Los Rodríguez: al son de la rendición

Según Wikipedia, Los Rodríguez fue una banda de rock hispanoargentina fundada en Madrid cuya carrera se desarrolló a lo largo de los años 90. Seguramente, la mayoría de los treintones y cuarentones de hoy en día recordaremos alguno de sus éxitos. Por esas casualidades que tiene la vida, los Rodríguez (Juan Martín, por el Partido Nacional, y Conrado, por el Partido Colorado) son los diputados encargados de defender el proyecto de Rendición de Cuentas enviado por el Poder Ejecutivo y actualmente en discusión en la Cámara de Representantes. A continuación, trataré de abordar los principales puntos que se discutieron en el contexto de la presentación del Ministerio de Economía y Finanzas a la Comisión de Hacienda y Presupuesto.

El marinero y el capitán

En declaraciones a la prensa, ambos Rodríguez apuntaron a la misma idea: palabras más, palabras menos, dijeron que se derribó el relato de recorte de los últimos años y que eso era un mito instalado por la oposición.¹ Parecería que ninguno de los dos repasó los números presentados por el Poder Ejecutivo en la exposición de motivos. Un análisis fino requiere mirar no sólo lo presentado este año, sino también un año atrás, cuando se expuso la Rendición de Cuentas 2021. Los datos muestran que los egresos del Gobierno Central y BPS (GC-BPS) pasaron de 29,5% del PIB en 2020 a 26,9% en 2022. La mayor caída se explica por una baja en las remuneraciones –que descendieron de 5,2% a 4,6%–, en las pasividades –que pasaron de 10% a 8,9%– y en las transferencias –que cayeron de 9% a 8%–. Al mismo tiempo, se espera que esta tendencia a la baja en estos componentes se estabilice en 2023 y 2024, en tanto que las inversiones del gobierno central registrarían un leve descenso, pasando de 1,5% del PIB en 2022 a 1,1% en 2024.

Por tanto, no sólo se observan recortes en el gasto de gobierno, sino que además esos recortes impactan directamente en el bienestar de las personas en tanto afectan principalmente salarios, pasividades y transferencias. Por eso, no nos pueden asombrar la pérdida de poder adquisitivo de trabajadores y jubilados o los magros resultados en términos de pobreza, cuyo registro se encuentra por encima de los niveles prepandémicos.

Sobre este último punto, se consultó a la ministra acerca de si había alguna meta establecida para la reducción de la pobreza, a lo cual expresó que “[...] la respuesta es que no” y luego, tratando de ser políticamente correcta, prosiguió: “La respuesta, señor presidente, es que no vamos a estar nunca conformes cuando hay personas que están en situación de pobreza. O sea que la meta es disminuir ese porcentaje, aunque fuera bajo”.² Por más que se intenten tapar, quedan claras cuáles son las prioridades.

Mientras espero por ti me muero y no quiero seguir así

Uno de los puntos interesantes fue la discusión sobre el supuesto compromiso de recuperar el salario perdido durante la pandemia. Hemos visto al ministro Pablo Mieres señalar que los lineamientos planteados por el Poder Ejecutivo cumplen con esta promesa. Sin embargo, en economía (como en cualquier aspecto de la vida) es importante saber contra qué período estamos comparando. Dicho de otra forma: “Recuperar el salario real perdido en pandemia”, tal como se expresa en los lineamientos salariales, es una expresión muy difusa que puede tener distintos significados: ¿implica llegar al indicador de salario real de febrero 2020 (último mes previo a la pandemia)? ¿Significa alcanzar el salario real promedio de 2019 (último año previo a la pandemia)? ¿O se toma como base de comparación el último mes del año previo a la pandemia (diciembre de 2019)?

Estas cuestiones son importantes en la medida en que, dependiendo del punto de partida que se considere, se condiciona el punto de llegada. A saber, si tomamos como base el salario real promedio de 2019, entonces deberíamos comparar el indicador con el promedio de 2024. Si el punto de partida es el salario real a febrero de 2020, deberíamos comparar el indicador con el valor de febrero de 2025. Dado que pueden elegirse distintos puntos de partida (y, por ende, de llegada), lo de “recuperar lo perdido en la pandemia” puede tener diferentes significados.

