Uruguay tiene varias “luces amarillas” en materia de empleo y uno de los desafíos “urgentes” es impulsar políticas de trabajo, porque muchas personas ocupadas “igualmente son pobres”, dijo a la diaria la economista Alejandra Picco.

“Muchas veces se tiende a pensar que las personas pobres no trabajan, que están totalmente por fuera del mercado laboral. Sin embargo, hay un porcentaje importante de trabajadores ocupados que igualmente son pobres, y eso se explica por bajos niveles salariales, por la intermitencia de entrar y salir del mercado de trabajo o de la formalidad, y también por los problemas de inserción de esas personas”, señaló la coordinadora técnica del Instituto Cuesta Duarte. Más allá de las transferencias, que son “necesarias”, las políticas de empleo tienen un rol preponderante para luchar contra la pobreza, ya que esta se relaciona con los salarios sumergidos, la informalidad y las dificultades de acceso al mercado laboral.

“El porcentaje de hogares con menores a cargo, que en su mayoría tienen a mujeres jóvenes como jefas de hogar, es muy alto dentro del porcentaje de hogares pobres cuyos integrantes mayores tienen un empleo, que muchas veces es precario, inestable; entran y salen del mercado de trabajo, entran y salen de la informalidad. Eso es lo que está detrás de la pobreza”.

Por otro lado, “no hay nada que festejar” en materia salarial. De 41 meses que pasaron de este gobierno, en 36 el salario real estuvo por debajo del nivel que tenía en 2019, indicó.

En pleno año electoral el tema del empleo y el salario se metió de lleno en la discusión política, como muestra el intercambio sobre la informalidad entre el ministro Pablo Mieres y el precandidato Mario Bergara. El primero sostiene que la informalidad es menor con respecto a cuando gobernaba el Frente Amplio, y el segundo afirma que el 90% de los puestos generados en 2023 fueron informales. ¿Qué análisis hace sobre esta dimensión?

La trayectoria de la informalidad es una de las dimensiones de la calidad del empleo. Es una dimensión bien importante, pero no es la única. Creo que en los últimos tiempos sí se han dado algunos avances, es decir, nosotros teníamos previo a la pandemia una tasa del orden del 25%, lo que significaba unos 400.000 ocupados no registrados en la seguridad social.

Con la pandemia bajó fuertemente y llegó al entorno del 20%, pero por una mala razón. Y es que fueron los trabajadores informales los que perdieron el empleo primero; fueron ellos los más afectados. Esto no pasó sólo en Uruguay, sino en varios países de América Latina. El diferencial de Uruguay es que, a medida que se empezó a recuperar el empleo, y hoy tenemos niveles mayores a los de 2019, la tasa de informalidad empezó a subir, aunque todavía estamos en mejores niveles. Lo que empezamos a ver, y en particular en 2023, es que el promedio de la tasa de no registro a la seguridad social fue algo peor que el de 2022. Incluso en los últimos meses del año pasado prácticamente todo el empleo generado fue informal.

Por lo tanto, estamos en mejores niveles que los que teníamos prepandemia. Pero vale decir que no hubo políticas públicas para que eso sucediera. Este resultado ocurrió en un primer momento producto de la pandemia, y luego no se deterioró de manera tan rápida.

Sin embargo, creo que ese empeoramiento es una alerta que estamos viendo, dado que todavía tenemos alrededor de 350.000 ocupados no registrados. Esto debería ser motivo de preocupación también.

¿Qué evidencia este empeoramiento en el número de puestos de trabajos informales?

Por un lado, lo podemos ver como un proceso un poco natural: ante un mayor crecimiento del empleo, también aumentan los puestos informales. Pero remarco, esa baja en la informalidad (que ocurrió luego de la pandemia) no fue producto de una política pública. No fue algo en lo que se apostó.

Si queremos consolidar esa reducción de la tasa de no registro a la seguridad social, hay que emprender políticas para no quedarse en esa mejora que se dio. Hay que mirar el tema como una luz amarilla, porque si no impulsamos una consolidación de esa mejora, va a empezar a empeorar.

Mencionaba que la informalidad es uno de los factores que determinan la calidad del empleo, pero ¿qué otros inciden?

Otro factor son los ingresos percibidos por el trabajo. Esta es una dimensión que no podemos ver en los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), pero que calculamos en el instituto. Según los datos que tenemos, basados en la última información disponible, que va desde 2019 hasta 2022, se dio un empeoramiento en ese período producto de la evolución que tuvo el salario real, en particular en los trabajadores de menores ingresos.

Hay un mayor número de trabajadores con salarios sumergidos. Este concepto refiere a trabajadores que perciben menos de 25.000 pesos líquidos al mes; hay más cantidad de trabajadores en esta situación y están representando un porcentaje mayor del total de ocupados y asalariados. En las dos dimensiones encontramos una mayor cantidad de trabajadores con problemas de empleo, porque tienen salarios o ingresos que son bajos en comparación con la media nacional y con otros indicadores relevantes, como puede ser la línea de pobreza para un hogar medio.

