Estado, individuos y renta básica universal en el mundo pospandemia

La renta básica universal, UBI por sus siglas en inglés, ha estado en boca de todos, como también lo ha estado la descentralización. Sin embargo, no han sido abundantes los análisis de los efectos de segundo orden que podrían tener estos elementos sobre otras áreas. Por eso, en lo que sigue vamos a empezar a aventurar las posibles derivaciones e impactos que podría tener la renta básica universal, si se aplicara de manera descentralizada, sobre el poder del Estado y el vínculo que como sociedad tenemos con él –tema que retomaremos en próximas ediciones–.

En su libro Fundamentos sociales de las economías postindustriales, el sociólogo danés Gøsta Esping-Andersen presenta una tipología comparativa de los diferentes regímenes de bienestar identificando tres tipos ideales, cada uno con características distintivas que lo definen: el régimen de bienestar liberal, el socialdemócrata y el conservador. Es sobre ellos que intentaré enmarcar el debate sobre la renta básica universal tomando como referencia el libro Give People Money, de la periodista estadounidense Annie Lowrey.

Es importante aclarar que estos regímenes se utilizan, básicamente, para analizar los mecanismos principales de generación y distribución del bienestar, en los cuales el Estado juega un rol importante, pero sin ser necesariamente el objeto de estudio.

Los regímenes de bienestar liberales se basan en la minimización del Estado, la individualización de los riesgos (elocuentemente desarrollada en La sociedad del riesgo, de Ulrich Beck) y la confianza en el mercado como agente proveedor de bienestar hacia los individuos. Este es el modelo típico de los países anglosajones, donde los movimientos socialistas y democratacristianos eran débiles o directamente estaban ausentes. El ejemplo paradigmático es Estados Unidos, liberal desde su nacimiento como nación independiente. Y es desde ahí que Lowrey analiza las implicancias filosóficas y revisa la evidencia empírica detrás de la renta básica universal.

La periodista parafrasea al ensayista William Deresiewicz cuando señala que cada civilización tiene su virtud: “Para los griegos, era el coraje. Para los romanos, el deber. Para nosotros, es la laboriosidad” (Lowrey, 2018, p. 58). Con ese “nosotros” Lowrey se refiere a la clase trabajadora americana, que, incluso en medio de una de las recesiones más grandes de su historia, seguía considerando que el “trabajo duro” y la “ambición” eran los factores más importantes en la determinación del éxito o el fracaso de una persona.¹ Bajo este marco, resulta difícil imaginar que una medida como la renta básica universal, que representa una transferencia monetaria directa e incondicional a los ciudadanos de un país por el mero hecho de serlo, resulte popular o incluso permisible dentro de la discusión política.

En efecto, es más fácil visualizar esta medida en un régimen de bienestar socialdemócrata. Si bien hoy es prácticamente lo mismo decir “en los países nórdicos”, los inicios de la política social nórdica fueron bastante liberales, con una gran influencia inglesa. Sin embargo, a mediados del siglo XX sufrieron una importante transformación hacia un modelo de reconocimiento y ampliación de derechos.

Un concepto clave en este tipo de regímenes es el universalismo, que supone una cobertura global de riesgos no condicional a la capacidad de generarla individualmente vía mercado –liberal– ni a la capacidad de generarla por pertenencia a grupos sociales o profesionales –conservador–.

Es precisamente en los países con regímenes de bienestar socialdemócratas donde ha existido más debate político y ciudadano respecto del tema, aunque en los últimos años parece haberse extendido por fuera de los confines nórdicos hacia otras regiones con regímenes de bienestar diferentes, principalmente liberales o conservadores, donde la mera idea de las transferencias monetarias es altamente polémica; ni hablar de transferencias incondicionales. Sin embargo, y con las cartas en contra, la renta básica universal ha entrado en agenda.

Por ejemplo, el candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos Andrew Yang colocó esta medida (renta básica universal de 1.000 dólares mensuales) como pieza clave de su plan de gobierno. No sólo eso, pues varias pruebas piloto se llevaron a cabo en una docena de países en los últimos años. Pese a ello, e incluso ante la aceleración de las transformaciones tecnológicas que indujo la pandemia y sus impactos, todavía estamos lejos de que una política como esta se transforme en realidad. Pero cuidado, hace cinco años parecía imposible ver esta idea dentro del mainstream político. De hecho, este es un tema que de forma pendular ha aparecido y desaparecido de la discusión pública durante varios siglos.

En efecto, no se trata de un concepto nuevo, sino que sus antecedentes nos remontan al intelectual americano Thomas Paine, que en su texto de 1795 “Justicia agraria” propuso que se le debería pagar una “renta de la tierra” de 15 libras a cada uno de los ciudadanos una vez cumplan la mayoría de edad y luego diez libras anuales tras haber cumplido 50 años. Además, argumentaba que “todas las personas, ricas o pobres”, deberían percibir este ingreso para evitar “distinciones envidiosas”.

Desde ahí la iniciativa fue propuesta varias veces, en múltiples formas, y por autores de diversas corrientes ideológicas –incluyendo algunos que, como Friedrich Hayek, fueron grandes opositores al intervencionismo del Estado–. Sin embargo, son varios los motivos que le han dado renovado impulso al debate en nuestros días: la transformación tecnológica producto de la cuarta revolución industrial, el legado de la pandemia y también el reconocimiento, cada vez más amplio –particularmente dentro de las nuevas generaciones–, de que el régimen de bienestar liberal o conservador no resulta suficiente para atender las nuevas demandas redistributivas y de aseguramiento social que se fueron gestando ante la confluencia de estas múltiples tendencias transformadoras.

Como señaló Gabriel Burdín, hay que “pensar cómo se puede estructurar y dar respuesta a esas demandas para aumentar el bienestar y promover sociedades más igualitarias es un desafío político, intelectual y técnico significativo”. Una política de esta naturaleza podría ser, ¿por qué no?, una pieza más dentro de ese gran puzle.

Sin dudas, las externalidades y los efectos que puede tener la aplicación de una renta básica universal son extensos y complejos. Por eso, en la próxima columna intentaremos abordar los potenciales efectos que puede tener sobre el poder del Estado, trayendo al sociólogo Michael Mann al debate para ver cómo dialogaría esta política de renovado empuje con otras tendencias que han despertado el interés por su potencial. Concretamente, cómo una renta básica universal podría aplicarse a través de blockchain y sistemas descentralizados con control ciudadano y por qué, quizá, y sólo quizá, todo esto tenga el potencial de alterar nuestra relación con el trabajo, el Estado y nuestros propios proyectos de vida.

Bibliografía consultada

Esping-Andersen, G. (2000). Fundamentos sociales de las economías postindustriales. Ariel.

Lowrey, A. (2018). Give People Money: how a universal basic income would end poverty, revolutionize work, and remake the world. Penguin Random House.

Mann, M. (2007). El poder autónomo del estado: sus orígenes, mecanismos y resultados.