Entrevista con Jimena Pardo: propuesta alternativa sobre seguridad social incluye cobertura universal y reforma de otras cajas

La pulseada entre el gobierno y el PIT-CNT en torno a la seguridad social llega a su punto más álgido y algunos especialistas buscan una tercera vía que enriquezca ambas posiciones. La economista y experta en el tema Jimena Pardo dijo a la diaria que es necesario buscar otras alternativas, dado que las dos posiciones esgrimidas hasta el momento no responden a todos los desafíos asociados a la seguridad social.

La economista propuso varias acciones alternativas, entre ellas flexibilizar la edad de jubilación, asegurar una cobertura universal y mejorar la situación de los trabajadores independientes. Además, sugirió centralizar la administración del ahorro individual en una entidad estatal, manteniendo beneficios para los aportantes. Por otro lado, destacó la necesidad de promover una reforma integral que también abarque otras cajas, como la militar, para garantizar una transición equitativa y sostenible.

Con respecto a la ley de seguridad social actual, impulsada por el gobierno, la economista afirmó que si bien “tiene algunos avances”, en tanto impulsa la equidad entre sistemas, conserva “muchos problemas” porque, por un lado, “pone muy escasas excepciones al aumento de la edad a 65 años” y, por el otro, “los incentivos a las AFAP acentúan cosas que ya funcionan mal”.

Para Pardo, tampoco se avanzó en asegurar una cobertura universal para quienes llegan a los 70 años sin tantos años de aportes reconocidos y, además, se deja afuera a trabajadores independientes y monotributistas, quienes carecen de acceso a beneficios como el seguro de desempleo.

Sobre la consulta popular, la economista expresó preocupación porque las propuestas no sean cumplibles y generen problemas de equidad, afectando principalmente a trabajadores de menores ingresos y a mujeres. Además, cuestionó la eliminación del ahorro individual, ya que el envejecimiento de la población uruguaya requiere una combinación de financiamiento público y privado.

¿Qué desafíos y complicaciones cree que presenta la actual ley de seguridad social que fue impulsada por este gobierno?

Aunque la ley tiene algunos avances, sobre todo en términos de la convergencia –porque impulsa la equidad entre los sistemas y focaliza un poco mejor los subsidios a los menores ingresos–, tiene muchos problemas. Por ejemplo, establece el aumento de la edad a 65 años y pone casi muy escasas excepciones. Además, algunos incentivos que impone a las AFAP acentúan algunas de las cosas que ya funcionaban mal. Por lo tanto, la ley toma definiciones que no están del todo atinadas.

Además, tiene otra cantidad de aspectos en los que, en realidad, no avanzó. Por ejemplo, no avanzó en asegurar una cobertura universal para todo aquel que llegue a los 70 años sin 15 años de aportes reconocidos. Tampoco avanzó en otros temas que están pendientes desde hace mucho y que yo entiendo que son importantes, como, por ejemplo, las formas de aportación y los derechos a los que acceden los trabajadores independientes, unipersonales, monotributistas, profesionales que facturan, que, por ejemplo, no tienen derecho hoy en día a un seguro de desempleo ni necesariamente a los mismos accesos a la salud que los dependientes.

¿Qué opina sobre la consulta popular que se está impulsando de cara a octubre?

Se basa en algunas premisas que, entiendo, son compartibles. Yo también coincido en que la edad es un problema que hay que solucionar y entiendo que está bueno subir las jubilaciones mínimas, pero creo que eso que se propone con el articulado que se promovió no se va a lograr. Entonces, es una promesa que no se va a cumplir y que además trae nuevos problemas que no tienen que ver sólo con que requiere muchísimos recursos para ser financiada, que son excesivos a mi gusto si uno quiere destinar dinero a otros temas prioritarios, incluso dentro del propio sistema, pero además crea otros nuevos y lo que gasta, en realidad, lo hace generando problemas de equidad.

