Uruguay se destaca en la región por su desempeño en materia de desarrollo sostenible en comparación con otros países de la región, pero todavía debe enfrentar desafíos pendientes para alcanzar mejores resultados, expresó en diálogo con la diaria el director adjunto del Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económio (OCDE), Federico Bonaglia.
Entre las cuentas pendientes, Bonaglia puso énfasis en “reducir la deserción escolar, el desempleo y la pobreza juvenil”. En cuanto a los retos más relevantes a los que se enfrenta el país, el jerarca de la OCDE mencionó “los resultados educativos comparativamente bajos teniendo en cuenta el nivel de renta del país, la débil integración global y la exposición a las perturbaciones climáticas”.
En su análisis Bonaglia recordó que “la pobreza en Uruguay se incrementó del 3,6% en 2016 al 4,3% en 2022, aunque se mantiene considerablemente por debajo del promedio de 24,1% registrado en América Latina y el Caribe (ALC). La pobreza extrema se incrementó ligeramente, del 0,2% en 2016 al 0,3% en 2022, pero está muy por debajo del promedio de ALC (8,3%)”. Por otra parte, “el coeficiente de Gini se incrementó de 39,7 en 2016 a 40,8 en 2021, manteniéndose por debajo del promedio registrado en los países de ALC (44,8)”, agregó.
A criterio del director adjunto del Centro de Desarrollo de la OCDE, “Uruguay podría acelerar algunas reformas relevantes, entre ellas: aprovechar el rol de los fondos de pensiones para invertir en sectores clave de la economía, simplificar los marcos regulatorios para facilitar el acceso de las pymes al mercado de capitales, diversificando las herramientas de financiamiento disponibles, continuar en la senda del desarrollo de la transformación de la economía basados en el conocimiento y la innovación”.
Pidió también “continuar con los esfuerzos de trazabilidad y de incluir estándares sociomedioambientales, ya que esto puede representar una ventaja comparativa para el país que los inversores podrían premiar”. Bonaglia citó datos del Banco Mundial y consideró que, “a pesar de su estabilidad económica y social, las limitaciones estructurales dificultan la capacidad del país para reducir las importantes disparidades”.
“Si bien se estima que sólo el 6% de la población es considerada pobre, por debajo de la línea internacional de pobreza de 6,85 dólares por persona por día, la tasa es dos veces mayor entre los niños, los adolescentes y la población afrodescendiente. La desigualdad de ingresos no se ha reducido en los últimos años, y el índice de Gini se mantiene en torno a los 40 puntos. Aunque se trata de uno de los niveles más bajos de América Latina, sigue siendo alto en comparación con otros países de fuera de la región”, acotó.
Bonaglia integró junto con Luis Cecchi la misión de la OCDE que visitó esta semana Montevideo para presentar el informe de Perspectivas Económicas para América Latina y el Caribe y lanzar un proyecto sobre el acceso de las pymes a los mercados de capitales.
¿Qué desafíos enfrenta Uruguay en materia de desarrollo sostenible? ¿Cómo calificaría la experiencia de Uruguay?
Uruguay se destaca por distintos aspectos positivos en comparación con otros países de la región, pero todavía debe enfrentar desafíos pendientes.
La pobreza en Uruguay se incrementó del 3,6% en 2016 al 4,3% en 2022, aunque se mantiene considerablemente por debajo del promedio, 24,1%, registrado en América Latina y el Caribe [ALC]. La pobreza extrema se incrementó ligeramente, del 0,2% en 2016 al 0,3% en 2022, pero está muy por debajo del promedio de ALC (8,3%). El coeficiente de Gini se incrementó de 39,7 en 2016 a 40,8 en 2021, manteniéndose por debajo del promedio registrado en los países de ALC (44,8).
Por lo que se refiere a los indicadores de inversión y transformación productiva, la inversión total en Uruguay aumentó del 16,9% del PIB en 2016 al 18,5% en 2022, siguiendo la tendencia del promedio de ALC, que aumentó del 20,8% al 21,3% en el mismo período. La inversión privada, sin embargo, descendió en Uruguay, del 15,0% del PIB al 12,0%, de manera que sigue cayendo por debajo del promedio de ALC (15,8% en 2019). La productividad laboral de Uruguay, medida con respecto a la producción de Estados Unidos por persona empleada, descendió del 39,0% en 2016 al 38,0% en 2023, aunque se mantiene considerablemente por encima del promedio de ALC, del 27,1% en 2023.
