Una delegación de la Cámara de Industrias realizó distintas denuncias sobre las condiciones “abusivas” que imponen los supermercados a los proveedores y pidió cambios en la legislación

En el mundo empresarial de alto nivel aplica la ley de la selva, donde el más grande se come al más chico, y los tiempos modernos son una muestra de los procesos de expansión de megacompañías a nivel global. Para que estos grupos económicos pisen fuerte tiene que haber un desplazado, y la tendencia a la extranjerización lleva a posicionar muchas veces a las industrias locales como las perdedoras en este juego.

Si bien hablamos de un fenómeno global, la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) y parte del sistema político encendieron las alarmas respecto de los acontecimientos de los últimos años en el supermercadismo. En la edición pasada se publicó una radiografía del sector a partir de una investigación del grupo Capital & Trabajo, en la que los autores marcaban que en las últimas tres décadas en América Latina hubo “un proceso de transnacionalización, concentración y centralización del capital”, con “multinacionales europeas y estadounidenses” que desembarcaron en el negocio del retail.

Esta dinámica, analizan, “muestra un patrón donde ‘el pez más grande se come al más chico’, mediante adquisiciones, fusiones y desplazamiento de los almacenes de menor porte por la vía de la competencia”. Como suele ocurrir, todo llega tarde a Uruguay, pero hay señales de que esos procesos ya se activaron y que la ley de la selva está haciendo de las suyas.

Una particularidad que aún distingue al país del resto del continente es el hecho de que un tercio de las compras de la población se realizan en ferias y comercios barriales, y otra parte igual en autoservicios y almacenes. Esto significa que para los supermercados queda el tercio restante –aunque ya se han expandido más allá–, y su poder de incidencia sobre los precios está atenuado por esta división del mercado. De todas formas, dentro de ese tercio hay tres cadenas que acaparan 90% de las ventas, y en las últimas décadas pasaron de manos de sus propietarios uruguayos a grupos económicos transnacionales.

Ruben Donnágelo, directivo de la CIU que acudió a la Comisión de Industria del Senado días atrás, explicó: “Nosotros estábamos acostumbrados a negociar con la familia Devoto, con Henderson [expropietario de Tienda Inglesa], pero todo eso fue cambiando. Hoy esa titularidad está en manos de fondos de inversión internacionales, que tienen unos parámetros y unas exigencias desde el punto de vista económico que los obligan a negociar en condiciones que nosotros entendemos que son ilegales”. Esa fue la línea argumentativa de la delegación gremial, que detalló diversos problemas y preocupaciones por la relación desbalanceada de poder entre los supermercados y los proveedores locales.

¿Qué cosas ocurren? Ir a cobrar una factura y encontrarse “con una nota de crédito [que vale como un descuento al monto original] sin ningún tipo de explicación” del supermercado, o “cambios unilaterales en la forma de pago totalmente abusivos”, como diferir el pago a 90 días. “El que no está de acuerdo no le vende más a esa cadena. Eso hoy hace que un determinado producto casi desaparezca del mercado”, dijo Leonardo García, directivo de la CIU. Además, subrayó que “la gravedad de estas políticas va en aumento”.

“Simplemente dicen [los supermercados] que cambiaron las políticas de la cadena o que la empresa a fin de año no había llegado a la rentabilidad esperada, por lo cual les tenían que hacer una nota de crédito a sus proveedores. Estas son políticas que no son habituales en las relaciones comerciales sanas. Empezamos a encontrar muchos hechos de ese tipo”, repasó. A su vez, el directivo de la CIU consideró que se trata de un proceso “contagioso”, porque “cuando una cadena se enteraba de que otra de la competencia había aplicado determinada política, subía la apuesta y no sólo la adoptaba, sino que trataba de sacar mayor provecho”.