Por ejemplo, ¿quiénes son los que podrían llegar a 60 años de edad con 30 de aportes como dice lo que se va a plebiscitar? Sólo la mitad de los trabajadores. ¿Quiénes no llegan? La otra mitad, que son justamente los trabajadores de menores ingresos y en especial mujeres, que son las que no van a llegar a los años de aportes. Entonces, para esa gente, la promesa de los 60 años no se va a cumplir. Pero vamos a gastar una cantidad de recursos en hacer lo que dice la Constitución y, por lo tanto, a buscar, por ejemplo, una cobertura universal para esas personas que no van a llegar ni siquiera a los 70 años, y esos recursos van a estar complicados de conseguir.

Nosotros compartimos con la propuesta de plebiscitar el objetivo de subir las jubilaciones mínimas. En efecto, el Frente Amplio en su gobierno lo hizo: triplicó las jubilaciones mínimas y el salario mínimo, pero por el camino que propone la papeleta no vamos a llegar a eso. De hecho, será al revés. Como el salario mínimo lo sigue fijando el Poder Ejecutivo, lo que vemos en la historia es que en los años anteriores a 2004, cuando en realidad estas dos cosas iban juntas, el salario mínimo cayó 65%. Entonces, por esa vía, no sólo no se va a cumplir que las jubilaciones mínimas suban, sino que en realidad va a haber un incentivo para que se perjudique a los trabajadores de menores ingresos, que son quienes perciben el salario mínimo.

Una de las propuestas a plebiscitar es eliminar el ahorro individual. ¿Qué piensa sobre esto?

Eliminar el ahorro individual como instrumento, en la situación de envejecimiento en que está Uruguay y con los desafíos que tiene, no es correcto. Es diferente a cambiar la forma en la que se administra el ahorro individual, que es modificar eventualmente quién lo hace, que es una AFAP. Pero el instrumento del ahorro individual, que es lo que permite que una persona se autofinancie una parte de su jubilación –que va a ser la menor porque de sus aportes el 30% va a esa cuenta y el 70% queda en el BPS–, es lo que entiendo que es incorrecto, dado que la población uruguaya está envejeciendo.

¿Cuál sería la solución alternativa al planteo del gobierno y al del PIT-CNT?

La actual oposición tiene ya acuerdos sobre cuáles son las cuestiones que hay que arreglar, entre ellas la edad, la cobertura universal, los problemas del régimen de ahorro individual y la forma en la que se organiza, el tema de los trabajadores independientes y el hecho de revisar la financiación del sistema. Todos esos temas los tiene planteados el Frente Amplio no sólo en su programa, sino en un documento que se consensuó el pasado 14 de octubre, y las soluciones son las que se van a plantear en ese diálogo.

Con algunas personas estamos pensando algunas propuestas para impulsar en ese ámbito. Estas soluciones, básicamente, pasan por cambiar la ley. En un sistema que es cada vez más diverso, en el que las personas tienen historias laborales cada vez más distintas, situaciones de vida cada vez más diferentes, las reglas únicas no las van a atender bien. En ese sentido, la ley del gobierno tiene una regla única, podríamos decir, que es la suba de la edad a 65 años, porque las excepciones son realmente muy escasas, y la papeleta también tiene una regla única, porque básicamente establece 60 años de edad con 30 años de aportes, que ya vemos que beneficia a los trabajadores de mayores ingresos.

¿Cuál es la idea que proponen ustedes?

Nuestra idea es que las soluciones de un sistema que cada vez es más distinto entre las personas tienen que ir por la ley y deben combinar varias cosas que funcionen distinto para atender a las diferentes situaciones. Nosotros estamos pensando en promover una posibilidad de que las personas se jubilen con causal adelantada. Tú a los 65 años de edad tendrías las reglas que se establecen hoy; si querés jubilarte antes, vas a poder hacerlo al cumplir los 60 años, obviamente afectando los montos. Para las personas de mayores ingresos, con el monto que otorgue esa cuenta de causal adelantada; a las personas de menores ingresos hay que asegurarles un mínimo un poco más alto con respecto al que accederían hoy a una edad menor que los 65 años.