Uruguay podría acelerar algunas reformas relevantes, entre ellas: aprovechar el rol de los fondos de pensiones para invertir en sectores clave de la economía; simplificar los marcos regulatorios para facilitar el acceso de las pymes al mercado de capitales, diversificando las herramientas de financiamiento disponibles; continuar en la senda del desarrollo de la transformación de la economía basados en el conocimiento y la innovación; continuar con los esfuerzos de trazabilidad y de incluir estándares sociomedioambientales, ya que esto puede representar una ventaja comparativa para el país que los inversores podrían premiar; además, seguir trabajando en reducir la deserción escolar y el desempleo y la pobreza juvenil.
¿Cómo se encuentra Uruguay en comparación con el resto de la región?
Uruguay se ha esforzado en atraer y movilizar inversión de alta calidad, enfocándose en proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Estableció el Uruguay Innovation Hub para atraer inversiones de alto valor agregado, acelerar proyectos empresariales, crear laboratorios abiertos y un campus de innovación, creando un fondo de financiamiento público-privado para empresas emergentes. Desde 1998 promueve inversiones a través de la Ley 16.906 de promoción de inversiones, impulsando 708 proyectos hasta 2022 por cerca de 1.200 millones de dólares en los sectores industrial, comercial, de servicios, agrícola y turístico.
Además, cuenta con una visión clara y un marco de regulación estable que tiene efectos positivos para la atracción de inversiones. El país se está embarcando en su segunda transición energética tras haber logrado producir más de un 95% de su electricidad a partir de fuentes renovables (hídrica, eólica, biomasa y solar) en la primera. Esta segunda transición busca la descarbonización del sector industrial y el transporte, y cuenta con tres pilares principales: proseguir con la integración de la generación de nuevas energías renovables en su matriz energética, promover la movilidad eléctrica y desarrollar el hidrógeno verde y sus derivados. En 2022 Uruguay estableció una Hoja de Ruta de Hidrógeno Verde y sus Derivados con metas a corto, mediano y largo plazo, incluyendo soluciones de transporte pesado, combustibles sintéticos y fertilizantes verdes. Para guiar este proceso, el país creó el Programa H2U.
Según el Banco Mundial, a pesar de su estabilidad económica y social, las limitaciones estructurales dificultan la capacidad del país para reducir las importantes disparidades. Si bien se estima que sólo el 6% de la población es considerada pobre, por debajo de la línea internacional de pobreza de 6,85 dólares por persona por día (PPA de 2017), la tasa es dos veces mayor entre los niños, los adolescentes y la población afrodescendiente. La desigualdad de ingresos no se ha reducido en los últimos años, y el índice de Gini se mantiene en torno a los 40 puntos. Aunque se trata de uno de los niveles más bajos de América Latina, sigue siendo alto en comparación con otros países de fuera de la región.
Los resultados educativos comparativamente bajos teniendo en cuenta el nivel de renta del país, la débil integración global y la exposición a las perturbaciones climáticas son algunos de los retos más relevantes a los que se enfrenta el país.
La Unesco considera que los datos sobre la efectividad de la política educativa muestran una tendencia creciente en los principales indicadores, aunque también la persistencia de ciertos rezagos en el acceso, la permanencia y la culminación de la escolaridad. Aún se observan desigualdades por condiciones socioeconómicas del hogar y lugar de residencia, fundamentalmente en la educación media y superior.
La institución destaca, en el Plan de Desarrollo Educativo 2020-2024, que los principales problemas que enfrenta la política educativa son: la existencia de niveles de aprendizaje insuficientes para gran cantidad de estudiantes y signos de inequidad educativa que comprometen la construcción de una sociedad justa e inclusiva, así como la capacidad de los sectores más desfavorecidos de integrarse a ella.
Por otro lado, Uruguay participa desde 2003 en el programa PISA. La información detallada y comparada que brinda el programa sobre los resultados educativos puede proveer información valiosa para informar las políticas en la materia en Uruguay.
