El tipo de cambio sigue cayendo y acumula un retroceso de 3,6% en lo que va del mes (pasó de $38,96 a $37,56). En el acumulado del año la caída asciende a 6,4% y se ubica en torno a 18,7% si se considera el pico que alcanzó en marzo de 2020. Esto ha profundizado los problemas de competitividad del sector exportador y vuelve a poner el tema del atraso cambiario en el eje de las discusiones de política económica.

En este contexto, el espacio Convocatoria Seregnista liderado por el senador Mario Bergara realizó la semana pasada un conversatorio sobre la “Competitividad de la economía uruguaya: situación actual y desafíos futuros”. El panel de discusión estuvo integrado por Javier de Haedo, director del Observatorio de Coyuntura Económica de la UCU; Adrián Fernández, economista sénior en Cinve; Facundo Márquez, presidente de la Unión de Exportadores del Uruguay; y Gabriela Mordecki, profesora en la Facultad de Ciencias Económicas de la Udelar.

Coincidencias

Fernández, que fue el primer expositor, puso el foco sobre el desalineamiento cambiario, distinguiendo la situación con la región y con los países que están por fuera de ella. “La situación que vemos en los últimos tres años es de valores del TCR muy por debajo del promedio histórico a nivel regional, y un valor también por debajo a nivel extrarregional. Pero noten que el TCR extrarregional siempre estuvo por debajo del regional, y esa relación ahora se ha invertido”, apuntó.

Para que el TCR se ubique en torno al promedio de los últimos 20 años, el dólar debería estar 23% por encima del nivel actual, lo que dejaría la cotización en alrededor de $46,2. Sobre esto, De Haedo fue incluso más categórico y sugirió que el dólar debería ubicarse “siempre por encima de los 50 pesos” para estar alineado con el promedio histórico.

Ambos coincidieron en que la inflexibilidad en la política monetaria contractiva del Banco Central es clave para entender cómo hemos llegado a esta situación. Según De Haedo, el BCU ha sido inconsistente con el resto de las políticas económicas en su intento de “forzar la inflación a la baja”. Destacó que Uruguay es una economía bimonetaria, con salarios indexados y política fiscal expansiva. En ese marco, y al momento de encuadrar la política monetaria, “no hablar de recesión, pero sí de una inflación subyacente en el 6,2% por haber bajado 0,25%, es insólito”.

Bergara, que estuvo a cargo del cierre del panel, coincidió en que la política monetaria ha sido el agravante del problema: “Uruguay no puede poner el dólar donde se le ocurra, sino que debería tratar de acompañar lo que pasa en el mundo. Cuando estábamos en el gobierno tuvimos la crisis del 2008 y Estados Unidos multiplicó por cuatro la cantidad de dólares. Nos inundaron. Hoy eso no lo tenés; el desplome del dólar se debe a otra cosa. Entonces, con más razón debería haber intervenciones chicas en el mercado cambiario, con venta de títulos y tasas de interés más bajas. No podemos ser fundamentalistas en un mercado chico como el nuestro”.

Al margen del dólar, Bergara volvió a apuntar contra el acuerdo que en 2020 el gobierno firmó con la empresa Katoen Natie para la concesión de la terminal de contenedores de Cuenca del Plata. A este respecto, enfatizó que las potestades regulatorias que el documento le brinda a la corporación belga le permiten introducir aumentos indiscriminados de las tarifas portuarias, como las que anunció el lunes 26 (24,1%) y que posteriormente terminó poniendo en pausa.

En esa misma línea había intervenido antes Márquez, que argumentó que los costos de operación en el puerto para los exportadores es otro elemento que afecta la competitividad del sector. Recordó que Katoen Natie había acordado con la Unión de Exportadores reducir las tarifas progresivamente en 26%, dado que su volumen de ingresos se incrementa en el marco del monopolio que obtuvo. Pero esa reducción jamás llegó, subrayó el empresario.

Por último, todos los panelistas coincidieron en la necesidad de promover una nueva agenda de inserción internacional. No obstante, las directrices a seguir en este asunto fueron un punto de debate.

Contrapuntos

En efecto, en el ámbito de las relaciones comerciales surgieron algunos disensos. Márquez apoyó en principio el “nuevo camino que tomó el gobierno”, aunque aclaró que “en ningún momento la discusión fue Mercosur sí o no, porque hoy en día es vital”. Sí abordó otros acuerdos que han estado en el tintero en los últimos años, como los de la Unión Europea y China, en los que “a Uruguay no le queda mucho por hacer solo”, así como las buenas señales que dio Estados Unidos y la esperanza por el Acuerdo Transpacífico.

De Haedo también aportó en esa dirección y recordó las reformas que llevó adelante Alejandro Vegh Villegas, ministro de economía y finanzas durante la dictadura, en las que la apertura comercial y financiera mejoraron los fundamentos para el crecimiento económico. Fue en este punto que Mordecki salió al cruce, argumentando que ese buen pasar para la economía vino a costa de una pérdida de salario real, consecuencia de la suspensión de los consejos de salarios que tuvo lugar en ese período.

Mordecki también cuestionó otro destaque que realizó el economista en torno a la salida de la crisis de 2002, que calificó de impecable. En ese sentido, la investigadora sostuvo que “salimos con un país con 40% de pobreza, emigración y destrozo económico”, y que fue por “los acuerdos políticos” que se implementaron políticas de estado positivas, como las readecuaciones de la política cambiaria imperante hasta ese momento.

