Los niveles de pobreza han permanecido casi invariables en los últimos diez años. En promedio, uno de cada diez uruguayos es pobre, lo que demuestra que el gasto del Estado ha sido “insuficiente”, y si esta situación no cambia, la pobreza aumentará en los próximos diez años, dijo a la diaria el economista y gerente de la práctica de análisis económico de CPA Ferrere Nicolás Cichevski.
Esta situación se debe a que el sistema de protección social en Uruguay beneficia principalmente a trabajadores formales, por lo que los sectores pobres, compuestos principalmente por hogares con empleo informal, están por fuera del sistema estatal, explicó el economista.
El problema más grave es que el 20% de los niños está bajo la línea de pobreza, lo que haría que en cinco o diez años, cuando intenten ingresar al mercado laboral, aumente el número de pobres, dijo el especialista.
Para evitar que las futuras generaciones continúen en esta situación, los próximos gobiernos requieren al menos 350 millones de dólares para solucionar la pobreza monetaria y esta necesidad de recursos obliga a que los próximos gobiernos tengan que repensar la forma en que se asigna el gasto público para impulsar medidas destinadas a la primera infancia y a los trabajadores informales, reflexionó Cichevski.
¿Cuál es el balance económico que usted hace de 2023?
Hay bastante coincidencia entre los analistas en que existió un estancamiento de la economía ocurrido en 2023. Cuando uno mira el PIB lo que se observa es que la economía estaba estancada, y buena parte de ello se debe al impacto de la sequía en las actividades agropecuarias. Tampoco los precios de las materias primas y las subas de tasas de interés fueron a favor en 2023, como sí lo habían hecho en la salida de la pandemia en 2021 y en el principio de 2022.
Por otra parte, convivimos durante todo 2023 con la situación económica de Argentina y creo que su impacto en Uruguay ha sido un poco mayor que el esperado. Sobre todo el diferencial de precios fue un perjuicio relevante en varios sectores de la economía de Uruguay.
En la segunda mitad de 2023 la economía comenzó a crecer, fundamentalmente porque se revirtió el efecto de la sequía. En los próximos dos trimestres, en la medida en que se consolide la reversión del impacto de la sequía, en que comience nuevamente la refinería de Ancap a funcionar y en que UPM comience a trabajar al 100%, vamos a volver a nuestro nivel de crecimiento.
¿Cómo definiría la política económica del gobierno uruguayo?
A pesar de que hay matices y prioridades, en términos generales la política económica del gobierno no fue significativamente diferente a la de las administraciones del Frente Amplio. El énfasis pudo haber estado en un lado o en otro, pero en definitiva el modelo de país sigue levantándose en los mismos pilares. Obviamente la gestión en cierta medida sí tuvo una excepcionalidad, que fue la pandemia, y es muy fácil hablar con el diario del lunes, pero a nivel global creo que hizo lo que pudo con los recursos que tenía. Más allá de la discusión de qué habría gustado más o menos, lo relevante hoy es mirar hacia adelante. Creo que a nivel técnico hay un consenso en el diagnóstico del problema de Uruguay y en cierta medida cómo encarar la solución.
¿En qué temas existe un consenso técnico?
Hablando en términos económicos, está claro que Uruguay tiene que crecer a una tasa más alta, que el país necesita procesar reformas que mejoren la competitividad y que el mercado uruguayo por sí solo no nos va a salvar, lo que es complejo. Creo que no hay ningún analista económico que diga que Uruguay no necesita abrirse más al mundo.
Además, hay un claro desafío que es mejorar el nivel de productividad, lo cual es un proceso complejo y muy largo, no es sólo educativo. Cuando se comenta que 50% de los trabajadores ganan menos de 30.000 pesos, es un reflejo de la baja productividad que existe en Uruguay.
Hay que mejorar la productividad del trabajo, justamente para que los salarios aumenten con relación al costo de vida en Uruguay, y creo que también hay bastante consenso en torno a que hay que repensar los programas de transferencias sociales, porque estamos en una situación en donde hay un 10% de pobreza estructural, obviamente por la composición demográfica de ese segmento de la población; hay muchos niños, y eso en definitiva genera que si el 20% de los niños son muy pobres, es muy probable que la pobreza tienda a saltarse este número en el futuro.
Hay que analizar la cobertura de seguros de desempleo, salud, pasividades; es un sistema de cobertura para el uruguayo promedio y en el contexto actual hay por lo menos un 10% que está por fuera y es un desafío de corto plazo, porque en la medida en que no se haga nada va a ser un problema más grande en cinco, diez años.