No sólo la ley del gobierno no aseguró la causal, que podría estar afectando a uno de cada tres trabajadores que se estarían jubilando en los próximos años, sino que la papeleta tampoco tiene nada para estas personas, porque en realidad lo que establece son normas para los que consigan causal. En ese sentido, uno de cada tres trabajadores que estarían amenazados de no conseguir causal tampoco tienen una solución con lo que se propone en la papeleta. Lo que nosotros estamos pensando es que hay que asegurar, a una edad determinada, una cobertura universal. Esto consiste en mantener lo que Uruguay tiene hoy, que lo logró de formas diferentes, porque no había registro de historia laboral. En principio, sería asegurar que a una edad X, que podrían ser los 70 años o una edad menor –eso hay que estudiarlo– se tenga acceso a la prestación.

¿Cuál sería la propuesta para los trabajadores independientes?

Hay que pensar en nuevas formas de aportación para los trabajadores independientes. Podría asimilar el aporte a la seguridad social con algo que tenga más relación con la actividad de la unipersonal. Hay que estudiarlo un poco en términos más operativos y después ver cuál es el acceso a los derechos que tienen, en particular lo que podría ser un seguro de baja actividad, asimilable al seguro de desempleo que tienen los [trabajadores] dependientes. Sobre todo, [hay que atender esta situación] porque esa forma de organización del trabajo está creciendo en el mundo. En Uruguay todavía no lo vemos tan exponencialmente como en el resto del mundo, pero es una forma que está creciendo y a esos trabajadores hay que asegurarles determinadas coberturas.

Por la vía de los problemas que tiene la organización del ahorro individual, básicamente lo que se está pensando es en centralizar la administración del ahorro, que es sobre lo que hay más críticas, en una entidad estatal; eso tiene varias alternativas de cómo se puede hacer.

Lo importante es mantener lo que ha funcionado bien, que las personas se autofinancien una parte de la jubilación, dado que eso tiene beneficios para las personas en tanto permite, por ejemplo, que en ciertas situaciones el fondo se herede o permita acceder a una prestación a los 65 años de edad sin requisitos de años de aportes, sólo por el ahorro. Obviamente, eso va a depender de lo que la persona haya aportado, pero se puede complementar para llegar a algún mínimo.

La idea es conservar lo que funcionó bien, que es que la persona se autofinancie una parte de la prestación, que siempre sea la menor, porque la prestación básica es más grande, la que se lleva la mayor parte de los aportes siempre es la del BPS, y que por esta parte se administre distinto. Que se mantenga una administración profesional de los fondos, que eventualmente allí siga existiendo competencia, pero que la parte que es la administración de la cuenta, que es lo que tiene más que ver con la seguridad social, se haga diferente de lo que se ha hecho hasta hoy, por un ente estatal y, obviamente, tratando de bajar los costos y de que eventualmente no sean absorbidos por los trabajadores que aportan.

¿Todas estas propuestas que menciona aseguran la sostenibilidad del sistema y de las cuentas públicas?

De hecho, la reforma del gobierno no asegura la sostenibilidad. Si los números que presentó el gobierno, el subsidio que creó la ley, que se llama suplemento solidario, se ajusta como lo haría el Frente Amplio, que es por el salario y no por la inflación, la reforma del gobierno casi no ahorra nada. En realidad, creo que un desafío de sustentabilidad ya estaba planteado, y esto que yo te digo es la forma más razonable de conservar un camino de reforma sostenible para las cuentas públicas y de atender las demandas de la gente.

