La catedrática de la Universidad de Costa Rica Juliana Martínez Franzoni participó en una conferencia organizada por la Universidad de la República y destacó la importancia de “fortalecer los sistemas de cuidado desde una perspectiva universalista, lo que implica ampliar el espacio fiscal mediante mayores impuestos directos a la renta”.
“Hay que plantear la necesidad de que los cuidados sean un estándar. Son un cuarto pilar de los regímenes de bienestar, un sector muy potente de la economía, y pueden mover la aguja del producto interno bruto, generar empleo formal. Eso es súper importante de subrayar, porque no son sólo gastos, también son motores de la economía”, recalcó la especialista que fue galardonada con el Premio Georg Forster de la Fundación Alexander von Humboldt, una distinción que reconoce trayectorias de investigación sobresalientes en el Sur global. Por este motivo, la investigadora propuso considerar las políticas de cuidado como una inversión estatal y redistribuir sus costos integrando componentes de las cadenas globales de valor.
Martínez Franzoni, quien visitó Montevideo el 5 y 6 de noviembre para participar en la conferencia internacional “Cambio familiar, roles parentales y protección social”, organizada por la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República, destacó que Uruguay ha sido “un gran promotor en políticas de cuidado y de familia”, pero a futuro enfrenta un desafío central: “Dar una verdadera vuelta de tuerca en la reorganización social del cuidado de la población adulta mayor”.
La doctora en Sociología por la Universidad de Pittsburgh subrayó también el avance uruguayo en materia de corresponsabilidad parental, en particular en la garantía de obligaciones alimentarias, pero advirtió que estos avances también provocaron una “fuerte reacción conservadora”.
“Últimamente, surgieron movimientos de padres separados que plantearon que ‘sólo los ven como cajeros automáticos’, abriendo una disputa sobre el doble rol de proveedor y cuidador”. Este debate, advirtió la especialista, sigue abierto y es “muy caliente”, porque además es alimentado por discursos de corrientes antiestatales.
En cuanto a la situación en América Latina, señaló que los nuevos gobiernos “autoritarios” de la región utilizan la excusa de la austeridad fiscal de los países para recortar las políticas de cuidado y, al mismo tiempo, generar una nueva segmentación social con patrones regresivos de género que profundiza la carga económica sobre las mujeres.
Para Martínez Franzoni, el avance de movimientos y gobiernos con visiones autoritarias tiene un efecto “muy importante” sobre las familias y en especial sobre las mujeres, ya que vuelve a colocar sobre sus espaldas responsabilidades de cuidado que habían comenzado a distribuirse más equitativamente o a ser asumidas por el Estado.
La experta, que además es coeditora de la revista feminista Social Politics y asesora regular de organismos internacionales, advirtió que el actual giro autoritario en la región tiene efectos profundos y poco visibilizados sobre los sistemas de cuidados, al reordenar quién recibe protección estatal y quién enfrenta castigo. “Cuando vino esta ola autoritaria, se introdujo un nuevo criterio de segmentación social que separa entre las buenas y las malas personas, considerando a quienes se ajustan a los supuestos criterios naturales de organización de las familias y a quienes no lo hacen”, indicó.
A modo de ejemplo, mencionó que en los casos más extremos, como el de El Salvador, el Estado despliega una serie de medidas que son “amables y cariñosas” para ciertos sectores socioeconómicos, mientras que los segmentos populares, de menor ingreso, “son vistos como sospechosos de ser delincuentes”, señaló.
¿Cuál es la importancia de este evento promovido por la Facultad de Ciencias Económicas en el que participó?
Hablar sobre políticas de familia y de cuidado es extremadamente importante, porque en toda la región vivimos un contexto muy delicado de ascenso de movimientos, gobiernos y visiones autoritarias extremadamente conservadoras que hacen más necesario que nunca articular investigación y perspectivas desde una visión de inclusión y de derechos humanos.
En mi presentación hablé sobre la promesa democrática de cuidar, de empatizar, de incluir, frente a la lógica de control que cobra vigencia bajo la idea, una vez más, de la austeridad fiscal, de apretarse el cinturón y de que no se puede hacer más por la vida de la gente. Esta situación crea muchísimos obstáculos para abordar las políticas de familia y las necesidades de los hogares.
¿Qué impacto tiene este avance del autoritarismo en la región en los regímenes de cuidados y en las políticas que se impulsan desde los estados para atender temas de familia?
Tiene un efecto muy importante en los países. La región siempre tuvo una brecha grande entre las personas con trabajos formales y las que tienen empleos informales. Entre el 2000 y 2015 hubo un boom de inclusión, pero no pudo borrar esa gran brecha preexistente.
