la Big Mac más cara de toda América Latina. Técnicamente habría que ajustar el resultado por el PIB de cada país, pero en dinero contante (y constante) estamos primeros.

El avance de las nuevas tecnologías ha creado otros potenciales índices, ya que hay aplicaciones de contenido a demanda disponibles en gran cantidad de países. ¿Será útil un índice Netflix, o el precio está estandarizado? Hay una sola forma de comprobarlo.

Un informe de Comparitech, por ejemplo, juega con un “cabeza a cabeza” entre Argentina y Turquía por ver quién tiene el Netflix más barato. Argentina está primero en el nivel básico, pero Turquía tiene un mejor valor en la suscripción para varios televisores.

Hay dos asuntos importantes para entender este análisis. El primero es que se utiliza el precio “base” de Netflix, sin tener en cuenta otros cargos, incluyendo el impuesto al valor agregado (IVA). Y el segundo es que toma en cuenta la cantidad de series y películas disponibles, porque un país podría tener un Netflix barato pero con un catálogo minúsculo, lo que lo alejaría de los países que se disputan la corona.

El costo por título promedio es de 0,00185 dólares, mientras que los argentinos pagan 0,00068 dólares por título disponible. Esta diferencia se da porque los argentinos pagan unos 3,28 dólares por mes (plan básico), mientras que en Europa el promedio es de alrededor de 10 dólares.

Pero (y este es un gran pero), los clientes de Netflix pagan en Argentina una tasa de IVA de 21%, un impuesto a las transacciones de 8% y un impuesto por la compra de dólares de 35%. Esto eleva el costo mensual de 279 a 458 pesos argentinos. Con la cotización oficial, esto equivale a cinco dólares redondos. La membresía más cara llega a los 12 dólares.

Por el contrario, el “índice Netflix” de Uruguay va desde nueve dólares en el plan básico hasta 16 en el más caro, “sin costos adicionales”. En Estados Unidos también comienza en nueve, pero llega hasta 18 dólares, al tiempo que Reino Unido tiene una tarifa de entre 14 y 19 dólares, aproximadamente.

En cuanto a Disney+, la plataforma digital estrenada hace pocos meses, es más fácil recabar la información de los países latinoamericanos porque estuvo contenida en su gacetilla de lanzamiento. El precio mensual en el vecino país, por ejemplo, es de 385 pesos argentinos (4,2 dólares). En Brasil, mientras tanto, es de 27,9 reales (unos 5 dólares). Hay varios países cuya mensualidad está expresada en la moneda estadounidense: Costa Rica, Ecuador y Panamá pagan seis dólares por mes. Uruguay también tiene cuota en el billete verde, pero el precio es de 7,5 dólares mensuales. Estos precios están fuera de promociones de lanzamiento, y en todos los casos el pago anual equivale al valor de diez meses.

El costo de Disney+ en Estados Unidos es de ocho dólares a partir de marzo de 2021, mientras que en Reino Unido pagan poco más de 12 dólares y en el resto de Europa alrededor de 10 dólares. Este servicio tiene un precio único, aunque se anunció que la plataforma Star+, que incluye contenido adulto, podrá adquirirse en América Latina en forma de paquete.

Para salir de lo audiovisual, comparemos precios de Spotify, la popular plataforma de música a demanda. Un informe de SavingSpot recogió los costos en los diferentes mercados. La información actualizada a 2020 señalaba que Estados Unidos paga 10 dólares por el servicio premium, países como Francia y España pagan 11, mientras que Reino Unido tiene una tarifa mensual que supera los 12 dólares.

En América Latina, Uruguay tiene el precio más caro de todos, ocho dólares, mientras que en México se pagan cuatro dólares, en Brasil tres y en Argentina dos dólares. El informe también calcula el costo de acuerdo al salario promedio y nuestros vecinos argentinos hacen el mejor negocio, ya que destinan 0,2% de los ingresos a Spotify. En Uruguay la cifra es de 0,68%, al tiempo que en Bolivia los seis dólares mensuales representan 2,73% del ingreso promedio.

La tributación en Uruguay y lo recaudado por DGI en 2020

A nivel global, el gran debate en términos impositivos de la nueva era digital es cómo gravar la actividad de las plataformas tecnológicas, que tienen la particularidad de brindar servicios a millones de personas alrededor del mundo sin presencia física. Ya no es como antes: ni Netflix ni Spotify ni ninguna compañía de este tipo necesita estar instalada en Uruguay, sino que atienden a este y otros tantos mercados desde su territorio de origen, que en algunos casos es seleccionado por sus condiciones fiscales benignas.

