Existe cierta percepción generalizada de que los temas ambientales son analizados únicamente por aquellas personas que tienen formación en biología, climatología u otras ciencias naturales. Sin embargo, el ambiente atraviesa a todas las disciplinas y, por lo tanto, puede y debe ser estudiado desde varios puntos de vista. Este artículo se enfoca en nuestra experiencia personal como economistas y describe ejemplos de cómo pensar en el ambiente desde las ciencias económicas.

Ambas hemos recibido comentarios tales como “qué raro que un economista se preocupe por los temas ambientales, no deben ser muchos... ¿qué es lo que hacen?”. La realidad es que la economía puede contribuir de muchas maneras a solucionar los desafíos ambientales actuales y futuros; sobre todo, teniendo en cuenta que varios de los problemas surgen debido a que no existe un valor de mercado para distintos bienes y servicios que ofrece la naturaleza, o debido a que la evaluación económica tradicional se centra en los resultados económicos de corto plazo, lo que a su vez responde a que las personas valoran más el ingreso actual que el futuro.

La teoría económica tradicional asume que el bienestar depende de lo que las personas desean, lo cual revelan a través de transacciones de mercado, es decir, comprando y vendiendo bienes y servicios. Esto muestra nuestras preferencias y se asume implícitamente que los bienes no transados en el mercado contribuyen poco a nuestro bienestar. Pero si uno piensa en la contribución a nuestras vidas del aire que respiramos o del agua que bebemos, no se atrevería a decir que es nula, ¿verdad?

La economía neoclásica considera el crecimiento económico sostenido como el fin deseado y el mecanismo de mercado como el más eficiente en la asignación de recursos escasos, pero otras escuelas de pensamiento nos permiten pensar un poco más allá y preguntarnos ¿ese crecimiento económico deseado es sostenible?, ¿el libre mercado siempre asegura una asignación óptima de los recursos y justa entre los diferentes actores?

La economía ecológica plantea que la asignación eficiente es importante, pero no es un fin en sí mismo. De forma ilustrativa, la economía ecológica concibe la Tierra como un barco y la producción material de la economía como la carga que se distribuye encima del barco: si bien es importante que la mercadería se cargue de forma eficiente, es incluso más importante asegurarse de que no sea demasiada carga para que el barco siga flotando. La navegabilidad del barco va a depender de la salud ecológica, la abundancia de sus provisiones y su diseño. Además, la economía ecológica entiende que estamos navegando aguas desconocidas y que no se pueden predecir las condiciones meteorológicas para la navegación, por lo que no podemos saber con exactitud cuál es la carga segura. Pero una carga muy pesada lleva a que se hunda el barco, lo cual razonablemente, es un fin no deseado. (Daly y Farley, 2011).

Por su parte, la economía ambiental da mayor protagonismo a la eficiencia, pero reconoce que el bienestar de las personas también depende en gran medida de los servicios ecosistémicos y se ve afectado por la contaminación. Como en general no hay mercados para los servicios ecosistémicos o la contaminación, se pueden utilizar distintas técnicas de valoración para asignarles valores monetarios (además de diseñar incentivos o restricciones económicas). Y el lenguaje universal del dinero es mucho más común y entendible para los economistas y para los tomadores de decisiones. Así que sigamos conversando en estos términos, una vez aceptadas sus limitaciones...

Un ejemplo de cómo incorporar la dimensión ambiental en la teoría económica es el análisis costo-beneficio (ACB) desde la perspectiva social. El ACB permite evaluar la conveniencia de implementar un proyecto o política a partir de la cuantificación de los costos y beneficios asociados con su ejecución a lo largo de un período de tiempo, y la comparación de estos frente a un escenario de base (sin intervención). Esta evaluación se puede realizar desde la perspectiva privada o desde la perspectiva social. Por un lado, la evaluación privada permite analizar la viabilidad financiera de una intervención para un agente privado, es decir, contabiliza los costos e ingresos privados valuados a precios de mercado. Por otro lado, la evaluación social implica comparar el bienestar social resultante de la intervención con el escenario de base, considerando los costos y beneficios generados para la sociedad, incluso los efectos ambientales que no están reflejados en el mercado. Esto es lo que lo hace una herramienta atractiva para un/a economista interesado/a en temas ambientales.