Cuando vino esta ola autoritaria, introdujo un nuevo criterio de segmentación entre las buenas y las malas personas, entre las personas que se ajustan a los criterios naturales de organización de las familias y las que no. Se crea un empuje excluyente, porque la sociedad es diversa y está organizada de múltiples maneras. Hay personas que nacieron en el país, inmigrantes, heterosexuales y personas que no lo son, hay personas que deciden tener hijos y otras que deciden no tener; es decir, sabemos que la sociedad es muy diversa, y este impulso autoritario se ancla en una diferenciación de la sociedad entre buenos y malos, entre merecedores y no merecedores.
En los casos más extremos, como el de El Salvador, el Estado despliega una serie de medidas que son amables y cariñosas, por ejemplo, programas como Crecer Juntos, que promueve el juego, la empatía, la crianza positiva para ciertos sectores socioeconómicos, al tiempo que los de menor ingreso y más populares son vistos como sospechosos de ser delincuentes, de integrar las pandillas juveniles. Siempre son culpables y no tienen posibilidad de demostrar lo contrario; a ellos se les da el encierro, la cárcel. Esta visión no sólo abarca a la persona que es detenida, sino a toda la familia, por lo que afecta a los niños y niñas que no pueden acceder a la escuela porque no tienen quién pague por su comida; afecta a las mujeres, a las madres, a las hijas, a las hermanas, que se dedican a buscar a sus familiares en las cárceles y a generar ingresos para mantenerlos económicamente dentro de las prisiones. Lo que existe es una nueva forma de diferenciación de la sociedad: para unas personas, el cuidado; para otras, el castigo.
Julia Martínez Franzoni.
Foto: Gentileza Julia Martínez Franzoni
¿Se puede decir que las mujeres pagan el mayor costo de este giro autoritario?
Sí, porque lo que tenemos es un movimiento masivo de mujeres, sobre todo de sectores populares, que tienen que ampliar su capacidad de generar ingresos para mantener a la familia que está fuera de la cárcel y a sus seres queridos que están detenidos, todo eso mientras también cuidan. Al mismo tiempo, deben movilizarse para poder promover procesos legales, en particular para exigir un debido proceso. Lo que tenemos es una rematernalización por la vía de una exigencia extrema de papeles simultáneos, al punto de que también la expresión política de la resistencia es femenina y lo que encontramos son, de alguna manera, unas nuevas Madres de Plaza de Mayo.
Lo que ocurre es que estos cambios macropolíticos son una especie de tsunami que transforma los roles de género y la composición de las familias, alterando las exigencias del Estado hacia las familias por la vía de los hechos. Tal vez las licencias por parentalidad lleguen a la población, pero estos cambios macropolíticos transforman masivamente los comportamientos de las personas.
Me imagino que con esta ola autoritaria se impone una visión individual en las políticas familiares.
Sí, es importante destacar que en agosto la Corte Interamericana de Derechos Humanos respondió a la consulta de Argentina sobre si se podía considerar que los cuidados son un derecho autónomo. La Corte respondió afirmativamente, reconociendo el cuidado como un derecho humano autónomo, universal, exigible. Ahora tenemos un referente normativo regional que los distintos gobiernos deben operacionalizar; aunque no es mandatorio, este tipo de resolución tiene una enorme fuerza.
Por otro lado, la idea de que los cuidados son un asunto importante, un cuarto pilar de los regímenes de bienestar y un componente muy importante del sector servicios, es algo en lo que también hemos avanzado mucho y existe cierto acuerdo, pero para reconocerlo se puede promover una visión de corresponsabilidad social o maternalista. Por lo tanto, defender la importancia de esta agenda no garantiza que se va a mover hacia una visión de cómo reorganizar los cuidados que trascienda la rígida división sexual del trabajo en la que seguimos viviendo, así como las enormes desigualdades que se producen entre sectores socioeconómicos que mercantilizan los cuidados y aquellos que no pueden hacerlo. En esto hay un parteaguas de tipo ideológico.
¿Cuáles considera que son las medidas urgentes que se deberían implementar en la región?
Son urgentes los servicios de cuidado universales. Cuando se plantea esto, inmediatamente se habla del problema de los espacios fiscales. Creo que existe la necesidad imperiosa de separar el espacio fiscal del tributario. En realidad, tenemos mucho espacio tributario y poco fiscal, por lo que necesitamos ampliar el espacio tributario para también agrandar el fiscal. Todas las mediciones nos muestran el escasísimo peso relativo de los impuestos directos a la renta. Es una agenda pendiente. Es difícil, pero es un tema que hay que abordar.
