El 3 de setiembre de 1995 se promulgó la Ley de la Seguridad Social que creó el régimen mixto e instauró las AFAP, y que entraría en vigencia al año siguiente. Corrían los primeros meses del segundo gobierno de Julio María Sanguinetti, un momento de la administración ideal para ejecutar cambios impopulares por la lejanía con el ciclo electoral. Esa es la primera diferencia con el actual proyecto de reforma de la seguridad social a estudio del Parlamento, que se está discutiendo a poco más de un año y medio de las próximas elecciones. El costo político de esta situación no pasa desapercibido para los socios de la coalición de gobierno, y así lo ha explicitado Cabildo Abierto: “Nosotros votamos esto y le estamos dando un cachón enorme al Frente Amplio [FA]. Por más que, si el FA gana, después no toque la reforma, esto es entregarle las elecciones”, declaró el 6 de febrero a la diaria el diputado de ese partido Álvaro Perrone.

La segunda diferencia entre ambas reformas radica en su proceso de redacción. La de 1996 fue elaborada exclusivamente por el Poder Ejecutivo y sus asesores, y fue aprobada rápidamente en el Parlamento. En los primeros días de junio de 1995, el Consejo de Ministros aprobó el texto. Posteriormente mantuvo una serie de reuniones con representantes sociales y envió la iniciativa a consideración del Legislativo, que le dio sanción definitiva tres meses después. En ese momento, la Cámara de Industrias del Uruguay y el PIT-CNT coincidían en la necesidad de una reforma, pero discrepaban con varios puntos de la propuesta por el Ejecutivo, e incluso llegaron a redactar un comunicado conjunto rechazando el proyecto.

En cambio, el actual proceso de reforma se extiende desde julio de 2020, cuando la ley de urgente consideración creó la Comisión de Expertos en Seguridad Social en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), con el objetivo de que esta realizara un diagnóstico del sistema previsional y le presentara al Poder Ejecutivo recomendaciones para su reforma. La comisión se instaló en noviembre de 2020 y contó con la participación de representantes del Ejecutivo, de los partidos políticos del oficialismo y de la oposición, y de representantes de trabajadores activos y pasivos, así como de las cámaras empresariales. No obstante, las recomendaciones elevadas al Ejecutivo fueron aprobadas sólo con el apoyo del oficialismo. Tras dos años de trabajo de la comisión, finalmente en noviembre de 2022 se presentó el proyecto de ley de reforma al Parlamento, y fue aprobado rápidamente por la Cámara de Senadores, el 28 de diciembre del año pasado. Actualmente, la iniciativa está a estudio de una comisión especial de la Cámara de Diputados.

Los mismos argumentos

Casi 30 años después de la reforma que instauró las AFAP, el problema central parece ser el mismo: el financiamiento del sistema. En 1995, desde el oficialismo se prometía que el régimen mixto y otra serie de cambios dispuestos en la reforma permitirían solucionar los problemas de financiamiento y mejorar las jubilaciones, especialmente las más bajas. El director de la OPP en aquel entonces, Ariel Davrieux, aseguró tras la presentación del proyecto que la reforma crearía “un sistema más solidario que el actual, con redistribución de ingresos a favor de quienes ganan menos y asegurando a quienes ganan más que con sus cuentas de ahorro individual tengan derecho a una pasividad más digna y adecuada a los aportes que realizan”. Lamentó que en aquel entonces se pagaran jubilaciones muy bajas y enfatizó que el Banco de Previsión Social (BPS) “ha quebrado hace ya muchos años”.

En tanto, el presidente Sanguinetti sostenía que la reforma tendería “a resolver el profundo desfase en la relación activo/pasivo y llegará gradualmente a financiar el sistema y evitar el enorme peso que tiene hoy sobre el presupuesto del Estado y sobre la competitividad de las empresas nacionales”. El proyecto “instaura por primera vez entre nosotros las cuentas personales, con capitalización individual, para beneficio del propio trabajador y también como poderosa herramienta para la financiación de grandes proyectos nacionales”, destacaba el mandatario.