El ACB desde la perspectiva social implica identificar los efectos ambientales derivados de una intervención, cuantificarlos a través de indicadores físicos y estimar su valor monetario para la sociedad utilizando técnicas de valoración económica. Por ejemplo, podemos evaluar si la adopción de una tecnología o práctica amigable con el ambiente en un sistema productivo genera mayor bienestar social, considerando los costos asociados con esa tecnología y los ingresos obtenidos, así como los efectos sobre el ambiente de este cambio tecnológico. Estos efectos podrían ser la reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero, la disminución en la exportación de nutrientes a los cursos de agua (que afectan su calidad) y de la erosión del suelo, y el efecto positivo sobre la biodiversidad de fauna y flora.

Sin embargo, suele suceder que la información disponible para cuantificar en términos físicos los efectos ambientales es incompleta y, además, la valoración monetaria puede presentar limitaciones para reflejar el verdadero valor de estos beneficios (o perjuicios) para la sociedad. Tomemos el ejemplo de la calidad de agua: una reducción en la exportación de nutrientes desde los predios agropecuarios a los cursos de agua puede ser valorada a través del ahorro en el costo de potabilización del agua asociado con la mejora en su calidad. Sin embargo, este método no considera otros beneficios como los efectos sobre la biodiversidad de especies acuáticas y el disfrute de los habitantes de la zona o visitantes al bañarse en el río.

Otro ejemplo del enfoque ambiental de la economía es el marco de contabilidad ambiental y económica. Esta permite integrar datos económicos y ambientales para medir la contribución del capital natural a la economía y el impacto de las actividades económicas en el ambiente. Está respaldada por un marco estadístico de referencia internacional, conocido como el Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica (SCAE), aprobado por las Naciones Unidas (seea.un.org). Este es consistente con el Sistema de Contabilidad Nacional, a través del cual se reportan estadísticas económicas típicas como el Producto Interno Bruto (PIB), indicador ampliamente utilizado para medir el progreso de un país. Por lo tanto, el SCAE permite agregar de manera coherente la información económica con información sobre el stock y variación de activos ambientales, las transacciones ambientales y los servicios ecosistémicos, entre otros. Con estos datos se podría estimar el PIB ajustado por desgaste del capital natural como una medida más adecuada del desempeño de un país. Además, contar con el SCAE tiene otras ventajas: permite evaluar la sostenibilidad de los sistemas productivos, construir indicadores de intensidad y eficiencia en el uso de recursos naturales, integrar información que se encuentra dispersa, aumentar la transparencia, y aportar datos para diversos análisis como el ACB.

Por otro lado, la evaluación ambiental estratégica (EAE) es una herramienta de apoyo a la formulación de políticas, planes y programas. Surgió como una necesidad de integrar las preocupaciones ambientales a las dimensiones económicas y sociales contempladas en la planificación del desarrollo sostenible. Se trata de un proceso que involucra a todos los actores relevantes en el tema que se esté considerando, de forma de que las decisiones se tomen en un ámbito democrático, buscando el mayor consenso posible. También permite superar algunas limitaciones de la tradicional evaluación de impacto ambiental, que se aplica únicamente al estudio de proyectos individuales y no contempla, por tanto, los efectos acumulativos y a gran escala de varios proyectos sobre el ambiente, como sí lo hace la EAE. En Uruguay, esta herramienta se ha aplicado, por ejemplo, en el análisis de instrumentos de ordenamiento territorial y de la política energética 2005-2030.

La utilización de modelos integrados es otra herramienta que puede resultar muy útil para integrar aspectos ambientales y económicos en una misma evaluación. Estos pueden consistir, por ejemplo, en los clásicos modelos económicos de equilibrio parcial o general, a los que se les incorpora datos ambientales vinculados con cada sector de actividad, para luego realizar análisis de ciclo de vida o de multiplicadores, entre otros. Un ejemplo de esto es la plataforma de modelación integrada conocida como IEEM (por sus siglas en inglés) y desarrollada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Otro tipo de modelo a utilizar son los espaciales, apoyados en los Sistemas de Información Geográfica (SIG), que permiten incorporar información georreferenciada tanto económica como ambiental para analizar las diferencias a nivel nacional o regional. Además, generan información relevante para la toma de decisiones, ya que permiten establecer políticas diferenciadas según la realidad de cada zona. Algunos ejemplos son el modelo SWAT, que simula el movimiento de agua, sedimentos, nutrientes y otras sustancias químicas en una cuenca, y el modelo Invest, que modela distintos servicios ecosistémicos en términos físicos y, en algunos casos, económicos.