La ministra arrojó luz sobre estas interrogantes y expresó: “Hay otra pregunta que tiene que ver con el compromiso de recuperación del salario real que se estaba tomando como año o mes base para esa recuperación. Nosotros tomamos como base diciembre de 2019 para lo que estamos presentando… Independientemente del mes que se tome, siempre el mes inicial y final tiene que ser el mismo en los distintos años de inicio y de partida”.³

Parecería claro, a partir de estas expresiones, que el punto de partida que toma el gobierno es el salario real de diciembre de 2019 y, por lo tanto, que este registro habría que compararlo con el valor del salario real de diciembre de 2024. Sin embargo, la directora de Política Económica, Marcela Bensión, puso un manto de incertidumbre a esto que parece una obviedad y expresó “que la recuperación salarial al año 2024 o 2025 –se puede mirar el mes que se quiera siempre que se mire el mismo mes en la comparación anual– está en marcha”.⁴

Es obvio que se puede mirar el mes que se quiera siempre que se mire el mismo en los distintos años, pero no es igual tener como punto de llegada diciembre de 2024 que diciembre de 2025. Estamos hablando de un año de diferencia. En diciembre de 2025 ya habrá asumido una nueva administración, con lo cual, si el compromiso del actual gobierno es recuperar lo perdido en pandemia y el punto de partida es diciembre de 2019 (como dijo la ministra), el punto de llegada tiene que ser diciembre de 2024. No hay vueltas. Para ponerlo en números, el indicador de salario real a diciembre de 2024 deberá alcanzar el valor 138,38 (144,32 para el sector privado y 128,72 para el sector público). Si esto no se logra, la promesa se habrá incumplido. A diciembre de 2022 –mes que se debe tomar para la comparación–, el indicador era de 135,53 (140,88 para el sector privado y 126,83 para el sector público). En otras palabras, la caída era de 2,1%, levemente mayor en el sector privado (2,4%) que en el público (1,5%).

Será como empezar otra vez de cero

Resuelto lo anterior, considero que hay una cuestión más profunda, y es el peso que tienen los trabajadores y trabajadoras en el reparto de la torta. Según las proyecciones del gobierno, el PIB en el promedio de 2024 sería 8,8% superior al PIB promedio de 2019 y, sin embargo, lo máximo que promete el gobierno es que los salarios reales crezcan cero. Se me podrá decir que no sólo hay que mirar el salario, sino también la cantidad de personas ocupadas, lo cual es cierto. Ahora bien, la proyección del gobierno es que la población ocupada habrá crecido 4,5% entre 2024 y 2019 (es decir, la mitad de lo que crece la torta). Parecería claro que la masa salarial perderá peso en el PIB durante esta administración, algo que no debería sorprendernos.

Bensión expresó que “las estimaciones de la masa salarial para este año 2023 [rondan] en el entorno del 48% del PIB, que es similar a los niveles que había en 2018”.⁵ Sobre esto vale hacer algunas aclaraciones: los últimos datos disponibles publicados por el Banco Central del Uruguay corresponden a 2012, 2016 y 2017. En 2012, el peso de las remuneraciones de asalariados más el ingreso mixto (ingreso asociado a los trabajadores independientes) en el PIB era de 48,9%, en 2016 ascendía a 50,4% y en 2017 alcanzaba 51,3%.⁶ Los estudios disponibles para 2019 estiman un peso de 50,4%⁷ bastante mayor al 48% al que se refirió Bensión. Si el gobierno está estimando que el peso de la masa salarial se ubicará en torno al 48% del PIB para 2023, tendríamos una última década bien diferenciada: todo lo que se ganó en los primeros cinco años se esfumaría en los últimos cinco. E incluso peor: el peso de la masa salarial al cierre de esta administración estaría por debajo de los niveles de 2012.

