El cambio climático no es un problema “meramente ambiental”, sino que también impacta en la estabilidad macroeconómica y financiera de los países, dijo a la diaria la experta brasileña en materia de supervisión financiera con foco en riesgos sociales, ambientales y climáticos Carine Bastos.
“Los riesgos climáticos impactan directamente en la inflación, el crecimiento económico, la calidad de los activos bancarios y la solvencia de las empresas. No visualizar estos riesgos es ignorar una fuente creciente de inestabilidad y vulnerabilidad para el sistema financiero y para la economía en su conjunto”, afirmó.
Bastos, que participó en el “Seminario regional: finanzas climáticas para el desarrollo sostenible”, realizado en nuestro país y organizado por varias instituciones del Estado y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), es experta en supervisión ASG (seguimiento y regulación de los factores ambientales, sociales y de gobernanza) en el Banco Central de Brasil, pero concedió esta entrevista exclusivamente desde su rol técnico en supervisión financiera.
A lo largo del diálogo con la diaria dejó en claro que integrar el riesgo climático en la política económica y financiera “no es una opción, sino una cuestión de prudencia, resiliencia a largo plazo y competitividad”.
En el seminario participaron referentes institucionales, financieros y técnicos de la región que llegaron al país para intercambiar experiencias, avances y desafíos en materia de financiamiento climático en el marco del proyecto Finanzas Climáticas de Uruguay, que lleva adelante el PNUD.
En referencia a Uruguay, la especialista destacó que el país está comprometido con la agenda de finanzas climáticas y que tiene una estructura institucional “ágil”, una voluntad política “clara” y una destacada “apertura al aprendizaje regional”.
Sin embargo, como cuenta pendiente resaltó que es necesario que Uruguay profundice en el mercado de instrumentos financieros verdes, fortalezca sus capacidades técnicas y mejore la disponibilidad y calidad de los datos.
¿Qué impacto tiene el cambio climático en la estabilidad macroeconómica de América Latina?
Aunque mi especialidad es la supervisión microprudencial, es decir, el análisis de riesgos a nivel de instituciones financieras individuales, es evidente que el cambio climático plantea también desafíos relevantes desde una perspectiva macroeconómica.
Se sabe que los eventos climáticos extremos, como sequías, inundaciones o incendios, pueden generar choques de oferta que afectan la producción agrícola, la energía y otros sectores clave. Esto puede traducirse en presiones inflacionarias, lo que complica la tarea de los bancos centrales en materia de control de precios.
Además, los impactos sobre la infraestructura, la productividad y las finanzas públicas pueden ralentizar el crecimiento económico y aumentar las demandas fiscales. Todo esto tiene implicancias importantes para la estabilidad macroeconómica de la región.
Desde la supervisión prudencial, lo que observamos es que estos impactos macroeconómicos terminan afectando la calidad de los activos financieros, la solvencia de empresas y hogares, y la exposición de las instituciones a riesgos sistémicos. Por eso, aunque trabajamos con una mirada micro, es fundamental que los supervisores incorporen estos riesgos en sus análisis, porque tienen el potencial de comprometer la estabilidad financiera en su conjunto.
¿Cuáles fueron los principales consensos que surgieron durante el seminario en torno al financiamiento climático en América Latina?
El seminario fue una instancia sumamente valiosa de intercambio. Participamos más de 100 representantes del sector financiero, público y privado, y quedó claro que hay consensos importantes emergiendo en América Latina. Desde mi perspectiva, destacaría tres consensos clave.
En primer lugar, la urgencia y la necesidad imperativa de movilizar capital privado hacia inversiones climáticas en la región. Hubo un claro entendimiento de que los recursos públicos no son suficientes y que el sector financiero privado debe jugar un rol protagónico.
Un segundo consenso fue la necesidad de fortalecer las capacidades nacionales en finanzas climáticas. Esto incluye no sólo el desarrollo de instrumentos financieros innovadores, sino también la mejora en la disponibilidad de datos, la capacitación técnica y una comprensión más profunda de los riesgos involucrados.
Desde una perspectiva técnica en supervisión financiera, un consenso clave fue que el financiamiento climático sólo será sostenible si se apoya en marcos regulatorios y de supervisión sólidos. La gestión adecuada de los riesgos sociales, ambientales y climáticos no es un aspecto accesorio, sino una condición esencial para la estabilidad financiera. Es decir, no se trata sólo de canalizar recursos, sino de hacerlo de forma prudente, resiliente y con visión de largo plazo.
La actividad, organizada por el PNUD Uruguay junto con varios ministerios y el Banco Central, tuvo justamente ese objetivo: compartir herramientas concretas para movilizar el financiamiento climático. Y creo que salimos del evento con una visión más alineada y colaborativa sobre cómo avanzar en esa dirección.
