En el marco de la Octava Conferencia sobre flujos financieros ilícitos-Crisis múltiples y gobernanza fiscal global, organizada por Financial Transparency Coalition, la Fundación Ses y Latindadd en Buenos Aires, el martes, el exsubsecretario de Economía y Finanzas Pablo Ferreri participó en un panel denominado “Cerrar los paraísos fiscales: el ABC de la transparencia financiera”. Ferreri integra el Comité de Expertos de Naciones Unidas para la Transparencia Fiscal en América Latina y el Caribe, y elaboró para Latindadd el informe “Un camino hacia la transparencia y el combate al abuso fiscal en América Latina”1.
Bajo el título “Un mundo de grises”, presentó una ponencia que comenzó señalando “lo que está detrás de la necesidad de mayores niveles de transparencia fiscal en el combate a los flujos ilícitos”.
El exsubsecretario dijo que en la década de los 90 y principios de los 2000 hubo en la región “una reducción importante en términos de niveles de pobreza”, pero el continente “sigue teniendo importantes niveles, en el entorno del 30%, eso no ha variado, se transforma en un tema estructural, y hoy tenemos, si ponemos toda la región, en el entorno de 200 millones de pobres y 72 millones de indigentes”. Ferreri aclaró que esta cifra se da a pesar de que el gasto público “ha aumentado en porcentaje” con respecto al PIB [Producto Interno Bruto] en las últimas décadas, pero “no ha aumentado a los niveles necesarios para poder llevar adelante todas las políticas públicas que nuestra región requiere en materia de salud, educación, vivienda”.
También señaló que el Índice de Gini ha descendido, “por tanto, los niveles de desigualdad en el continente han mejorado con respecto al pasado, pero seguimos siendo la región más desigual del mundo”. Luego mostró cómo evolucionó el patrimonio de los milmillonarios en América Latina: “453.000 millones de dólares en manos de los milmillonarios”, pero, a su vez, destacó que si bien con la pandemia por covid-19 “todos cayeron por igual” en cuanto a la variación relativa de la riqueza, la salida de la pandemia ha sido un período “mucho más próspero para los milmillonarios, para los ricos en general, que para el conjunto de la población”. “Esto tiene una explicación central, creo yo: América Latina, en general, salvo excepciones, recauda poco y recauda mal. ¿Qué quiero decir con esto? Tiene sistemas tributarios diseñados para generar cargas tributarias bastante inferiores a lo que son las cargas de los países desarrollados”, afirmó Ferreri.
Enseguida, mostró una diapositiva que daba cuenta de que “la presión tributaria promedio de la OCDE [Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico] es del 34%, mientras que la de América Latina en promedio no llega al 22%”. “Estos son 12 puntos del PIB que podrían utilizarse para generar políticas públicas”, sostuvo.
Por otro lado, Ferreri también mostró por qué “se recauda mal” en América Latina, ya que “en general el peso está sobre los impuestos indirectos, que son los menos progresivos o más regresivos”, en tanto en la OCDE, “la diferencia central está en los impuestos sobre las rentas de las personas físicas y en las contribuciones a la seguridad social”.
“Este es el problema de fondo. América Latina recauda poco, recauda mal y, por tanto, no tiene sistemas tributarios que contribuyan a través del cobro de impuestos a mejorar los niveles de igualdad y no recauda lo suficiente como para poder luego contribuir a la reducción de la desigualdad y al combate a la pobreza a través del gasto público. Se requieren más recursos, se requiere que la tributación sea más justa y la forma es por los impuestos directos, por la tributación a la riqueza. Ahora bien, ¿América Latina está preparada para poder cobrar más impuestos a la riqueza?”, inquirió.
Un mundo de grises
Para Ferreri, “reformar las administraciones tributarias para que hagan su trabajo como lo tienen que hacer, y después, cuando empiezan a hacerlo, que se enfrenten las consecuencias, requiere, antes que nada, voluntad política”. De este modo, “para recaudar más y mejor es necesario mejorar el diseño tributario para gravar más la riqueza y es necesario reducir la evasión, para lo cual es fundamental mejorar la transparencia y el combate al abuso fiscal”, añadió.
Este es el problema de fondo. América Latina recauda poco, recauda mal y, por tanto, no tiene sistemas tributarios que contribuyan a través del cobro de impuestos a mejorar los niveles de igualdad y no recauda lo suficiente como para poder luego contribuir a la reducción de la desigualdad y al combate a la pobreza a través del gasto público.