Nicolás Cichevski.
Foto: Ernesto Ryan
¿Qué medidas se deberían adoptar para que las transferencias comprendan a ese 10% de la población que queda por fuera del sistema?
El sistema de protección social en Uruguay es amplio comparado con los restantes países de Sudamérica, pero buena parte del gasto público básicamente está enfocado en las pasividades.
El gasto en salud, en transferencias de subsidios por desempleo son todas partidas que están destinadas a una población que tiene sus necesidades; nadie discute que son herramientas efectivas, pero es un gasto destinado a hogares o trabajadores promedio. Para tener un subsidio por desempleo, para acceder al Fonasa, hay que ser un trabajador formal, y obviamente el gasto en pasividades, si bien se han incorporado pensiones y pasividades no contributivas, está destinado a personas con una trayectoria laboral principalmente formal.
Entonces todo ese gasto público está orientado a un conjunto de la población que no es al que nos referimos cuando decimos que tenemos un 10-15% de pobreza estructural, en definitiva hay 350.000, 400.000 personas en Uruguay que viven con ingresos por debajo de la línea de pobreza. No hay que olvidar que 75% de los trabajadores que viven bajo la línea de pobreza son informales, entonces no están contenidos en toda esta estructura de transferencias.
Además, dentro de los hogares por debajo de la línea de pobreza hay un gran componente de personas que no reciben ingresos, como menores de edad, estudiantes o mujeres que realizan trabajo no remunerado. Por tanto, no necesariamente me refiero a diseñar nuevos planes, el gran tema es que los recursos destinados a esta parte de la población son insuficientes; de hecho si quisiéramos solamente vía transferencias directas solucionar la pobreza monetaria, que no se acaba cuando uno recibe dinero, tendríamos que destinar unos 350 millones de dólares por año.
Más allá de que puedan existir diferentes herramientas a través de las cuales uno puede combatir esos problemas, la clave de todo es que se necesitan recursos, lo que hace que tengamos que repensar la forma en que se asignan a otras partes del gasto público, y una claramente es el sistema de pasividades.
Si pensamos de acá a diez años destinar 350 millones de dólares, lo que hay que hacer es concentrar los aumentos del gasto público año a año en áreas y programas vinculados a la primera infancia y a la mejora de las capacidades de los trabajadores informales.
¿Se puede decir que el Estado uruguayo es ineficiente en sus políticas destinadas a la pobreza?
Se puede decir que el gasto destinado a los hogares más pobres es insuficiente para cambiar la tendencia, en particular en un escenario de magro crecimiento como lo ha sido la última década: entre 2014 y 2024 Uruguay habrá crecido a un promedio anual apenas superior al 1%. Hace una década que uno de cada diez uruguayos es pobre, y por sus características, como ser menor de edad, estudiante, tener dificultades de acceso al mercado laboral por falta de habilidades, entre otras, no es posible que salgan de esa situación sin un incremento significativo de las transferencias sociales que reciben y de políticas vinculadas a infraestructura, como son vivienda, servicios públicos, etcétera. Al no existir holguras fiscales, ello requiere redireccionar recursos y que la economía crezca a una tasa más alta.
Hay que tener en cuenta que el trabajador promedio accede a reivindicaciones a través de sindicatos, pero el núcleo duro de pobreza está por fuera del sistema y de las herramientas de reclamo en esta sociedad.
¿Qué podría suceder en diez años si no se aumenta el gasto destinado a los sectores más vulnerables?
Cuando uno mira la composición de estos hogares por debajo de la línea de pobreza, lo que se observa es que los niños y los adolescentes son los principales habitantes de este tipo de hogares. Incluso cuando se observa a los menores de seis años, uno de cada cinco vive en un hogar por debajo de la línea de pobreza; entonces, en definitiva, en diez años vamos a tener jóvenes que van a estar ingresando al mercado de trabajo con 20, 22 años, que van a tener dificultades, por lo que vamos a tener probablemente un aumento en la población a nivel general por debajo de la línea de pobreza al estar reemplazando generaciones y cohortes que no vivieron en la pobreza por aquellas que sí lo hicieron.
Usted mencionaba que este gobierno no tuvo grandes diferencias con la política económica que se efectuó en los gobiernos del Frente Amplio. ¿Cuáles serían esas similitudes?
