La situación económica en los departamentos de la frontera oeste del país sigue deteriorándose,1 algo que se explica esencialmente por el encarecimiento relativo de Uruguay en relación con Argentina. En ese sentido, son varios los indicadores que evidencian cómo el poder de compra de los uruguayos asciende marcadamente una vez cruzada la frontera, motivo por el cuál a los habitantes del litoral les resulta significativamente más conveniente realizar sus compras cotidianas del otro lado del río. Y no consumen únicamente bienes, sino también –y crecientemente– servicios, en particular, servicios que tradicionalmente han sido considerados como no transables (en tanto su precio es determinado por condiciones de oferta y demanda domésticas). En otras palabras, la magnitud actual del diferencial de precios con nuestro vecino rioplatense es tan alta que diluye la tradicional distinción entre los precios de los productos que son objeto de comercio internacional (transables, afectados por los vaivenes del dólar) y los que no (no transables).

En Argentina existe un fuerte control sobre el tipo de cambio nominal, cuya cotización oficial se encuentra actualmente en el entorno de 240 pesos argentinos. Sin embargo, mirado desde este lado del puente, lo relevante es la trayectoria que sigue el tipo de cambio paralelo, que acumula una brecha superior al 100% respecto al oficial. En otras palabras, el dólar blue cotiza próximo a los 490 pesos al día de hoy, y esa es la cuenta relevante detrás del tráfico fronterizo de mercaderías.

Naturalmente, esta situación, que se arrastra desde hace ya un tiempo, supone una perforación de la frontera con un impacto crecientemente negativo sobre la actividad en el litoral, alentando cambios en los hábitos de consumo de las personas. En relación al primer punto, son varios los relevamientos que dan cuenta de la gravedad de la situación. Por un lado, el radar Scanntech, que mide las variaciones de las ventas formales, apunta a una contracción del entorno de 22% interanual para la región Salto-Paysandú, cuando a nivel país se registra un estancamiento. Por el otro, el último informe de actividad divulgado recientemente por la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay (CNSC), señala que las ventas en el litoral (no solo en Paysandú y Salto) durante el primer trimestre del año cayeron 7,4% frente al mismo período del año anterior, en tanto muestra variaciones positivas para el resto de las regiones contempladas.

Esta afectación tiene un correlato directo sobre el mercado laboral, y por esa vía sobre otras dimensiones socioeconómicas. A modo de ejemplo, el nivel de desempleo se aproxima al 15% en Salto, es de 14,1% en Artigas y Río Negro y oscila en torno a 11% en Paysandú y Soriano (11,4%).

Diferencias de precios y hábitos de consumo

La evolución comparada de los precios de bienes y servicios es relevada bimensualmente por el Observatorio Económico de Salto de la Universidad Católica del Uruguay (UCU) y queda capturada en el llamado Indicador de Precios Fronterizos (IPF). En su última medición, que corresponde al mes de marzo, la canasta relevada es 127% más cara en Salto que en Concordia. Si se lo desagrega por categoría, las diferencias más pronunciadas corresponden a “bienes diversos”, con una brecha de 212% (contiene elementos de cuidado personal como desodorantes, pasta de dientes, papel higiénico, entre otros). Le siguen las bebidas alcohólicas y el tabaco con un (150%) y los alimentos y bebidas no alcohólicas (141%). Esta última es la división con mayor peso, en tanto su ponderación para la construcción del indicador asciende a 49% (el resto no supera el 16%).

Sin embargo, lo anterior implica un acortamiento de la brecha frente a la medición previa. En concreto, el IPF retrocedió 17 puntos porcentuales con relación al mes de enero y está 47 puntos por debajo si se compara con el registro del pasado mes de julio, cuando el indicador alcanzó su máximo registro (impulsado por el salto del dólar que tuvo lugar tras los cambios en el Ministerio de Economía argentino).

Vale preguntarse entonces si este proceso podría extenderse en el tiempo, acortando las distancias entre el costo de esa canasta a un lado y al otro del puente. Según María José Medin, responsable del indicador y docente del campus de Salto de la UCU, la respuesta es que no, porque si bien “la inflación mensual se está disparando en Argentina, que en mayo será de alrededor de 10%, el tipo de cambio oficial experimentó un aumento mayor, por lo que la brecha no se va a achicar e incluso esperamos que se amplíe”.

En consecuencia, el salteño continuará encontrando sumamente atractivo cruzar la represa de Salto Grande para hacer su surtido en Argentina de forma regular. “Los salteños conviven desde hace mucho tiempo con esta situación, sólo que empeoró en los últimos dos años”. A raíz de este fenómeno, el observatorio presentó recientemente un estudio titulado Hábitos de consumo de los salteños en frontera, que captura los resultados de una encuesta realizada a esta población durante el mes de abril.

En el informe se constata que 88% de los salteños encuestados ha realizado compras en la frontera durante el último año y 61% declara que hace esto quincenalmente. A su vez, 28% gasta mensualmente entre 2.000 y 4.000 pesos en esa compra, 25% destina entre 4.000 y 8.000 pesos y 12% compra por un valor que oscila entre 8.000 y 12.000 pesos.