El exsubsecretario dijo que la gestión de impuestos a la riqueza “requiere de altos niveles de acceso a la información, de transparencia y de cooperación internacional”. En este sentido destacó que en las últimas décadas “ha habido avances”, “se han firmado infinidad de acuerdos de intercambio de información”, pero “¿qué pasa en la realidad?”. Para responder a esta pregunta Ferreri puso como ejemplo que en 2022 hubo “aproximadamente 700 pedidos de intercambio de información entre administraciones tributarias de América Latina”, lo que representa “una cifra que casi multiplicó lo que se había pedido en 2021”. No obstante, “de esos 700 pedidos”, el 90% fue hecho a tres países: Argentina, Colombia y México; “el resto de América Latina hizo aproximadamente 70 pedidos. Un mundo de grises”.
“Hemos generado acuerdos regionales para utilizar la información tributaria para combatir otros delitos, como la corrupción o el enriquecimiento ilícito. Fui corredactor de ese acuerdo regional que es la Declaración de Punta del Este, que se firmó en el año 2018 y fue un muy buen avance. A partir de ahí se han generado cosas. Ahora, nuestros países no están utilizando la información tributaria de manera intensiva para combatir otros delitos, como el caso de la corrupción. América Latina tiene en casi todos sus países establecido el delito fiscal. Ahora, yo les pregunto: en sus países, ¿cuántos procesados penales hay por delito fiscal? Probablemente la respuesta, en casi todos los casos, sin ninguna excepción, sea cero. Cero. Un mundo de grises”, continuó Ferreri.
Ferreri también hizo hincapié en que las administraciones tributarias han mejorado, pero eso “no se condice con los niveles de evasión” que existen. “Tenemos incipientes niveles de coordinación regional. Recién estamos avanzando en estos aspectos. Creo que es mucho lo que hay que hacer”, añadió y dijo que una hoja de ruta hacia la transparencia debe tener tres pilares: “avances normativos, institucionalidad y gobernanza, y cambios en la gestión del control”. Con respeto al primer pilar, dijo que hay que “mejorar el acceso a la información financiera y bancaria doméstica”, y comentó los avances que se dieron en Uruguay, donde, hasta 2010, “la administración tributaria uruguaya no tenía acceso a la información bancaria”.
“Deberíamos tener un acceso más fluido; el acceso a los registros de beneficiarios finales. Incluso hay tendencias hoy que hablan de que estos registros de beneficiarios finales sean públicos. Es todo un debate a tener. Es necesario generar más sujetos del sector privado obligados a suministrar información. Esto se vincula no sólo a los aspectos tributarios, sino al combate al lavado de activos. Los profesionales que intervienen en transacciones económicas deben generar más reportes de operaciones sospechosas para que puedan actuar los organismos de control. Es necesario endurecer y aplicar de manera más intensa el delito tributario. Si la evasión al final del día se arregla con plata, la ecuación riesgo-beneficio genera incentivos importantes a seguir evadiendo”, expresó Ferreri.
También dijo que hay que avanzar en “desincentivar tributariamente la utilización de sociedades de baja o nula tributación”, “mejorar estadísticas y estudios de evasión”, “avanzar en inspecciones conjuntas o simultáneas de grupos multinacionales por distintas administraciones de la región” y capacitar los recursos humanos de los organismos. “La construcción de mejores bases de activos y el acceso a bases privadas es un paso central fundamental para poder avanzar en lo que tiene que ver con un impuesto a la riqueza neta. No podemos poner un impuesto a la riqueza neta si no sabemos cuánto valen los activos. En este momento nosotros estamos terminando lo que es un borrador de una propuesta de un impuesto a la riqueza neta en el subcomité de Naciones Unidas y actualmente estamos trabajando también en una legislación modelo, que seguramente en los próximos meses quedará aprobada”, concluyó.
Junto a Ferreri, también expusieron Florencia Lorenzo, investigadora de Tax Justice Network, organización que viene generando desde 2009 el Índice del Secreto Financiero y, desde 2019, el Índice de Guaridas Fiscales Corporativas; Lorena Cori Santos, de la Fundación Ses; Livi Gerbase, del Centro de Investigación y Responsabilidad Fiscal Corporativa Internacional; y, de manera virtual, estuvo Francis Kairu, de Tax Justice Network Africa.
Luis Rómboli, desde Buenos Aires