Hacen falta estrategias para que 800.000 personas puedan salir de una situación de “default”

Buena parte de la población uruguaya enfrenta un “serio problema de endeudamiento”, que expone especialmente a los sectores más vulnerables a una mayor probabilidad de default (falta de pago)”, señalaron en diálogo con la diaria las economistas Graciela Sanromán y Lucía Bertoletti. Esto obedece a que se trata de un sector que está expuesto a tasas de interés mayores, lo que puede “atraparlo” en un ciclo de endeudamiento que “exacerba las desigualdades sociales”. Así lo señala la investigación “Deuda por consumo y pobreza: la brecha de riesgo de impago”, realizada por ambas especialistas junto con Fernando Borraz y publicada a fines de mayo.

“Lo más importante es que encontramos que la probabilidad de falta de pago, a la que nosotros llamamos default, y que consiste en tener un atraso de más de 90 días en el cumplimiento de una obligación, es alta y en particular en los sectores de la población más vulnerable. Esto se debe a que, por un lado, tiene mayor riesgo, y por otro lado paga tasas de interés más altas”, afirmó Bertoletti.

Según el estudio, a diciembre de 2023 un total de 801.764 personas estaban en situación de default. Esto implica que uno de cada tres adultos uruguayos enfrenta más de 90 días de atraso en sus deudas. Sanromán indicó que de ese total de personas que se encuentran en esa situación de impago, unas 191.280 corresponden a la población vulnerable, que es atendida por programas sociales del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). “Hay una franja de 122.330 personas en esta cifra que pueden ser vulnerables y no vulnerables y están en situación de impago y, por lo tanto, en el clearing, por deudas de importes pequeños. Se trata de personas con deudas, en su origen, inferiores a 8.000 pesos”, agregó.

En el estudio se afirma que “si bien las prácticas de préstamos responsables y las decisiones de endeudamiento informadas pueden conducir a resultados positivos, las tasas de interés elevadas pueden atrapar a las personas en un ciclo de endeudamiento, erosionando su seguridad financiera y exacerbando potencialmente las desigualdades sociales”.

Asimismo, se advierte que en los últimos 30 años se ha producido un aumento significativo del endeudamiento de los hogares. “Este fenómeno puede atribuirse en parte a la creciente aceptación del crédito como herramienta para gestionar las fluctuaciones financieras y garantizar un nivel de vida estable, incluso ante gastos imprevistos o interrupciones de los ingresos. Sin embargo, es crucial reconocer que el crédito al consumo sólo es beneficioso en ciertas ocasiones, y su idoneidad como producto financiero varía considerablemente según los distintos segmentos de la población”.

En otras palabras, el objeto del estudio fue analizar las posibles “trampas de la deuda” con tasas de interés elevadas y sus efectos perjudiciales sobre el bienestar personal y la movilidad económica. “A través de un análisis crítico de los conjuntos de datos a nivel individual, este documento pretende arrojar luz sobre la compleja relación entre los préstamos al consumo y las vidas individuales, suscitando un mayor debate y promoviendo prácticas de préstamo responsables y decisiones de endeudamiento informadas”, sostuvieron los investigadores en el documento.

Sobre el estudio

Con respecto al enfoque del estudio, Sanromán explicó que la investigación comenzó con información que sugería que podían existir problemas con respecto al endeudamiento de los uruguayos. Es por esta razón que se buscó cruzar los datos que dispone el Banco Central (BCU) sobre este tema con cifras correspondientes a las personas que solicitan y tienen programas sociales del Mides. “Nos pareció interesante poder estudiar las distintas dimensiones del tema utilizando estos datos y poniendo el foco en el endeudamiento de la población vulnerable”, afirmó.

La investigadora explicó que en el estudio no se pudo observar si las personas no pagan sus deudas porque no pueden o porque no quieren hacerlo. “Nosotros no observamos por qué la persona no paga su deuda. Lo que sí observamos es que no lo está haciendo. Podría ser que algunas personas no puedan pagarlo y otras decidan no hacerlo. Lo que sí pudimos observar es qué personas están en situación de impago y cuáles no. Y justamente este primer trabajo que estamos haciendo apunta a la brecha en la probabilidad de impago entre la población vulnerable y el resto de la población”, explicó.

Asimismo, en el estudio se distingue entre dos tipos principales de instituciones financieras que ofrecen créditos al consumo: los bancos y las empresas administradoras de préstamos. “Los primeros tienen como clientes principalmente a personas de ingresos medios y altos, con mayores barreras de entrada, y las segundas otorgan créditos más rápidamente y con menos exigencias, aunque a una tasa de interés más alta. Por lo tanto, las personas con bajos ingresos suelen encontrar la solución a sus necesidades de financiamiento en las empresas prestamistas”, advierte el estudio.

Cifras

Para realizar el estudio, los investigadores consideraron el período comprendido entre enero de 2014 y abril de 2023, ya que los préstamos de las administradoras de crédito no están disponibles antes de 2014. En el documento se señala que alrededor de 2,5 millones de individuos han tenido al menos una deuda de consumo durante el período analizado (la población uruguaya ronda los 3,4 millones). Además, el 49% de los deudores ha incumplido al menos una vez con los pagos.

