En Uruguay, trabajar no siempre alcanza para vivir. Aunque el país exhibe niveles de informalidad más bajos que el promedio regional, más de uno de cada cinco trabajadores no realiza aportes a la seguridad social y una gran parte enfrenta esta situación con un empleo que le brinda ingresos insuficientes. Esta superposición entre informalidad (no registro a la seguridad social) y bajos salarios configura un núcleo duro de precariedad laboral que no sólo limita el acceso a la protección social, sino que empuja a miles de personas a situaciones persistentes de vulnerabilidad y pobreza incluso estando ocupadas, advirtieron a la diaria distintas economistas.
Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística (INE), publicado el mes pasado, el 21,5% de los trabajadores no está registrado en la seguridad social. De ellos, más del 60% también enfrenta insuficiencia de ingresos, afirmaron las especialistas, quienes remarcaron que a pesar de que la informalidad es el “principal problema de calidad del empleo en Uruguay”, en los últimos años se ha “estancado” y “parece difícil bajar los niveles actuales”.
“Existe una relación directa entre informalidad, pobreza y vulnerabilidad económica. [...] Una parte importante de quienes tienen un empleo informal también presenta insuficiencia de ingresos, y es en esa superposición donde se explica buena parte del vínculo con las situaciones de pobreza. Además, se trata de empleos [...] con una alta inestabilidad en el tiempo. La probabilidad de que estos trabajadores vuelvan a encontrarse en condiciones similares en empleos futuros es elevada, lo que revela un problema de carácter dinámico (persistente y estructural)”, remarcó la doctora en Economía Paula Carrasco, quien además es profesora de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República.
En la misma línea, la economista y coordinadora técnica del Instituto Cuesta Duarte, Alejandra Picco, destacó la fuerte relación entre informalidad, bajos ingresos y vulnerabilidad económica. Los trabajadores no registrados tienen una incidencia mucho mayor de ingresos laborales bajos y enfrentan una desprotección total ante contingencias como el desempleo, la enfermedad o la vejez.
“Un trabajador informal no accede al seguro de desempleo ni al seguro de salud, ni genera derechos jubilatorios”, recordó, y señaló que la pandemia evidenció con crudeza esta situación, especialmente entre trabajadores independientes de sectores de eventos, turismo y espectáculos.
“En el trabajo que realizamos y publicamos anualmente sobre los salarios sumergidos, encontramos que el porcentaje de trabajadores que perciben menos de 25.000 pesos líquidos al mes es mucho mayor entre los informales [...] Hay un nexo importante entre no registro a la seguridad social, precariedad, vulnerabilidad o problemas vinculados a menores ingresos y pobreza. Son los hogares que se ubican en la parte más baja de la distribución los que tienen mayores tasas de no registro”, remarcó.
Según el informe Los salarios sumergidos en 2024, publicado el 21 de agosto de este año por el Instituto Cuesta Duarte, medio millón de ocupados percibe por su trabajo ingresos que se ubican por debajo de los 25.000 pesos líquidos al mes.
En cuanto al no registro de los trabajadores, “la precariedad laboral [...] está estrechamente vinculada con la presencia de salarios sumergidos, ya que, de 119.000 asalariados informales, 74.000 (62,1%) percibieron salarios líquidos inferiores a 25.000 pesos mensuales. “Esto implica que cerca de dos de cada tres asalariados que no aportan a la seguridad social perciben salarios sumergidos. En contraste, entre los asalariados formales, la proporción de personas en esta condición es significativamente menor, situándose en 21%”, añadió.
Una categoría no binaria
Mientras tanto, la economista Mariana Zerpa señaló que los números de informalidad no muestran todas las situaciones que se presentan en torno al registro de la seguridad social.
Zerpa, que es profesora asistente de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, remarcó que la formalidad no es una categoría binaria, sino que pueden existir distintos grados de vinculación con el sistema de seguridad social. “Por ejemplo, muchas personas que trabajan independientemente cotizan por una base imponible muy inferior a su ingreso real y [...] esto implica que cuando acceden a beneficios como el seguro de desempleo, la licencia maternal o las jubilaciones, las tasas de reemplazo terminan siendo muy bajas porque no están de acuerdo con lo que eran sus ingresos reales”, añadió.
Asimismo, Zerpa, que es doctora en Economía por la Universidad de Arizona, señaló que, a pesar de que la informalidad ha disminuido “bastante” en los últimos años, se ha “estancado” y “parece difícil bajar de los niveles actuales”.