Se trata de negocios en auge, y en el entendido de que lo digital dominará este siglo ‒expandiéndose a todas las actividades‒, ningún Estado está dispuesto a ver pasar la porción de impuestos que le corresponde recaudar. Desde 2013 se discute a nivel de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ‒conocida como el “club de países ricos”‒ este asunto, y según el tributarista Fabián Birnbaum, no parece avizorarse un acuerdo.

“Hubo avances en el intercambio de información entre países, pero cuando llega el momento de recaudar no hay acuerdo. Cada uno intenta manotear lo que puede, algo similar a lo que pasa hoy con las vacunas. Para mí el problema no es técnico, sino político y económico, porque de llegarse a un acuerdo global para la tributación de los negocios digitales habrá países ganadores y perdedores, y cada uno opina en función del interés nacional”, señaló el especialista en diálogo con la diaria.

Desde la técnica tributaria, el debate se centra en qué criterio utilizar para gravar la actividad de las empresas como Netflix, Uber o Airbnb. En Uruguay y otro conjunto de países, históricamente predominó el criterio de la fuente, que aplica impuestos en donde se genera la ganancia, en contraposición a la renta mundial, que cobra en función del lugar de residencia del contribuyente.

Sin embargo, para lograr que las plataformas paguen impuestos se aplicó “un sistema híbrido”, comentó Birnbaum, porque “se considera gravable en Uruguay cuando el consumidor está en el país, cuando tiene un IP local”. Para entender la diferencia, con la lógica anterior “si se estaba en Uruguay generando el contenido se pagaba, y no importaba quién ni dónde lo mirara”.

Así fue que, apartado del debate internacional, Uruguay fue una de las naciones que tomaron la delantera y desde 2018 aplica un esquema de tributación para las plataformas que especialistas en impuestos definieron como novedoso. ¿Por qué? Es que aparte del cambio de criterio, adaptó varias condiciones a la realidad de los negocios digitales: las compañías pueden tributar en dólares, realizan pagos trimestrales, deben presentar declaración jurada sólo una vez al año, y no tienen obligación de designar a un representante legal en el país.

En declaraciones al diario El País a finales de 2018, el entonces subsecretario de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri, señalaba que las normas “estaban pensadas para contribuyentes que tenían presencia física en Uruguay”, por lo que se “alteró la lógica” de la tributación “para facilitar el cumplimiento voluntario” de las plataformas. En una primera etapa, las compañías digitales debieron registrarse ante la Dirección General Impositiva (DGI) y, según se estimó en ese momento, unas 20 son las que “mueven la aguja” en términos de recaudación.

La legislación distingue entre dos tipos de aplicaciones: las que realizan actividades como la producción, distribución e intermediación de transmisiones audiovisuales (Netflix o Spotify), que se consideran 100% de fuente uruguaya; y las que hacen intermediación por medios informáticos (Airbnb o Uber), que pueden tributar a 100% o a 50% si el oferente o demandante está en el exterior. En todos los casos el tributo que abonan es el Impuesto a la Renta de No Residentes (IRNR), que tiene una tasa de 12%, además del IVA a 22%.

¿Cuánto pagan de impuestos estas plataformas? El primer año completo de vigencia del esquema de tributación fue 2019, y El País estimó, con base en información que divulgó Gustavo Gómez ‒director ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom)‒, que las plataformas abonaron al menos 36 millones de dólares por IVA e IRNR, de los cuales 24 millones correspondieron a plataformas de contenidos audiovisuales.

En la respuesta a un pedido de acceso a la información pública que realizó la diaria, la DGI detalló los montos abonados por las plataformas en 2020, aunque no incluyó lo relativo a las aplicaciones de transporte ‒lo que dificulta la comparación‒. Las plataformas de alojamiento y de contenidos audiovisuales pagaron en total 24,1 millones de dólares ‒la cifra original fue informada en pesos: más de 1.000 millones‒, repartidos entre 8,4 millones de dólares de IRNR y 15,7 millones de dólares de IVA. Del total, hay 4,7 millones de dólares que fueron pagos por plataformas de alojamientos y 19,4 millones de dólares que corresponden a las audiovisuales.

Tomando sólo las dos categorías reportadas por DGI y dejando de lado a Uber, el monto abonado por impuestos disminuyó 6,6% de 2019 a 2020. A su vez, el fisco comunicó que hay 18 empresas de economía digital tributando, cifra que viene en ascenso, ya que eran 14 el año previo y siete en 2018.

¿Estos impuestos influyen en la tarifa? Como cualquier costo, es previsible que las compañías lo carguen al consumidor, pero Uruguay en su legislación contempló un aspecto que lo diferencia del resto y en cierta forma protege al consumidor. Al tener que inscribirse, son las plataformas las que pagan el impuesto de forma directa y no ocurre como en otros países ‒por ejemplo, Argentina‒ en donde las tarjetas de crédito operan como agentes de retención del impuesto, es decir que en definitiva es el cliente quien abona el tributo.