Finalmente, según el Fondo Monetario [Internacional], la aplicación de una reforma educativa es fundamental para proporcionar el capital humano que Uruguay necesita a mediano plazo para fomentar la adopción de tecnologías innovadoras y aumentar la productividad. La reducción de la brecha de género podría contribuir a mejorar las perspectivas de crecimiento a largo plazo. Reforzar el gobierno corporativo de las empresas estatales podría mejorar aún más su gestión y eficiencia.
Federico Bonaglia.
Foto: Ernesto Ryan
En mayo de 2023, en el Comité de Relaciones Globales de la OCDE hubo una discusión sobre candidatos potenciales para ingresar como miembros plenos y en varias ocasiones se mencionó a Uruguay. ¿Qué posibilidades tiene Uruguay de ingresar como miembro pleno? ¿Qué acciones debería realizar?
En primer lugar, el ingreso de un país a la OCDE necesita dos condiciones. La primera es que los países de la OCDE inviten a un país a ser miembro. Y de otro lado, que el país esté interesado en serlo. En este momento, lo que nosotros vemos es que no hay una invitación a Uruguay de ser miembro de la OCDE, pero hay un interés de los países de la OCDE a trabajar más con Uruguay.
Uruguay es miembro del Centro de Desarrollo [de la OCDE] desde 2015, donde están 54 países, y participa también en los trabajos en áreas de política tributaria y de inversión.
Hay un interés de los países de la OCDE en fortalecer las relaciones con América Latina en el marco de la estrategia de relaciones globales.
La accesión es un proceso largo que requiere una invitación de los países OCDE para empezar el proceso.
Tres países de América Latina (Brasil, Perú y Argentina) fueron invitados a empezar un proceso de accesión. Argentina aceptó la hoja de ruta en el marco de la reunión ministerial de la OCDE el 2 de mayo.
Hay otras maneras de acercarse a la OCDE y de profundizar las relaciones. Por ejemplo, participar en comités o desarrollar un programa país como lo pidió Paraguay. Varios países miembros de la OCDE estarían interesados en profundizar la relación entre la OCDE y Uruguay.
¿Cómo se encuentra América Latina en materia de desarrollo sostenible?
La actividad económica en ALC se ha desacelerado en 2023. Tras la contracción causada por la pandemia de la covid-19, el crecimiento del producto interno bruto [PIB] de la región había repuntado en 2021 hasta superar el 6%.
Esta expansión se debió fundamentalmente al estímulo fiscal y monetario, a la mejora de las condiciones externas y a un efecto base. Después, las condiciones externas se tornaron menos favorables, las transferencias públicas se redujeron, la política monetaria se endureció y los efectos de la reapertura de las economías se disiparon. En 2022, el PIB de ALC creció casi un 4% en promedio, y la mayoría de los países de la región recuperaron los niveles de producto previos a la pandemia. Sin embargo, la desaceleración de la actividad económica en 2023 sugiere que ALC está volviendo a los niveles bajos de crecimiento observados antes de la pandemia.
Este descenso obedece a debilidades estructurales internas persistentes que limitan el crecimiento potencial de la región. La coyuntura global también está dificultando el crecimiento en los países de ALC. Las perspectivas de la economía mundial siguen siendo débiles, con condiciones monetarias y fiscales más restrictivas en todas las principales economías, así como una recuperación menos potente de lo previsto en la República Popular China.
Las condiciones socioeconómicas siguen siendo difíciles. Los niveles de pobreza y pobreza extrema se mantienen similares a los de antes de la pandemia en más de la mitad de los países de la región. En 2022, el 29% de la población de ALC vivía en la pobreza y el 11,2% estaba en situación de pobreza extrema. El aumento de la inflación socavó el poder adquisitivo. El efecto negativo de la inflación fue considerablemente más acentuado para los hogares en situación de pobreza extrema, que tuvieron que afrontar un aumento medio de los precios 4,1 puntos porcentuales más alto que el promedio de los hogares.
¿Qué pueden hacer los gobiernos ante esta situación?
La estructura productiva en ALC se caracteriza por niveles bajos de productividad, que han permanecido así durante décadas, lo que ha llevado a que la brecha de productividad con las economías avanzadas continúe ampliándose. En 2023 la productividad laboral en ALC representaba un 27% de la de Estados Unidos, frente a cerca de un 40% a principios de la década de 1980.