“La informalidad no es sólo estar dentro o fuera del sistema en un momento dado. Lo que vemos cuando miramos los registros administrativos del BPS [Banco de Previsión Social], por ejemplo, es que en Uruguay, como en muchos países, las trayectorias laborales son muy fragmentadas, con personas que alternan períodos cortos de formalidad con trabajo informal. Y lo que genera esta intermitencia son agujeros en la protección social que afectan la continuidad de derechos como las licencias maternales y de enfermedad, el seguro de desempleo y la acumulación para la jubilación”, afirmó.
Esta situación implica otra forma de “desprotección”, remarcó Zerpa, y resaltó que frente a la “intermitencia” que se produce en algunos sectores en su vinculación con el sistema formal, comienza a emerger una “tensión central” entre los beneficios contributivos y no contributivos.
“Cada vez proliferan más trabajos frágiles mediados por plataformas digitales, lo que vuelve imprescindible contar con un sistema de protección social no contributivo que garantice un piso de beneficios básicos para toda la población. Sin embargo, al mismo tiempo, cuando la distancia entre los beneficios contributivos y los no contributivos es reducida, se debilitan los incentivos a cotizar de forma sostenida. Dicho de manera más directa: si la formalidad ofrece pocas ventajas adicionales y, en cambio, implica costos claros en impuestos y aportes, la contribución pierde atractivo”, remarcó.
El impacto de la pandemia
Durante la pandemia se observó una caída adicional del no registro, que llegó a ubicarse cerca del 20%. No obstante, Picco aclaró que esa reducción no respondió a mejoras estructurales, sino a que los trabajadores informales fueron los primeros en perder sus puestos de trabajo, mientras que los registrados accedieron a mecanismos como el seguro de desempleo. “Durante la pandemia por covid-19, y fundamentalmente en la pospandemia, lo que vemos es que la tasa de no registro en la seguridad social llegó a estar en el entorno del 20% por razones que no fueron buenas”, sentenció.
Archivo, octubre de 2025.
Foto: Gianni Schiaffarino
Además, advirtió que los cambios metodológicos introducidos por el INE en 2021 obligan a ser cautelosos al comparar los datos previos y posteriores a la pandemia. Aun así, indicó que en la pospandemia la informalidad se ha mantenido por debajo del piso histórico y actualmente ronda el 22%, lo que implica que “algo más de uno de cada cinco trabajadores ocupados no realiza aportes a la seguridad social”.
Los jóvenes
Picco y Carrasco subrayaron que la informalidad está estrechamente vinculada a las dificultades que enfrenta la población para su inserción en el mercado de trabajo. En ese sentido, los jóvenes –especialmente aquellos con menor nivel educativo y provenientes de hogares de bajos ingresos– presentan tasas de ocupación más bajas, mayor desempleo y una incidencia de la informalidad significativamente superior a la de los adultos.
“Son jóvenes que provienen de hogares con menores niveles de ingreso y tienen serias dificultades para entrar al mercado de trabajo. [...] Esas dificultades para ingresar al mercado de trabajo obligan a los jóvenes a insertarse en puestos de trabajo de baja calidad”, indicó Picco. Por lo tanto, existe un “patrón”: los jóvenes que tienen dificultades importantes para ingresar al mercado de trabajo también tienen tasas de no registro de la seguridad social que son mucho mayores que las de los adultos y presentan bajo nivel educativo, agregó.
Por sectores, las especialistas mencionaron el trabajo rural, el servicio doméstico y el comercio como actividades con tasas de informalidad superiores al promedio. También señalaron fuertes disparidades territoriales: en Rivera, Cerro Largo y Artigas la cifra de informalidad duplica al registro nacional.
Según el trabajo del Instituto Cuesta Duarte citado, entre los menores de 25 años, el 51% de los asalariados percibió salarios inferiores a 25.000 pesos líquidos mensuales, la mayoría de ellos en la franja que va desde los 15.000 a los 25.000 pesos. “Los jóvenes no sólo enfrentan mayores tasas de desempleo e informalidad, sino que también perciben salarios más bajos que los de otros grupos etarios”, señaló la investigación.
Trabajadores independientes
Por otro lado, Picco y Carrasco llamaron la atención sobre la alta informalidad entre los trabajadores por cuenta propia, que representan alrededor del 25% del total de ocupados. En este grupo, el no registro es mucho más elevado que entre los asalariados, donde ronda entre el 12% y el 15%. Picco sostuvo que, en el caso de los trabajadores independientes, se encuentra en parte el “núcleo duro” del no registro.