Como alerta Medin, hay que tener en cuenta que los llamados “bagashopping” de Salto (de “bagayo”), en los que se comercializan productos traídos de contrabando, podrían afectar algunos de los resultados. Con esto se refiere a que muchos productos, como pueden ser, por ejemplo, los de cuidado personal o vestimenta, se compran ahí y, por tanto, son menos demandados una vez cruzada la frontera. En otras palabras, son dos los fenómenos que operan: el desvío directo de consumo hacia Argentina (fuga de demanda) y el contrabando (cuyo impacto se extiende más allá de la actividad en el litoral).

Foto del artículo 'Radiografía de la crisis económica de la frontera'

Posibles impactos sobre las cuentas públicas

Si bien esta es una crisis que se da en unos pocos departamentos, sus efectos ya podrían estar sintiéndose en el resultado fiscal por la vía de la recaudación. En el mes de abril, la recaudación de la Dirección General Impositiva por concepto de IVA cayó 7,8% interanual (impuesto que representó el 38,9% de la recaudación total correspondiente a ese mes). En tanto aún no se conocen los datos de Cuentas Nacionales para este año (evolución del consumo de los hogares), no hay certeza sobre cuál es la incidencia puntual que puede atribuirse a los distintos factores que están detrás de esta caída (que también se dio en marzo).

En ese sentido, una de las causas que se le atribuye a la caída tiene que ver con el contrabando. Esto fue lo que argumentó el director del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), Agustín Iturralde, en respuesta a un tweet del senador Charles Carrera que señalaba que el retroceso “pone en evidencia una realidad innegable: la caída del consumo en los hogares uruguayos. La misma está vinculada a la pérdida de poder adquisitivo, la carestía y el aumento de la pobreza. Cae el consumo, el Estado recauda menos y la economía se sigue deteriorando”. “La explicación más simple y razonable [de la baja de recaudación del IVA] es el bagayo y turismo de compras. Los uruguayos sí consumen, sólo que cada vez más lo hacen del otro lado del río”, escribió Iturralde. Dos años atrás, el CED elaboró un estudio para cuantificar el “impacto socioeconómico del contrabando a nivel fronterizo”, estimando que esa práctica le significó un costo al Uruguay de unos 320 millones de dólares durante 2019. En otras palabras, alude a que este fenómeno, que no es nuevo, podría haberse profundizado en los últimos meses.

A pesar de estar de acuerdo con Iturralde, Medin también atribuye la caída del IVA al mayor desempleo que caracteriza a los departamentos de frontera, que lleva a un descenso del ingreso y, por consecuencia, del consumo.

Medidas y perspectivas

El pasado miércoles 10 de mayo de 2023 el Poder Ejecutivo anunció nuevas medidas para intentar paliar los efectos de esta crisis con una serie de exoneraciones que van desde los aportes patronales, el impuesto bonificado a monotributistas, el IVA mínimo mensual de pequeñas empresas, anticipo de IRAE (impuesto a las rentas de las actividades económicas) e impuesto al patrimonio y también un mayor descuento al Imesi (impuesto específico interno) de combustibles y subsidios al empleo.

Foto del artículo 'Radiografía de la crisis económica de la frontera'

A propósito, Medin opinó que, si bien las medidas tomadas son “bienvenidas” y una “buena señal por parte del gobierno”, no moverán la aguja, ya que la diferencia es tan grande que habría que “procesar un cambio enorme en los precios de este lado” para poder enfrentar el problema. En esa misma línea se pronunció Iturralde, que en declaraciones a CRTV sostuvo que “la situación va a seguir empeorando antes de que pueda mejorar”.

Acerca de la posibilidad de implementar nuevas medidas, como la exoneración de IVA en los departamentos de frontera o la microimportación desde Argentina, el economista argumenta que eso generaría un movimiento “del contrabando para adentro”, donde la línea en la que los precios son más favorables se trasladaría hacia el este. En el corto plazo, ambos coinciden en que hay poco que hacer.

Sobre esta dimensión, el relevamiento del observatorio le consultó a los encuestados con “qué tipo de medidas estarían de acuerdo para proteger el comercio local salteño”. Por lejos, la opción más mencionada (45%) refiere a la rebaja de impuestos para las ciudades fronterizas, aunque casi 20% mencionó que no está de acuerdo con que se apliquen medidas adicionales. Otras opciones contempladas fueron pagar impuestos o aranceles adicionales, habilitar la microimportación, pedir más documentación y aplicar el “cero kilos” para el pasaje de mercadería proveniente de Concordia. Igualmente, en ninguno de estos casos el porcentaje de respuestas superó el 5%.

Sobre lo que se puede esperar a futuro, el director del CED es “optimista” en torno a la posibilidad de que “sea cual sea el nuevo gobierno” en Argentina, termine con la política cambiaria vigente y se mueva hacia un tipo de cambio único. “Esto va a tener un costo en el corto plazo para los argentinos. Los precios en argentina van a pegar un salto para arriba y se nos va a terminar una parte del ‘subsidio’ que nosotros tenemos cuando vamos a Argentina”.