Lo que observan los industriales es que estas condiciones, a su entender abusivas en la relación comercial, pueden verse como “una oportunidad” para proveedores que son multinacionales y eventualmente pueden asumir esos costos, por su “mayor fuerza y espalda financiera”. Sin embargo, para “un productor nacional puede ser la puerta de salida”. La situación llegó a un punto, dijo García, en que si no se impulsa “alguna ley que regule este tipo de relaciones” comerciales, será “cada vez más difícil para el proveedor nacional estar en todas las góndolas de los supermercados del país”.

Tiempo atrás y con motivo de la expansión de Tienda Inglesa –dominada por el grupo inversor estadounidense Goldman Sachs, que realizó contratos de adquisición con al menos 40 autoservicios y supermercados de menor porte en Montevideo y el interior–, que estuvo en tratativas para comprar Grupo Disco Uruguay, la Cámara de la Industria Alimenticia (Ciali) ya había realizado advertencias. Por ejemplo, que en los nuevos comercios que gestiona la firma imponía a los proveedores las mismas condiciones de venta que aplicaba para sus locales principales.

Fernando Pache, presidente de la Ciali, había señalado en esa ocasión al diario El País que “esta concentración de poder de compra de Tienda Inglesa” hará que “la población pague enormes sobreprecios”. En esa línea, Washington Corallo, expresidente de la CIU y parte de la delegación que acudió al Parlamento, expresó que es posible que “algún puntito en la inflación del país sea ocasionado por esta distorsión que se da” en la relación de fuerzas entre supermercados y proveedores locales. Sostuvo que hay casos en que “los productores venden a 70 pesos un producto y en la góndola se ve a 210 pesos; el markup es muy alto”.

El abogado de la CIU, Federico Florín, sugirió modificaciones normativas “en tres sectores” para enfrentar esa situación. Por un lado, fortalecer el rol de control de las intendencias, que surge de la ley de grandes superficies, otorgando la “facultad de clausura en el ámbito departamental” –hoy lo tiene sólo a nivel nacional la Dirección General de Comercio– ante una eventual afectación del mercado por parte de los peces gordos.

Además, buscan “incidir” en los contratos de compraventa entre las partes, para “evitar posibles abusos de actores que tengan gran poder de mercado”. La propuesta es “establecer un plazo de pago que sea impuesto a las partes, que no sea librado al poder de negociación”, y vencido ese período “automáticamente tienen que aplicarse intereses y además multas”.

Por último, piden ampliar las prácticas prohibidas según la ley de defensa de la competencia, incorporando “ejemplos concretos” de conductas identificadas por la CIU que “comparten la tendencia a limitar la oferta, lo que tiene un efecto adverso para la producción y para los propios consumidores y que puede generar, a largo plazo, una posible suba de precios”.

Estos planteos, y el reclamo de la CIU sobre el que mostraron receptividad los senadores, se suman a un proyecto de ley del Frente Amplio que viene trabajando la misma comisión legislativa desde el año pasado. Entre otras medidas, el texto plantea limitar en 20 los establecimientos comerciales de una misma persona física, jurídica o grupo societario en un departamento y en 50 a nivel nacional, además de prohibir la aplicación de condiciones desiguales a proveedores equivalentes.

Desde el supermercadismo, una fuente dijo tiempo atrás, cuando se discutía la correlación de fuerzas a raíz de la expansión de Tienda Inglesa, que por las características del mercado uruguayo en realidad son los proveedores los peces gordos –no la industria local, pero sí los grupos multinacionales–. Mencionó una investigación de 2014 del semanario Brecha que reveló sobreprecios abusivos en productos de limpieza e higiene personal –de hasta 1.000% en algún caso– al comparar el valor pagado en Aduana por el importador con el precio al público.

Más recientemente, hubo un choque entre dos peces gordos que se ubican en distintos lados del mostrador: Fábricas Nacionales de Cerveza, multinacional que tiene las principales marcas de cerveza y la línea de refrescos Pepsi, no acordó las condiciones de venta con los supermercados Ta-Ta, que desde mediados de 2020 no vende sus productos. Más allá de las implicancias puntuales, este episodio sirve para entender que los tiempos han cambiado y que estos grupos económicos disputan un partido relevante que los consumidores miramos desde afuera.