Además, el diseño de instrumentos económicos para la gestión y política ambiental es otra área en la que podemos contribuir los/as economistas “verdes”. A diferencia de los instrumentos de “comando y control” que establecen estándares o límites que deben ser cumplidos por los agentes (como las regulaciones de calidad), los instrumentos económicos se basan en la utilización de incentivos económicos o de mercado para generar los comportamientos deseados (Cepal, 2015). Una categoría de instrumentos económicos son los impuestos verdes (por ejemplo, a combustibles fósiles) y los cargos y tarifas ambientales (por ejemplo, tasa de saneamiento, tarifa de recolección de residuos, cargo de entrada a áreas protegidas). Otros tipos de instrumentos económicos son los subsidios con fines de protección ambiental (fondos o donaciones, créditos blandos, garantías de préstamos y reducciones impositivas), los sistemas de depósito-reembolso, los sistemas de permisos transables y los enfoques voluntarios (Cepal, 2015). Vinculado con lo anterior surge el concepto de finanzas verdes, que refiere al uso de productos y servicios financieros tales como préstamos, seguros, acciones y bonos, en proyectos con beneficios ambientales. A modo de ejemplo, en Uruguay se realizó un estudio sobre instrumentos fiscales para el control y la reducción de la contaminación en cursos de agua (CEF, 2015) y el proyecto Biovalor hizo un relevamiento sobre los mecanismos financieros vigentes para promocionar actividades amigables con el ambiente (biovalor.gub.uy/materiales). Asimismo, Biovalor también impulsó cambios normativos para promover la economía circular, como el registro de insumos orgánicos y la exoneración de IVA a maquinarias e instalaciones para gestionar emisiones (biovalor.gub.uy/normativa-ambiental).

Es importante señalar que las herramientas o áreas de trabajo comentadas anteriormente no son desarrolladas únicamente por economistas, sino que muchas veces se trabajan en conjunto con otras disciplinas. Es más, entendemos que es necesario trabajar en equipos multidisciplinarios e interinstitucionales para evaluar los desafíos de sostenibilidad y proponer soluciones integrales. Esto da lugar a un “enfoque sistémico” (Gigch, 1987) que implica pasar del estudio aislado de cada parte que compone al sistema (que da lugar a las distintas ciencias) a un análisis más holístico, buscando integrar las partes de un sistema y entender mejor cómo estas interactúan.

En resumen, el lente de las ciencias económicas a través del uso de estas herramientas aporta insumos muy importantes para el diseño de políticas públicas que fomenten el desarrollo sostenible. Estos métodos permiten incorporar y visibilizar aspectos que generalmente son dejados de lado y que, por lo tanto, no se tienen en cuenta en la toma de decisiones. Estos aspectos son, por ejemplo, el agotamiento del stock de recursos naturales o la desmejora en su calidad, la provisión de servicios ecosistémicos de regulación, provisión, soporte y culturales (recreación, turismo). Contemplar estos temas evitaría una degradación adicional del ambiente que podría tener consecuencias muy negativas para los humanos y podría ahorrar muchos costos futuros asociados con la sustitución artificial de los servicios proporcionados por la naturaleza, si es que es posible sustituirlos de alguna manera. Por lo tanto, es fundamental incorporar cada vez más aspectos de sostenibilidad ambiental a los análisis de sostenibilidad económica y social.

Grupo Interinstitucional de Trabajo en Economía Verde e Inclusiva. Las autoras agradecen a Federico Araya, Raquel Piaggio, Guillermo Sena y a Virginia Chiesa por su colaboración.

Referencias:

CEF (2015). “Instrumentos fiscales para el control y la reducción de la contaminación en cursos de agua. Estudio aplicado a la Cuenca del Río Santa Lucía”.

Cepal (2015). “Guía metodológica: Instrumentos económicos para la gestión ambiental”. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Santiago de Chile.

Daly, H E, y Farley, J (2011). Ecological Economics: Principles and Applications. Segunda edición.

Gigch, J. P. V. (1987). Teoría general de sistemas. Editorial Trillas. México.