Uno de los principales desafíos para dar respuesta a esta situación es la persistencia de altos niveles de informalidad laboral, que se traducen en salarios más bajos y falta de acceso a la protección social. Antes de la pandemia, el 42,8% de la población de la región vivía en hogares que dependían exclusivamente del empleo informal y el 21,8% pertenecía a hogares mixtos, es decir, hogares con trabajadores formales e informales. Por lo tanto, dos tercios de la población de la región dependían total o parcialmente del empleo informal, aunque con importantes variaciones entre países.
Para cambiar la senda de crecimiento, los países necesitan superar desafíos estructurales e invertir más en sus sistemas educativos y de protección social. En ese sentido, la transformación productiva es fundamental y requiere aumentar la productividad. Para lograr esto es necesario aplicar un conjunto de políticas que incluyan temas de competencias, inversiones en investigación y desarrollo e infraestructura. Una mejor integración regional también puede promover estos objetivos.
En primer lugar, un mayor crecimiento de la productividad –basado en un aumento y una mejora de la calidad de la inversión– debería ser prioritario para reducir la brecha con las economías desarrolladas.
La productividad laboral en la región de ALC, en comparación con la de Estados Unidos, explica prácticamente la totalidad de la brecha del PIB per cápita entre ambas economías. Los países que han conseguido reducir esa brecha y aumentar su productividad han diversificado su economía hacia actividades más intensivas en tecnología y conocimiento en todos los sectores. Esto se ha logrado gracias a una inversión suficiente en capital físico y humano, así como implementando políticas decididas de desarrollo de la producción que han contribuido a la modernización, diversificación y transformación estructural de estas economías.
Se necesita inversión en investigación y desarrollo (I+D) para transformar la estructura productiva de ALC. En segundo lugar, es necesario promover una mayor integración regional y estrategias de transformación productiva para impulsar nuevas oportunidades de desarrollo. La dependencia de ALC de la producción internacional y su débil integración regional quedaron en evidencia como consecuencia de las disrupciones sin precedentes causadas por la pandemia de la covid-19 en los sistemas comerciales y productivos mundiales. La magnitud de la crisis y la capacidad de reacción de los países dependen en gran medida de la estructura productiva de sus economías y de la participación de las empresas en las cadenas de valor regionales y globales. En este contexto, el desarrollo de políticas industriales y productivas más fuertes a nivel intrarregional es esencial para que la región pueda fortalecer las capacidades existentes y generar otras nuevas en sectores estratégicos.
En tercer lugar, los países necesitan fortalecer los sistemas de protección social, aprovechando también las innovaciones adoptadas durante la pandemia, para una recuperación inclusiva y sostenible. La protección social en la región de ALC necesita mecanismos de financiación más fuertes, flexibilizando las cotizaciones sociales con una mezcla de aportes no contributivos, contributivos y voluntarios. La mejora de los regímenes de protección social para apoyar a las personas mayores, tanto en términos de cobertura de pensiones como de asistencia sanitaria, es clave en sociedades cada vez más envejecidas.
En cuarto lugar, es clave poner en marcha políticas que reduzcan las desigualdades en educación y que promuevan la adquisición de competencias.
¿Qué rol juega la transición hacia una economía más verde en el crecimiento de la región?
Una transición verde puede promover un desarrollo más justo y sostenible y un mayor bienestar para la ciudadanía en ALC. Para ello, será necesario adoptar una agenda ambiciosa de políticas públicas, en un contexto regional y global complejo. Una transición verde que sea justa debe venir acompañada de políticas que permitan transformar las matrices energéticas y productivas en la región, promoviendo el desarrollo de nuevos sectores económicos más sostenibles que permitan la creación de empleos de calidad, apoyando en particular a aquellos trabajadores y hogares que puedan verse afectados negativamente en el proceso de transición. Para hacer posible esa transición verde y justa, será necesario movilizar cuantiosos recursos financieros. Esto implica repensar los sistemas tributarios y la política fiscal en general, así como el desarrollo de nuevas herramientas y estándares para fortalecer las finanzas verdes. Finalmente, una transición verde y justa exigirá alcanzar amplios consensos entre los diferentes grupos de ingresos, las generaciones y los territorios, en torno a un nuevo contrato social en el que la sostenibilidad sea un eje central. Igualmente, avanzar en esa transición verde requerirá repensar y reforzar las alianzas a nivel regional e internacional.