En la misma línea, el mensaje del Ejecutivo que acompañó el proyecto de ley establecía: “Ningún derecho se modifica, de modo que si hay alguien interesado en que se apruebe un nuevo sistema es el jubilado actual, pues al tiempo de conservar todos sus derechos, gana en seguridad ya que en el futuro tendremos un sistema mejor financiado a través de un Banco de Previsión Social más fuerte y consolidado”. Argumentaba que el sistema jubilatorio de aquel entonces era “profundamente injusto si sólo se basa en años de servicio y no en años de aporte”. “Los trabajadores que aportan de modo regular subsidian a los que no han aportado o suelen aportar de forma irregular. Ello impone una carga adicional sobre el sistema previsional y provoca desequilibrios que ponen en peligro la solidez financiera del propio sistema”, alertaba el mensaje. En cambio, el sistema propuesto “está destinado a asegurarles a los trabajadores “un retiro más digno” y darles “una real participación en el progreso del país”, prometía.

20 años después, se constató que el nuevo sistema perjudicó a determinados grupos poblacionales, como los llamados “cincuentones”. Cerca de 30.000 personas que tenían esta edad en 2016 iban a cobrar 30% menos de jubilación por el nuevo régimen, lo que obligó al gobierno de la época –del Frente Amplio– a buscar iniciativas legislativas para solucionar esta situación.

En el debate en el Senado en 1995, el entonces legislador colorado Luis Brezzo dijo que gracias a la reforma el sistema no colapsaría, mientras que el nacionalista Ignacio de Posadas sostuvo que de la aprobación del proyecto dependía que los jubilados siguieran cobrando.

Tres décadas después, el financiamiento del sistema vuelve a estar en el centro de la discusión, y la principal medida propuesta es la suba de la edad jubilatoria de 60 a 65 años. Las promesas oficialistas también suenan conocidas. “Los cambios al régimen de seguridad social impulsados por el gobierno promueven un sistema más equitativo, justo y sostenible, sin ninguna caída en las jubilaciones y con mayor aporte para las de menos ingresos”, prometió la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, el 8 de febrero cuando asistió a la comisión parlamentaria especial que estudia la reforma en la Cámara de Diputados.

“Coro de opositores” que “siembra desconfianza”

Hay otro punto que tienen en común los procesos de discusión de 1995 y de 2022-2023: la acusación a la oposición de no presentar propuestas ni alternativas. En diciembre de 2022, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, cuestionaba al Frente Amplio por su posición con relación a la reforma: “El Frente Amplio sigue sin explicarle a la gente qué harían ellos si estuvieran en el gobierno, siguen simplemente manejando las críticas a este proyecto”. “Saben que este proyecto, si les tocara gobernar en el futuro, en la próxima o en la otra, no lo van a tocar. Porque saben que es el camino necesario. Tanto lo saben que no presentan una propuesta alternativa”, criticó el ministro.

Acusaciones similares se formulaban en 1995 a la oposición, también representada por el Frente Amplio. El senador Luis Brezzo se quejaba en agosto de ese año: “Lo único que recibimos de la oposición ante el proyecto propuesto fue el silencio”. Por su parte, Sanguinetti, en una carta publicada en Búsqueda, escribió contra “el coro de opositores al proyecto”, que “siembra desconfianza y acumula falsedades”.

El entonces líder del Encuentro Progresista-Frente Amplio, Tabaré Vázquez, le respondió mediante otra carta, publicada en este caso en el diario La República, acusando al gobierno de pretender “terminar con este sistema de seguridad social solidario y estatal”. “La capitalización individual atenta contra las bases solidarias del sistema uruguayo que usted dice defender. La financiación de grandes proyectos nacionales con fondos de esta capitalización resta al sistema recursos que prioritariamente deberían ser destinados al mismo”, cuestionaba Vázquez.

En medio de las discusiones, quien fuera a la postre ministro de Economía y Finanzas y en ese momento se desempeñaba como senador frenteamplista, Danilo Astori, convocaba a “trabajar con mucha fuerza para lograr que el Frente Amplio proponga una alternativa a través de correctivos al proyecto del gobierno”. “No podemos decir sólo que ‘no’ y quedarnos cruzados de brazos”, argumentaba. “La inmensa mayoría de los uruguayos no desea que le cambien el sistema, por eso no nos gusta el proyecto”, pero “la seguridad social tiene problemas que de cualquier manera hay que corregir, porque el sistema así no puede durar”, insistía. Finalmente, el Frente Amplio presentó varias alternativas a la reforma que no fueron tenidas en cuenta.

Para realizar este artículo se consultó los diarios El País (junio de 1995) y La República (agosto de 1995).