Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), son cerca de 71 millones las personas que han caído en situación de pobreza durante los últimos tres meses, producto del aumento de los precios de los alimentos y de la energía que le siguió a la irrupción de la guerra entre Rusia y Ucrania.1 En ese sentido, el impacto de esta última crisis, que vino a montarse sobre otra crisis no resuelta, está erosionando el bienestar de la gran mayoría de la población mundial de forma mucho más acelerada que en el caso de la covid-19.
A su vez, la reacción de los principales bancos centrales ante la disparada de la inflación podría agudizar aún más estos problemas, dado el riesgo recesivo que está potencialmente asociado al aumento de las tasas de interés en curso ‒y que comienza a manifestarse en varios indicadores‒. Pero no sólo eso. Como advirtió recientemente la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, las restricciones a las exportaciones de alimentos desplegadas por los países para hacer frente a esta situación no sólo son ineficaces para estabilizar los precios internos, sino que además son perjudiciales y arriesgan un deterioro mucho más rápido de las condiciones de vida.2
Como se aprecia en el gráfico, el número de países que han introducido restricciones a sus ventas de alimentos al resto del mundo ya supera el nivel observado durante los peores momentos de la pandemia, aunque todavía es menor respecto a lo sucedido durante la segunda mitad del 2008. Sin embargo, las perspectivas para los próximos meses no son buenas, lo que podría revertir lo anterior y complejizar aún más el panorama de la población mundial más vulnerable.
Muestra de ello ha sido la imposibilidad de lograr un comunicado conjunto tras concluir la reunión de los ministros de finanzas y gobernadores de los Bancos Centrales de los países del G20, que tuvo lugar en Indonesia y estuvo marcada por los desacuerdos en torno a la guerra.