Ese tipo de indicadores muestran que no hubo un avance, sino que, al contrario, los últimos datos muestran que estamos peor que antes. Esto es producto de la pandemia y también del accionar de las políticas públicas, porque justamente lo que tienen que hacer (los gobiernos) en las crisis es tratar de contrarrestar estos efectos.

Hay otros problemas, por ejemplo, asociados al acceso al empleo. Cuando abrimos los datos generales, empezamos a ver que no sólo no disminuyeron en este período, sino que en los momentos de pandemia se agravaron, como los datos de pobreza infantil. En hogares donde los jefes de hogar son jóvenes, mujeres jóvenes, eso se ve aumentado. Entonces, creo que esas son otras dimensiones de la calidad del empleo que capaz que no las vemos a nivel general, pero que persisten y que se han agudizado en algunos momentos.

Me parece que es más importante mirar cuáles son en materia de empleo las luces amarillas que tenemos hacia adelante. Por ejemplo, la creación de puestos de trabajo informales, o las brechas que sufren algunos colectivos, como los jóvenes, las mujeres o algunas zonas del territorio. Eso es lo que está detrás de otras problemáticas sociales. Entonces, me parece que está bueno mirar dónde estamos parados, pero reconocer también las luces amarillas en materia de empleo.

¿Y qué fue lo que sucedió en materia salarial?

He escuchado que tenemos un nivel de salario real que es mayor al que teníamos en 2019, pero me parece que más que mirar dos fotos estáticas hay que observar lo que pasó en el medio, mirar toda la película y todos los años.

De 41 meses que pasaron hasta ahora de esta administración de gobierno, en 36 el salario real estuvo por debajo del nivel que tenía en 2019. Recién en los últimos siete meses lo encontramos por encima. Eso es bien preocupante, porque arrastra otras variables como las jubilaciones, los ingresos de los trabajadores no asalariados, que están bastante vinculados a lo que sucede con el salario. Eso repercutió en el bienestar económico de los hogares durante todo este período. Entonces, me parece que hay muy poco para festejar, fundamentalmente porque la trayectoria del salario real está vinculada a la pandemia, pero lo está más a la política salarial del gobierno, dado que en Uruguay los salarios dependen mucho de lo que suceda con los trabajadores públicos y también con los lineamientos del Poder Ejecutivo para la negociación colectiva.

La política económica tiene mucho que ver con el salario y lo que hizo fue poner un freno a su crecimiento, incluso en aquellos sectores en que había condiciones de actividad para que pudiera crecer, e incluso en este momento en que la actividad económica superó los niveles prepandemia.

El gobierno planteó lineamientos para que el salario real llegara a los niveles de 2019 recién al final de la administración. Eso se logró porque hubo algunos sectores con mayor poder en la negociación colectiva, que pudieron romper con eso, pero también hubo una cantidad de sectores vulnerables que quedaron por el camino y no lo lograron romper. Me parece que tenemos dos situaciones bien distintas en el relato respecto al empleo, que hay que mirar igual las dificultades, y en cuanto al salario, creo que realmente hay muy poco para festejar.

¿Tienen estimado la pérdida salarial que hubo durante esos 36 meses?

Lo estimamos en algo más de un salario por persona, es decir, alguien que gana 40.000 pesos mensuales en esos 36 meses perdió algo más de ese salario. Es una pérdida que en principio es irrecuperable. Ahora volveríamos a los niveles salariales, a los que todavía en términos anuales no hemos regresado. (…) Pero lo cierto es que lo que pasó en el medio no lo recuperamos. Además, eso también está mirado desde una óptica media. Cuando lo empezamos a abrir, vemos que en los sectores más vulnerables, con menor poder de negociación, todavía están peor.

Con relación a los salarios más bajos, a los sectores que podríamos decir que tienen salarios más vulnerables, en este período de gobierno, y en particular después de la pandemia, no hubo una política que los priorizara con incrementos del salario mínimo nacional. Eso hace que, cuando abrimos la trayectoria media de salario real, que como decían no me parece que sea buena y que haya nada para festejar, encontramos que, también producto de la política salarial, los más perjudicados han sido los trabajadores de salarios más bajos.

¿Qué políticas debería impulsar el próximo gobierno para hacer frente a estas luces amarillas que menciona?

Creo que hay que trabajar en políticas específicas que apunten a mejorar las condiciones, la inserción de las poblaciones más vulnerables, de los jóvenes, de las mujeres y en algunas zonas del país, en particular de las personas con menores niveles de capacitación o educación formal, que son las que tienen más dificultades para acceder a los puestos de trabajo.