Claramente, en ese sentido, el plebiscito es un problema para las cuentas públicas no sólo por garantizar recursos que requieren un costo adicional de 1.500 millones desde el día uno, por las medidas que impactan enseguida, sino también porque después, en alrededor de 15 o 20 años, ya se llega a un requerimiento de recursos que es bastante importante, que es lo que hoy sería casi todo el presupuesto destinado a educación, o sea, más del 4% del PIB, lo que implica unos 4.000 millones de dólares de hoy.

Esos requisitos de financiamiento, que son bastante importantes, refieren al sistema de prevención social, pero en realidad también tenemos que considerar que la papeleta tendría impactos en la economía fuera de lo que es el sistema de seguridad social, y eso impacta en el momento, tiene un poco que ver con las expectativas que genera la economía uruguaya de poder pagar sus deudas a mediano plazo. Eso, entre otras cosas, influye en el mercado de trabajo, en la forma en que el Estado se financia para pagar su déficit fiscal, y va a impactar directamente en el próximo gobierno. Obviamente, son efectos extras al sistema previsional, pero son relevantes.

¿No se deberían modificar otras cajas, como por ejemplo la militar?

Sí, claramente. En todo el proceso de lo que fue la reforma, mientras el Frente Amplio participó, muchas de las críticas tenían que ver con que para algunas cajas se estaba planteando una transición más acelerada dados sus problemas financieros –por ejemplo, para la caja bancaria o la de profesionales–, pero no se estaba haciendo lo mismo con la militar.

Obviamente, también por la vía legal está la posibilidad de acelerar las transiciones y está la posibilidad que en principio impediría eliminar algún beneficio adicional que creó la ley del gobierno para la caja militar; por ejemplo, que las viudas de jubilados militares que están en un régimen sin reforma, que son más de la mitad de los activos de hoy y todos los pasivos, siguen cobrando aguinaldo, cuando en realidad ese beneficio no lo tiene ningún otro pasivo del sistema. O sea, eso la papeleta lo impediría, según la interpretación nuestra. En una ley, eventualmente, eso también es un beneficio que se podría eliminar.

¿Con qué tipos de apoyos o de qué manera se está manejando dentro del Frente Amplio esta tercera propuesta de cara a un próximo gobierno?

El compromiso del Frente Amplio de solucionar estos temas en un diálogo social está en la web. Hay un documento, aprobado el 14 de octubre del año pasado, que tiene la metodología que tendría ese diálogo y además los puntos sobre los que hay que actuar. Esto es un compromiso; de hecho, fue votado por unanimidad. Yo no te puedo hablar por el Frente más que esto, que es público. Luego, ¿cuáles son las medidas que se van a impulsar en ese diálogo? Son estas que te comenté, son las que estamos pensando impulsar. Habrá que conversar con quienes entiendan que hay que ir por otros caminos y llegar a un acuerdo. Pero hay un compromiso fuerte en que estos son los puntos a los que hay que buscarles una solución por la vía legal.

¿Cuál sería el escenario en caso de que gane en octubre la propuesta de reforma de la seguridad social?

Creo que tenemos un escenario de diálogo sin la papeleta y otro con la papeleta. En especial, porque si se lauda por la vía de la papeleta, eso va a imponer restricciones. En realidad, lo que impacta tiene que ver con la capacidad del Estado de financiarse y con la credibilidad que les da a las personas que lo van a financiar de poder cumplir con los compromisos asumidos.

Además, hay que atender el acceso de las mujeres a los cuidados, porque siguen muy relacionados con el trabajo. Si no les damos un sistema de cuidados, en realidad, por más que el sistema previsional compense, eso pasa cuando esa persona ya llegó a determinada edad, porque toda su vida laboral se juega en otra cancha para la que se necesita también política. Ni que hablar que eso va de la mano con el tema de la atención de niños y adolescentes, que tenemos un porcentaje importante en situación de pobreza. Me parece que todo eso es parte del desafío del próximo gobierno.