El dato
Si bien la inflación acumuló 29 meses dentro del rango de tolerancia fijado por el Banco Central del Uruguay (BCU) y se consolidó en niveles más alineados con la meta puntual del 4,5%, algunas medidas complementarias continúan evolucionando por encima de ese umbral. Este es el caso de la inflación no transable (presiones domésticas no atadas al dólar) y de la inflación subyacente, una medida que, al excluir los precios más volátiles de la canasta y los combustibles, ofrece una mejor aproximación a la inflación de largo plazo (en tanto refleja la dinámica del núcleo más duro de los precios).
A estas medidas complementarias, que permiten desentrañar mejor los factores que operan sobre los vaivenes de la inflación general, se suma ahora un nuevo indicador difundido por el Instituto Nacional de Estadística (INE) con un nombre muy poco amigable: IPC-CE VFCTA. Para explicarlo brevemente, esta nueva medida parte de la inflación subyacente, pero además le quita los productos tarifados, subsidiados o fijados por la administración central. En otras palabras, además de extraer el ruido de los precios más volátiles, este indicador saca las variaciones de los precios que son determinados administrativamente, ya sea por el gobierno nacional o por los subnacionales (porque no se trata de bienes o servicios cuyos precios responden a condiciones de mercado).
Si bien este nuevo indicador marca una evolución muy similar a la de la inflación subyacente, alcanzando registros prácticamente iguales en octubre (4,7%), durante los primeros meses del año el ritmo del aumento superó el techo del rango de tolerancia (6%). Además, su posterior moderación fue más lenta que la que exhibió la inflación subyacente.
¿Qué aporta este nuevo indicador?
Al excluir del cálculo de la inflación aquellos precios que se caracterizan por una mayor susceptibilidad frente a factores climáticos o estacionales (tal es el caso de las frutas y las verduras) y los que son fijados o influenciados por la administración central, este nuevo insumo refleja mejor el ritmo de incremento de los precios que responden a las condiciones del mercado, que además son los precios sobre los cuales la política monetaria busca incidir cuando fija la tasa de interés de referencia. De esta forma, el INE permite hacer un análisis más profundo y pormenorizado de la evolución de los precios al consumo.
Por otra parte, al clasificar los productos que el INE excluye de este indicador, también nos permite poner el foco en la evolución de los artículos tarifados o cuyos precios son subsidiados y/o regulados por el Estado. Entre esos artículos, se destacan los que experimentaron aumentos por debajo de la inflación general y del techo del rango, como es el caso de la tarifa de luz eléctrica (1,7%), la leche descremada (2,9%), las órdenes médicas (2,5%) y los análisis clínicos (2,7%). Otros precios que se destacan, pero por registrar retrocesos, son el gas por cañería (-14,9%), el gasoil (13,8%), la nafta (2,3%) y la patente de rodados (0,45%).
Ahora bien, algunos de estos productos registran aumentos superiores al rango de tolerancia (6%); es el caso del tabaco para armar y las cuotas mutuales (ambos 6,9%), los peajes (7%), el transporte interdepartamental y suburbano (7,6%), el boleto de ómnibus local (9,6%), los juegos de azar (10,1%) y la conexión a internet por contrato (10,2%).
Por último, el conjunto de precios que se vienen moviendo dentro del rango (que va del 3% al 6%) incluye los servicios de telefonía móvil y los tickets de medicamentos (ambos 3,2%), los tributos domiciliarios y la tarifa de saneamiento (ambos 4,2%), la recarga de garrafa de supergás (4,3%), los cigarrillos con filtro (4,7%), el servicio de telefonía fija (4,9%), el transporte de pasajeros con chofer (5%), el trámite para la obtención del pasaporte (5,1%) y el costo para la obtención de la libreta de conducir (5,5%).
¿Cuál es la incidencia de los bienes tarifados sobre la inflación?
Mediante la metodología del INE es posible diseñar un indicador que considere los precios de todos esos bienes tarifados y calcular así el ritmo de incremento promedio de dichos precios, que en octubre fue del 1,2% interanual. Por lo tanto, se podría argumentar que las tarifas públicas están apoyando a la política monetaria en su combate contra la inflación, al aumentar por debajo de la meta de inflación.
Sin embargo, hay que recordar que el sector público está conformado por una amplia gama de organismos e instituciones que no necesariamente persiguen un mismo objetivo al fijar sus tarifas. A modo de ejemplo, mientras que algunas intendencias quizá busquen incrementar sus ingresos por medio de los tributos domiciliarios, otras tal vez estén pensando en reducir el costo para los contribuyentes; en el caso de los combustibles y la luz eléctrica, por su parte, los jerarcas deben ponderar entre incrementar los ingresos de las correspondientes empresas públicas o disminuir los costos que enfrentan la población y el sector productivo.
En síntesis, la fijación de precios de las tarifas públicas y otros precios subsidiados no sigue un objetivo único: mientras que algunos organismos fijan tarifas considerando el objetivo del BCU, otros lo hacen persiguiendo objetivos fiscales o buscando mejorar la competitividad del país.
Joaquín Pascal, Centro de Estudios Etcétera.