Carrasco sostuvo que esta situación está vinculada al tamaño de la empresa: los negocios más chicos son los que tienen mayores tasas de informalidad. Destacó que las nuevas variantes de monotributo han sido un “recurso importante” para acercar a los trabajadores independientes a la seguridad social.
A esto se suma un fenómeno que no está oficialmente cuantificado: la llamada semiinformalidad. Se trata de trabajadores que están registrados en la seguridad social, pero no aportan por la totalidad de sus ingresos, ya sea por subdeclaración salarial o por modalidades contractuales que encubren relaciones de dependencia, como las unipersonales o los contratos a término renovados de forma sucesiva, añadió Picco.
“La precarización no siempre pasa por no estar registrado, sino por trasladar al trabajador costos que deberían asumir los empleadores [...] Esas formas de contratación siempre existieron, pero creo que en los últimos tiempos [...] se han incrementado y han aparecido otras nuevas, como los trabajos de las plataformas, las mediaciones a partir de las aplicaciones. La tecnología ha permitido que emerjan nuevas formas de contratación [...] que, en definitiva, precarizan el empleo”, explicó.
Políticas
Picco advirtió que la informalidad no puede erradicarse por completo, ya que existen empleos de muy baja productividad que sólo son viables en la informalidad. “Hay un núcleo de puestos de trabajo que sólo permiten la subsistencia y no tienen margen para aportar”, señaló.
No obstante, las economistas consideraron que aún existe margen para avanzar mediante políticas focalizadas, atacando la concentración de la informalidad en ciertos sectores, territorios y categorías de ocupación. Entre las herramientas posibles, mencionaron incentivos a la formalización, mejoras en el diseño de aportes para trabajadores independientes, controles más efectivos y políticas de capacitación y aumento de la productividad.
Asimismo, Carrasco planteó la importancia de distinguir entre quienes no aportan a la seguridad social por una opción personal y quienes no lo hacen porque no logran acceder a empleos con esas características. “Esa distinción debería ser un eje central para definir las políticas públicas”, afirmó. Mientras que en el primer caso puede ser necesario reforzar los mecanismos de control, en el segundo resulta clave abordar las causas estructurales que limitan el acceso al empleo formal.
La economista también destacó el nivel educativo como un elemento determinante. “El nivel educativo condiciona de manera transversal las posibilidades de acceder a un empleo de mejor calidad, sin carencias significativas y con condiciones laborales deseables”, señaló. En ese marco, advirtió que Uruguay enfrenta problemas de cobertura y retención en el sistema educativo, así como déficits de inversión en educación de calidad.
Por su parte, Zerpa sostuvo que no existen “recetas”, pero dijo que se deben combinar diferentes medidas en materia de protección social no contributiva, incentivos a la formalización, información clara y políticas de fiscalización. “No hay que perder de vista que una parte de la informalidad está asociada a personas con una capacidad muy limitada de generación de ingresos, por lo que la fiscalización, por sí sola, puede terminar expulsando a mucha gente del sistema. En esos casos, resulta clave combinar el control con un diseño de contribuciones y de mecanismos de acercamiento a la formalidad que ofrezcan facilidades de ingreso, así como márgenes de flexibilidad para los períodos en los que las personas no pueden sostener un nivel estable de aportes”, remarcó.
El desafío radica en aumentar la cantidad de personas formales y dar “valor real” a la formalidad. “Las políticas sociales y económicas tienen que acompañar las transiciones y ofrecer protección a lo largo de toda la trayectoria laboral. No hay respuestas simples ni únicas porque son temas que realmente están, por lo menos desde el punto de vista académico, en el centro de la investigación actual. Son preguntas relativamente nuevas, y creo que hay mucho espacio para mayor investigación y diálogo entre los académicos y quienes hacen las políticas públicas”, añadió.
Sostenibilidad del sistema
De cara al futuro, Picco y Carrasco advirtieron que si se mantiene un escenario en el que alrededor del 22% de los trabajadores se encuentra en la informalidad, habrá menores recursos para la seguridad social. “Incorporarlos es, principalmente, un tema de derechos, pero también una forma de incrementar los ingresos del sistema”, concluyó Carrasco.
Por su parte, Picco sostuvo que esta situación adquiere especial relevancia en un contexto de envejecimiento demográfico. “La informalidad debería estar en el centro del diálogo nacional sobre seguridad social”, concluyó Picco. “Reducirla es clave tanto para proteger a los trabajadores como para fortalecer la sostenibilidad del sistema”.