Volviendo sobre la competitividad y el TCR, Mordecki introdujo reparos sobre la metodología que usaron sus colegas para el cálculo del equilibrio, destacando la importancia de utilizar los fundamentos y no los valores históricos a tales efectos (por ejemplo, la productividad del sector exportador, los flujos de capital, los términos de intercambio o el gasto público). Desde esta perspectiva, que permite contemplar el “largo plazo”, el atraso del Tipo de Cambio Real se mantiene, pero la brecha es menor que la que se desprende a partir del otro enfoque.

Asociado con esto, la economista puso el foco también en otros indicadores para dimensionar el deterioro de la competitividad asociada al dólar. Concretamente, referenció al volumen de exportaciones de bienes (que, si bien han venido cayendo sostenidamente en los últimos meses, alcanzaron récords en el último tiempo), a las exportaciones de servicios y al excedente bruto unitario de la industria exportadora calculado por el BCU. Todos estos indicadores han experimentado subas importantes, por lo que sugirió “no confundir competitividad con rentabilidad”.

Márquez contrastó esta afirmación en declaraciones a la diaria, cuestionando la forma en que se realizan estos cálculos y argumentando que no es conveniente guiarse por una sola batería de índices, dado que lo que ellos aportan desde su lugar “es la realidad y preocupación que el exportador vive todos los días”.

Por último, Bergara celebró la diversidad de posiciones expuestas y llamó a observar todos los indicadores, dado que “no hay ningún indicador perfecto” y que “todos tienen sus problemas”. De esa manera, según el expresidente del BCU, se ve “la pintura gruesa”.

Soluciones y reformas

Durante la segunda parte del conversatorio los disertantes pudieron exponer las problemáticas que cada uno entiende relevantes a la hora de mejorar la competitividad de la economía uruguaya.

En ese contexto, De Haedo identificó varios asuntos pendientes, entre los que incluyó la mayor apertura comercial, la mejora de la institucionalidad fiscal, la desdolarización, la importancia de desindexar la economía para acompañar la desinflación, las reformas en materia de seguridad social y educación (“que no se agüen”). Todos son frentes claves para “sostener la red de protección social que está inserta en el ADN del país”.

Mordecki, por su parte, destacó la relevancia del orden macroeconómico, apuntando también al mantenimiento y la mejora de la infraestructura y la logística a nivel país, y también a la inserción internacional, el fortalecimiento de las relaciones con Brasil y Argentina, a una segunda etapa para los consejos de salarios y al gobierno electrónico, que elimina ineficiencias y burocracias en el Estado.

Para Márquez, “prepararnos para el empleo del futuro con la reforma de la educación es algo central”, como también lo es la inserción internacional y la promoción de más acuerdos comerciales para “alcanzar a los competidores del país” y “resguardarnos con otros países socios”. Como último punto, destacó la sostenibilidad: “Hoy es imposible pensar en crecer si no tenemos un cuidado del mundo en el que vivimos. El mundo lo está demandando cada vez más, y Uruguay tiene una ventaja competitiva así que tenemos que seguir avanzando”.

Al momento de tomar la palabra, Fernández destacó que el diseño de las reformas y su forma de implementación es fundamental “para que sean sostenibles en el tiempo”. Hecha esta apreciación, señaló que debe trabajarse en la mejora del capital humano y en la calidad del capital físico para impulsar la productividad, y que eso requiere reformas en el plano financiero, el potenciamiento de la inclusión financiera, una mayor desdolarización e inversiones públicas que generen shocks de productividad.

Por último, Bergara criticó la “falta de estrategia del gobierno, clave para abordar la visión de la competitividad”, planteando adoptar una estrategia real de país con énfasis en el crecimiento, desarrollo, inclusión y sustentabilidad: “Estamos sistemáticamente discutiendo medidas puntuales y no vemos una agenda integral. Debemos recuperarla, como hicimos entre 2005 y 2015”. Sin embargo, no perdió de vista que el mundo ha cambiado desde ese entonces y por eso “es un desafío de todo el sistema político. Debemos abordar la educación, el funcionamiento empresarial, el desarrollo de ciencia, tecnología e innovación, y la desigualdad que se puede profundizar si no resolvemos la cuestión social a tiempo. Esto debemos hacerlo, y con mucho más diálogo que lo que se viene haciendo”, concluyó.

Sobre una Agencia Reguladora de Servicios Portuarios

Tanto Bergara como Márquez apuntaron a la necesidad de crear una Agencia Reguladora de Servicios Portuarios, que sea externa a la Administración Nacional de Puertos (ANP) y que tome algunas potestades regulatorias que el Estado perdió luego del acuerdo con Katoen Natie.

A este respecto, si bien el Partido Colorado presentó en 2021 un proyecto de ley para crear una Unidad Reguladora de Servicios Portuarios, el economista cuestionó que “en todo el proyecto no se mencionaba ni una vez la palabra “regulación” y que por tanto no cumpliría el rol deseado. Como alternativa, indicó que cualquier propuesta en ese sentido debe realmente tener una capacidad regulatoria, permitiendo mejorar la previsibilidad y el orden en los negocios que hacen los exportadores, para lo que es necesario “revisar el acuerdo con Katoen Natie”.

Sobre los posibles pasos que se podría dar en esa dirección, Márquez dijo a la diaria que visualizan cuidadosamente ese proceso y que van a participar de la discusión cuando la propuesta del Partido Colorado pase a la Comisión de Transporte del Parlamento para realizar los aportes que consideren oportunos.