La similitud es que no se hizo nada muy distinto. En definitiva, la presión fiscal es la misma, hubo retoques en algunos impuestos, pero esencialmente es igual, los programas de promoción de inversiones en algunos casos fueron potenciados, está claro que el gobierno tuvo quizá en el eje discursivo un énfasis mayor en el sector privado como generación de empleo y de inversión, pero con herramientas similares. En definitiva, la ley de promoción de inversiones fue extendida en algunos casos, pero son leyes que ya existían, y lo mismo con la herramienta de protección social. En resumen, siempre hay cambios, correcciones en cómo se procesa, pero el Ministerio de Desarrollo Social siguió existiendo y no hubo un cambio radical en la cobertura de seguridad social en nuestro país.
Una diferencia es que el gobierno hizo énfasis en una corrección de las cuentas públicas y creo que la herramienta de la regla fiscal es una decisión acertada.
Foto: Ernesto Ryan
Con respecto a la política fiscal, en los últimos días algunos economistas dijeron que el gobierno fracasó en su promesa de bajar el déficit y que la situación más o menos es parecida a la de 2019, lo que algunos analistas dicen que deja una herencia pesada para la próxima administración. ¿Qué evaluación hace al respecto?
Es cierto que se alcanzó el 4% de déficit en noviembre, un dato obviamente influido por la sequía y por gastos que ocurrieron en 2022, que no se van a repetir. De todas formas, en 2024 se va a conseguir una reducción del déficit fiscal. Va a llegar al 3%, y eso es un nivel de déficit mejor que en 2019 pero no suficientemente bueno, entre comillas, como para que el próximo gobierno no tenga este tema encima de la mesa. En resumen, la situación fiscal va a estar mejor que en 2019, pero el aumento del gasto público en el próximo quinquenio debería estar limitado si no se quiere aumentar impuestos dada la situación fiscal.
Ante un cambio de gobierno, ¿qué se podría esperar a nivel económico?
Todavía no se conocen los equipos económicos, pero creo que en términos generales uno no debe esperar cambios significativos, tanto en un caso de continuidad como en uno de cambio.
Creo que a nivel económico hay cierto consenso técnico de que hay un par de cosas que se pueden pensar y ejecutar en los próximos cinco años, y considero que sin duda hay que evaluar qué regulaciones y en qué mercados hay espacio para generar eficiencia. Tenemos un sistema de transporte y de salud que tiene oportunidades de mejora. Creo que eso, junto con repensar la cobertura de las políticas sociales, son los dos ejes más claros que cualquiera de los nuevos gobiernos debería implementar, y creo que en cierta medida hay consenso en qué rumbo debe adoptar la política económica del próximo ministerio.
Además, hay cierto consenso en torno a que Uruguay necesita crecer más para atender los problemas de inserción de la población más vulnerable, que está por fuera del sistema.
A nivel político, la discusión muchas veces se empantana un poco más y creo que el desafío para los equipos técnicos que asesoren a las coaliciones y a los candidatos el año que viene va a ser justamente transmitir la importancia de este tipo de reformas para, en definitiva, financiar un gasto mayor en la población más vulnerable.
¿Cuál fue el gran acierto y desacierto de este gobierno hasta el momento?
El más claro acierto fue haber logrado reducir la inflación cuando hace un año nadie lo preveía. Otro asunto positivo fue haber puesto encima de la mesa la discusión respecto a cuál es el nivel de gasto; la realidad es que tenemos que mejorar. Además, creo que la regla fiscal fue un acierto.
Otro aspecto positivo de este gobierno fue haber aprobado una reforma de la seguridad social, algo que siempre es complejo desde el punto de vista político. Más allá de que existan oportunidades de mejora, y que sin dudas habrá que hacer ajustes de acá a 2040, era y es necesario contener el aumento del gasto en pasividades si se quiere incrementar el gasto social para combatir la pobreza.
Como negativo, creo que la solución, entre comillas, propuesta para los deudores del Banco Hipotecario en unidades reajustables es mala desde el punto de vista de la distribución de los recursos y genera un mal antecedente en materia de reglas de juego y cumplimiento de contratos.
Además, lo que deja un sabor a poco es la falta de avances con algunas reformas que el Frente Amplio no hizo pero que este gobierno había asumido que iba a realizar. Me refiero al mercado de combustibles, al pórtland y a la reforma del Estado. Ese tipo de reformas son las que hay que hacer en el próximo período de gobierno. Claramente la economía política de estos temas es compleja. Sin embargo, tengo la impresión de que el gobierno podría haber realizado un esfuerzo mayor.