Ha habido algunas experiencias que se desarrollaron de manera transitoria durante la pandemia, que pueden mirarse para ver cómo mejorarlas hacia adelante. Hay un debate acerca de lo que podría ser alguna propuesta de empleo garantido por el Estado, en algún nivel de lo que fueron los jornales solidarios, los programas sociales de empleo, tanto nacionales como municipales, mejorando sus características y apostando no sólo a la inserción laboral; que ya no sea tan transitoria ni precaria, sino también a la capacitación de sus trabajadores. Y, obviamente, apuntalar el crecimiento para que se genere empleo de calidad.

Pero me parece que en particular tenemos un problema con la inserción laboral de los más jóvenes, de las mujeres, de las mujeres jóvenes y de quienes tienen bajos niveles de educación formal y de capacitación, que están en situación más desventajosa para alcanzarlos. Eso después se vincula con otros problemas sociales, como la pobreza y la pobreza infantil.

Me parece que en la inserción de esas poblaciones hay que trabajar con distintas políticas, de corto plazo, justamente para asegurar que puedan tener un empleo. Vemos que cada vez que hay llamados a los programas sociales de empleo se anota una gran cantidad de gente, entonces me parece que ahí hay algunas puntas para trabajar.

¿Qué acciones se pueden impulsar en materia de salarios sumergidos?

Desde la central sindical siempre se ha promovido mayores incrementos para los salarios más bajos. Ya previo a esta administración de gobierno, los propios lineamientos promovían incrementos más altos para esos salarios, mayores incrementos del salario mínimo nacional, y creo que también políticas que apuesten a la mejora de las condiciones de trabajo y a la productividad de aquellas empresas que efectivamente se sostienen porque cuentan con pagar salarios tan bajos.

Las acciones tienen que venir por dos lados. Por un lado, un impulso desde el gobierno a un mayor crecimiento de los salarios más bajos, en particular en sectores que están en condiciones de pagarlos, y hay un sedimento y un sostén, o mirar por qué hay sectores que en definitiva sobreviven sólo porque pagan esos niveles salariales, y ahí hay problemas de productividad. Este tema desata otros nudos que tienen que ver con problemas de crecimiento de la economía.

Creo que son políticas que van más allá de las transferencias, que obviamente son necesarias, en particular ante las situaciones de emergencia que pueden tener las personas, pero me parece que en definitiva estas políticas de empleo atienden las situaciones de pobreza. El porcentaje de hogares con menores a cargo, que en su mayoría tienen a mujeres jóvenes como jefas de hogar, es muy alto dentro del porcentaje de hogares pobres cuyos integrantes mayores tienen un empleo, que muchas veces es precario, inestable; entran y salen del mercado de trabajo, entran y salen de la informalidad. Eso es lo que está detrás de la pobreza.

Muchas veces se tiende a pensar que las personas pobres no trabajan, que están totalmente por fuera del mercado laboral. Sin embargo, hay un porcentaje importante de trabajadores ocupados que igualmente son pobres, y eso se explica por bajos niveles salariales, por la intermitencia de entrar y salir del mercado de trabajo o de la formalidad, y también por los problemas de inserción de esas personas.

Lo vemos también hoy en los programas de empleo, personas que quieren, están dispuestas a trabajar, pero no encuentran una inserción acorde a su oferta. Entonces, me parece que todas esas políticas de atender la situación de quienes están más vulnerables al enfrentarse al mercado de trabajo son, en definitiva, políticas que luchan contra la pobreza.

¿Qué desafíos visualiza el Cuesta Duarte en torno al mercado laboral de los próximos años, específicamente del próximo quinquenio o la próxima década?

Creo que son todos los que mencioné anteriormente. Hay que mejorar las condiciones, la inserción laboral de la población más vulnerable, brindar oportunidades de empleo para esa población. Creo que, en materia de empleo y desempleo, los principales problemas que tenemos tienen que ver con las diferencias que existen en las posibilidades que tienen las personas al momento de insertarse en el mercado de trabajo, y cómo en definitiva las primeras inserciones van marcando la trayectoria de las personas. Entonces, quienes tienen dificultades para ingresar al mercado de trabajo, para conseguir un empleo formal, terminan marcando toda su trayectoria laboral.

Creo que un tema fundamental es atender esas inequidades que son de larga data, que se agravaron con la pandemia, pero que hay que atender de manera urgente. Ese es un desafío importante.

En materia salarial también tenemos desafíos. Tenemos desafíos en mejorar los salarios más bajos y en disminuir las desigualdades. Hay que seguir avanzando en mejorar, modernizar y sofisticar la negociación colectiva, fundamentalmente incorporando mayor información, que es algo que se viene reclamando desde hace tiempo y los avances han sido muy pocos.