Es curioso que la directora Bensión considere que, dado que los ocupados aumentaron, la masa salarial sea más homogénea y que eso “nos hable de una masa salarial mejor distribuida a nivel de la población y decididamente más solidaria en ese sentido”.⁸ Parecería que por detrás de esta afirmación está la idea de que las pérdidas (menores salarios) se socializan y se comparten con otras personas (mayor cantidad de ocupados). La solidaridad se le exige a la clase trabajadora, pero no a los malla oro. Es lo de siempre.

Me quedan balas en la cartuchera, pero te guardo siempre la primera

El ciclo electoral del gasto, que consiste principalmente en aumentar el gasto público o disminuir impuestos a la población en el último año de gobierno, dice, una vez más, presente. De hecho, Conrado Rodríguez destacó que “habrá un aumento sostenido del gasto e inversión especialmente en 2023 y 2024 que, por instancias presupuestales anteriores, llegará a los 1.300 millones de dólares”.[^9]

En realidad, como bien señala el marinero, el ciclo electoral ya estaba entre nosotros desde instancias presupuestales anteriores. En esta rendición, el artículo 412 establece que “A partir del 1° de enero de 2024 la tasa aplicable al tramo de ingresos de más de 108 BPC y hasta 180 BPC será de 8%, la que se reducirá a 6% a partir del 1° de enero de 2025”. Al mismo tiempo, la exposición de motivos del proyecto señala que se beneficiarán con esta medida a 179.000 jubilados y pensionistas y que la resignación de ingresos tributarios (incluyendo las modificaciones al IRPF) asciende a 150 millones de dólares anuales.

Por su parte, Juan Martín Rodríguez sostuvo que “se cae el mito de que todo aumento de gasto supone aumento de impuestos”. El capitán tiene razón en que el aumento de gasto puede financiarse de distintas maneras, pero si en verdad ese aumento en términos del PIB no ocurrió hasta el momento, entonces no habría por qué aumentar los impuestos (cosa que el gobierno hizo al reducir el descuento del IVA a las compras con tarjeta de débito y al cambiar el criterio de ajuste de la BPC).

Los jubilados que pagan IASS son aquellos que perciben jubilaciones por encima de los 45.000 pesos mensuales. El promedio de las jubilaciones se ubica en torno a 31.000 pesos según datos del BPS, en tanto que, según los microdatos de la Encuesta Continua de Hogares 2022, tres de cada cuatro jubilados no alcanzaban los mínimos necesarios para pagar el impuesto. En síntesis, se trata de una medida que alcanza al 25% de jubilados y pensionistas de mayores ingresos, con lo cual no sólo se sacrifican recursos públicos, sino que además se lo hace de manera regresiva.

Si bien se beneficia el bolsillo de unos pocos, el gobierno apuesta por afectar la sensación de unos muchos, que no pagan el impuesto, pero que aun así valoran positivamente este tipo de medidas. Las razones por las cuales la gente se comporta de esta manera son variadas. Por ejemplo, una de ellas nos dice que las personas tienen la expectativa de ascender en la escala de ingresos y, por lo tanto, no querrán pagar cuando logren hacerlo, por lo que apoyarán esta reducción impositiva por más que en el presente no se vean afectados.⁹

El gobierno opta así por sacrificar 150 millones de dólares anuales que podrían haberse destinado (entre otras muchas cosas) a políticas de infancia. Se me dirá que el bono crianza ya fue implementado en la Rendición de Cuentas pasada. Si bien es cierto, los resultados de esa medida parecerían tener hasta el momento poco efecto en la reducción de la pobreza infantil. De hecho, el tramo etario de 0 a 5 años es el único grupo en el que la incidencia de la pobreza aumentó de 18,6% en 2021 a 19,6% en 2022. Pero, bueno, los niños no votan… un recuerdo prohibido. Lamentablemente, ellos, como las grandes mayorías, de nuevo son olvidados en el olvido.

9 “MEF planteó que hubo mayor gasto que en el último gobierno del FA y desde el oficialismo dicen que ‘se cae el relato’”. la diaria.