Con el objetivo de potenciar la inversión privada para tratar de contrarrestar los efectos de la pandemia de covid-19, el gobierno aprobó en 2020 el Decreto 268/020, que reglamentó nueve artículos de la Ley de Inversiones y Promoción Industrial (16.906). Cambiaron los beneficiarios de la normativa, las inversiones computables y los criterios para otorgar los beneficios, entre otras disposiciones.
Según explicó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en la rendición de cuentas 2021 aprobada en octubre del año pasado, este cambio normativo determinó “un incremento importante del número de proyectos presentados ante la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap)”.
Durante 2021 y hasta mayo de 2022, amparados en el Decreto 268/020, se presentaron más de 2.400 proyectos de inversión por un total de 2.185 millones de dólares, asociados a 8.700 empleos comprometidos, detalló la cartera en su informe.
Esto no significa que estos proyectos hayan sido efectivamente ejecutados, aunque según sostiene el informe citado, el grado de ejecución –en el año 2020, que es cuando se brindan datos sobre este concepto– fue alto. Si se comparan las inversiones comprometidas en 2020 (según lo declarado por las empresas en sus cronogramas de inversiones) con las efectivamente ejecutadas en dicho año (según lo informado por las propias empresas en la instancia de presentación de información al sector de Control y Seguimiento de la Comap), la cartera concluye en base a una muestra que “el grado de ejecución de las inversiones comprometidas en dicho año alcanza un 81%”.
Pero, ¿cuánto invirtió el Estado en este mecanismo de promoción de inversiones? Según consta en otro informe contenido en la rendición de cuentas, en este caso relativo al gasto tributario del Estado por distintos conceptos, el gasto realizado con base en las exoneraciones previstas en la Ley 16.906 creció entre 2019 y 2021. Lo hizo más modestamente en el caso del IVA y el Impuesto al Patrimonio, y significativamente en el caso del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE).
En el caso del IVA, el gasto tributario pasó de 47,4 a 49,3 millones de dólares. Las exoneraciones por promoción de inversiones del Impuesto al Patrimonio pasaron de 16,1 a 17,5 millones de dólares. En tanto, el gasto tributario por concepto de IRAE en este rubro creció de 146,4 a 263,6 millones de dólares en dos años (se toma la cotización del dólar al cierre de cada año).
En estos dos últimos años se brindaron incrementos transitorios en los beneficios tributarios que podrían explicar este aumento del gasto, sumado al incremento de los proyectos presentados. Según explica el informe del MEF contenido en la rendición de cuentas, se aprobó un incremento de 20% en el porcentaje de exoneración de IRAE para los proyectos presentados entre abril de 2020 y marzo de 2021 sobre las inversiones ejecutadas hasta el 31 de diciembre de 2021, siempre que estas representasen al menos el 75% de la inversión total comprometida del proyecto. Adicionalmente, se realizó el cómputo por 150% del monto invertido sobre las inversiones ejecutadas en el mismo período a efectos de determinar el monto exonerado del IRAE.
Por otra parte, el mencionado decreto reglamentario de 2020 dispuso incentivos fiscales a la actividad realizada por las empresas titulares de concesiones públicas destinadas a la construcción, remodelación, ampliación, mantenimiento y explotación de aeropuertos nacionales e internacionales, así como a la actividad de construcción, refacción, remodelación o mejoras en escenarios deportivos habilitados para la realización de eventos deportivos de características internacionales.
Al mismo tiempo, se estableció un nuevo régimen de promoción de inversiones para las actividades de construcción de gran dimensión económica que amplió tanto los proyectos abarcados como los beneficios fiscales brindados.
Tipo de actividades promovidas
La Ley de Inversiones establece una variedad de actividades económicas a ser promovidas, entre ellas, adquisición de bienes muebles destinados directamente al ciclo productivo, adquisición de equipos para el procesamiento electrónico de datos, realización de mejoras destinadas a actividades industriales y agropecuarias, adquisición de bienes inmateriales tales como marcas y patentes, implementación de innovaciones tecnológicas e inversiones en pasturas y demás herramientas que promuevan la actividad biológica de los suelos. La norma ha tenido sucesivas reglamentaciones en las que se han modificado e introducido nuevos criterios para la promoción. Una vez definidos los criterios, si un proyecto presentado cumple con los requisitos exigidos para ser promovido, no hay discrecionalidad: la Comap lo envía al Poder Ejecutivo con recomendación de aprobación, y este lo aprueba.
Si se analiza el informe elaborado recientemente por la Comap sobre los proyectos enviados con recomendación de aprobación entre enero y diciembre de 2022, se constata que el mayor número de iniciativas presentadas está vinculado al comercio y los servicios. Ambos tipos de actividad representan cada uno de ellos 34% de los proyectos promovidos. Más abajo figuran la industria y el agro, con 14% cada uno, y finalmente turismo, con 4%.
En 2022 se registró la mayor cantidad de proyectos promovidos de los últimos diez años (708 iniciativas) y la inversión total proyectada es de 1.194 millones de dólares, más del doble que el monto de 2021. Sin embargo, en comparación con 2019, el total de inversión proyectada está 20% por debajo de ese año, lo que implica que los proyectos presentados en 2022 fueron más que en 2019 pero por montos menores.