Entre enero de 2014 y diciembre de 2023 alrededor de 70% de los deudores vulnerables tuvieron deudas con administradoras de crédito. Asimismo, entre enero de 2014 y diciembre de 2023 alrededor de 80% de los deudores vulnerables tuvieron alguna vez un atraso de más de 90 días. El monto promedio del crédito difiere significativamente entre individuos no vulnerables y vulnerables. Los individuos no vulnerables obtuvieron un monto promedio de crédito de 30.242 pesos, en comparación con aproximadamente 20.000 pesos para el grupo vulnerable y 17.000 para el grupo altamente vulnerable. Por otra parte, la proporción de préstamos impagos para los individuos no vulnerables es de 20,7% de los créditos, para los individuos del grupo vulnerable 46% y para los del segmento altamente vulnerable 59%.

El rol de los bancos y prestamistas

Ambas investigadoras coincidieron en que los bancos y las administradoras de crédito juegan un rol clave en la situación de impago de los distintos sectores de la sociedad. “Vemos que la población vulnerable tiene más probabilidad de estar endeudada con administradoras de crédito, que son las que cifran las tasas de interés más altas. Producto de la maximización de beneficios, los bancos tienden a fijar unas tasas que están muy por debajo de lo que sería el límite de usura, y las administradoras fijan las tasas de interés en lo que es el límite de usura; ahí es donde maximizan los beneficios”, dijo Bertoletti.

Por su parte, Sanromán explicó que, como los bancos ponen más requisitos para otorgar créditos, las personas más vulnerables, que suelen tener un trabajo informal, no pueden acceder a ellos. “También por el perfil del crédito de esta población. Para los bancos no es rentable prestar a personas con este perfil de riesgo”, agregó.

En la investigación se observa que el mercado de crédito al consumo en Uruguay es “asimétrico”, ya que está “concentrado” en el lado de la oferta (bancos y administradoras de crédito) y hay dispersión de precios, mientras que los consumidores no tienen “posibilidad de negociación” en el lado de la demanda.

En términos generales, el 83% de las personas que están al día tienen vínculos con los bancos, mientras que el 36%, con administradoras de crédito, se afirma en el estudio. Durante el período analizado, la tasa de interés bancaria se sitúa en torno al 56%, mientras que la de las empresas prestamistas ronda el 130%.

Un problema “serio”

Por otro lado, Sanromán indicó que “hay un problema serio” respecto de la cantidad de personas que están en situación de falta de pago. “Estas 800.000 personas que están en situación de impago enfrentan consecuencias negativas en muchos ámbitos; por ejemplo, un contrato de telefonía fija o internet, o el acceso a garantías de alquiler”, reflexionó.

Sin embargo, indicó que, si se observan las cifras agregadas, el peso del crédito al consumo respecto al PIB es “bajo”. “Uruguay no tiene una economía en donde podamos decir que hay un problema de sobreendeudamiento generalizado en términos de magnitudes del crédito. En nuestro estudio no vemos señales de que haya un inconveniente para la estabilidad financiera o un problema generalizado de sobreendeudamiento, creemos que incluso hay margen para aumentar el crédito al consumo”, remarcó a este respecto. En ese sentido, según indica el estudio, la suma de las deudas de los deudores en default representa un 13,8% de la cartera total de créditos al consumo del sistema financiero. Para los bancos este porcentaje es de 7,4%, en tanto que para las administradoras de crédito asciende a 32,2%.

Soluciones

Sanromán consideró que es tiempo de que los bancos y las administradoras de crédito, junto con el Estado, piensen estrategias para que las personas puedan salir de esta situación de default. El objetivo del trabajo fue buscar alternativas para resolver el problema del endeudamiento, ya que “difícilmente” el mercado les ofrezca una solución a estas personas que están en situación de pobreza, agregó.

“Se les transfiere, ya sea por el programa de Asignaciones Familiares como por la tarjeta Uruguay Social, la misma cantidad de dinero todos los meses, y puede pasar que estas personas enfrenten una dificultad, ya sea que se les rompa un electrodoméstico, que tengan que comprar un abrigo, o cuestiones que generen un poco más de restricción con respecto a los ingresos, y tienen que recurrir a estas soluciones del mercado a tasas excesivamente altas que a la larga no pueden pagar.

“Entonces, nuestra propuesta es que el Mides piense alguna herramienta para que estas personas puedan acceder a créditos a tasas razonables, como complemento de la política de transferencias monetarias que realiza el ministerio”, afirmó la especialista, y enfatizó que debería haber préstamos impulsados por el Estado.

Acceso a la información

En la misma sintonía, Bertoletti dijo que se debe mejorar el acceso a la información mediante el diseño de una política pública. “Hay que garantizar el derecho al acceso a la información y también lograr que sea clara para las personas. Propusimos una herramienta similar a PreciosUy,¹ pero que permita comparar las tasas de interés. Además, creemos que hay espacio para discutir y revisar cómo se fijan las tasas máximas de interés”, indicó.

Las investigadoras consideran que se debe asegurar el derecho que tienen las personas a ser informadas sobre su situación. Como ejemplo, sugieren el envío de un telegrama colacionado de aviso antes de reportar al clearing o del pasaje a la categoría 5 del BCU, que incluye a los llamados “deudores irrecuperables”. Además, recomendaron incorporar la figura de “bancarrota” de las personas físicas y fomentar la educación financiera.