Estamos viviendo un momento en el que los gobiernos tienen pocos márgenes para operar. Por ejemplo, en la cadena de valor del ananá, que es tan importante para la economía costarricense, el dinero con el que se quedan los propios empresarios es poco.
El punto es que hay que plantear la necesidad de que los cuidados sean un estándar. Son un cuarto pilar de los regímenes de bienestar, es un sector muy potente de la economía y puede mover la aguja del producto interno bruto y generar empleo formal. Esto es súper importante de subrayar, porque no son sólo gastos, también son motores de la economía.
¿Puede entenderse entonces como una inversión?
Exactamente. En la medida en que los cuidados se vuelven un estándar social, laboral y ambiental, se pueden redistribuir los costos de colectivizarlos con componentes de las cadenas de valor que tienen más recursos, que no siempre son los estados. Por ejemplo, en el caso de esta cadena que te pongo de ejemplo, son los supermercados europeos. Si queremos mover la aguja en materia de cuidados, tenemos que trabajar simultáneamente en estas tres agendas: la política social, los sectores productivos y la incorporación como estándar social, laboral y ambiental en todas las cadenas de valor.
¿Cómo visualiza la situación de Uruguay?
Uruguay ha sido un gran promotor en materia de políticas de cuidado y de familia. Es un país al que toda la región mira en busca de lecciones. Además, tiene fortaleza institucional y garantías democráticas, lo que crea condiciones macro muy positivas. También es un país que tiene organizaciones de la sociedad civil potentes, que han sido líderes en esta agenda en diferentes momentos de lo que va de este siglo. De hecho, es uno de los pocos países –si no es el único– de América Latina en el que la sociedad civil organizada colocó el tema de los cuidados primero, antes que los gobiernos y los organismos internacionales.
Uruguay ha seguido una trayectoria muy propia, que ojalá pueda seguir construyéndose durante este período de gobierno. Creo que desde afuera del país se esperaba más de las respuestas estatales en el marco de la pandemia, a partir de todo lo construido en materia del sistema de cuidados, y me dio la impresión de que el gobierno de Luis Lacalle Pou, aunque en términos generales mantuvo la institucionalidad, en la práctica no la puso a jugar porque tuvo un criterio de corto plazo, de poca visión estratégica sobre lo que el país podría haberle mostrado al mundo teniendo todo ese acumulado de prácticas de institucionalidad, de recursos, de saberes, de alianzas entre Estado y sociedad civil. Aun así, todo lo que se había construido amortiguó los terribles efectos de la pandemia en la vida de tantas personas.
¿Cuál entiende que es el principal desafío que tiene Uruguay?
Creo que el principal desafío es dar una verdadera vuelta de tuerca en materia de reorganización social de los cuidados para la población adulta mayor. El país necesita realmente ofrecer nuevas soluciones. En materia de infancia hay mucho que hacer, pero ya la propia trayectoria que se trae permite que, de manera sostenida e incremental, se alcancen objetivos no sólo de cobertura, sino de suficiencia y equidad.
El país avanzó mucho también en lo que tiene que ver con garantizar las responsabilidades paternas, sobre todo en materia de provisión de ingresos, de pensiones alimentarias, que en toda la región ha sido un gran tema, porque las mujeres no sólo cuidamos, sino que cuando se producen separaciones y divorcios también enfrentamos retos muy importantes en materia económica.
Durante lo que va de este siglo, Uruguay fue realmente pionero en avanzar en un registro único de personas deudoras e invertir la carga de la prueba. Originalmente, las mujeres tenían que demostrar que el deudor alimentario tenía ingresos, y el Estado dio vuelta la tortilla para que sea el deudor el que tiene que demostrar que no tiene los ingresos. Y se produjeron un montón de cambios en esa línea.
No obstante, esto también trajo una reacción conservadora de organizaciones de padres separados que replantearon estos temas, señalando que ‘queremos cuidar a nuestros hijos y sólo nos ven como cajeros automáticos’. Ahí se genera una disputa en torno al doble papel de cuidadores y de proveedores de ingreso de los padres. Esa agenda está abierta y es muy caliente, toca fibras muy importantes. En este tema, las agendas más conservadoras han ganado mucho peso, de la mano de frases como ‘a mis hijos los educo yo’ o de una visión antiestatal. Será interesante ver cómo ese debate y la política pública en torno a este tema evolucionan en Uruguay también, porque es un componente central de las políticas de familia.