¿Se puede decir que los países latinoamericanos comienzan a tener mayor interés en impulsar una cooperación e integración en materia de finanzas climáticas?
Pienso que hay una convergencia. Lo que puedo decir es que sí se percibe un interés creciente de los países latinoamericanos en compartir experiencias y aprender unos de otros en materia de finanzas climáticas. Durante el seminario en Montevideo, fue evidente el compromiso en avanzar en esta agenda, con un enfoque técnico y colaborativo.
Sin embargo, hablar de una integración regional más estructurada o de una coordinación formal en políticas requeriría una visión más amplia y un conocimiento profundo de los marcos institucionales de cada país, lo cual excede mi ámbito de actuación.
Lo que sí puedo afirmar es que espacios como este seminario son fundamentales para construir confianza, alinear entendimientos técnicos y, eventualmente, sentar las bases para una cooperación más estrecha en el futuro.
¿Qué rol se espera que jueguen los bancos centrales de América Latina y las instituciones financieras en la transición hacia economías sostenibles?
Tanto los bancos centrales como las instituciones financieras pueden desempeñar roles importantes en la transición hacia economías más sostenibles, siempre dentro de sus respectivos mandatos y capacidades.
Uno de los aportes más relevantes desde la supervisión prudencial es asegurar que los riesgos sociales, ambientales y climáticos sean adecuadamente identificados, medidos, monitoreados y gestionados por las instituciones financieras.
Carine Barrios. Foto: difusión.
Esto incluye fomentar la integración de estos riesgos en los marcos de gestión existentes, promover la divulgación transparente y, en algunos casos, realizar ejercicios como pruebas de estrés climático. El objetivo no es dirigir el crédito hacia determinados sectores, sino garantizar que el sistema financiero sea resiliente frente a los impactos del cambio climático.
En cuanto a las instituciones financieras, se reconoce que pueden desempeñar un papel relevante en esta transición, pero eso depende de que estén insertas en una estrategia genuina de sostenibilidad a largo plazo. En la mayoría de las jurisdicciones, no corresponde al supervisor determinar que las instituciones hagan esa transición, sino asegurar que, si lo hacen, lo hagan de manera prudente, transparente y bien gestionada.
¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrenta la región?
América Latina enfrenta una serie de desafíos complejos en la integración del financiamiento climático, y es importante reconocer tanto sus fortalezas como sus vulnerabilidades.
Por ejemplo, la región cuenta con una matriz energética relativamente limpia en comparación con otras partes del mundo, lo cual es una ventaja significativa en términos de mitigación. Sin embargo, esta característica también nos obliga a mirar más allá del sector energético y revisar críticamente otras fuentes de degradación climática. Muchas actividades económicas tradicionales, como la agricultura extensiva, la minería y el uso del suelo, tienen impactos ambientales y climáticos relevantes y están profundamente arraigadas en las economías locales. Esto plantea desafíos particulares para la transición, que debe ser justa, gradual y bien planificada.
Uno de los principales desafíos que observo es la calidad y disponibilidad de datos. Para que las instituciones financieras puedan gestionar eficazmente los riesgos sociales, ambientales y climáticos, necesitan datos granulares, consistentes y confiables sobre sus exposiciones. En muchos países de la región esta información aún no está estandarizada o simplemente no está disponible.
Otros desafíos importantes incluyen la alta vulnerabilidad a riesgos físicos. La región es especialmente susceptible a eventos climáticos extremos, lo que genera pérdidas económicas directas y afecta la capacidad de pago de los deudores.
Además, se encuentra la dependencia de sectores intensivos en carbono. Muchas economías dependen de sectores que enfrentarán riesgos de transición significativos, lo que exige una planificación cuidadosa para evitar activos varados e impactos sociales negativos.
Por otro lado, existe la necesidad de fortalecer capacidades técnicas. Por último, la movilización de capital a escala. Aunque el interés está creciendo, sigue siendo difícil atraer el volumen de capital privado necesario para la transición, debido a la percepción de riesgo, la falta de proyectos bancables y la ausencia de marcos claros.
¿Qué avances destaca en la región en materia de regulación financiera verde?
En los últimos años, América Latina ha mostrado un dinamismo creciente en la integración de criterios ambientales y climáticos en sus marcos financieros y regulatorios. Aunque cada país avanza según su contexto institucional y económico, se observan algunas tendencias comunes que reflejan un compromiso regional con la sostenibilidad financiera.
Por ejemplo, países como Chile, Colombia, México, Perú y Brasil han desarrollado o están en proceso de desarrollar taxonomías verdes, que buscan estandarizar qué actividades económicas pueden considerarse sostenibles, facilitando así la canalización de inversiones hacia sectores con impacto ambiental positivo.
Además, se han fortalecido los requisitos de divulgación climática, lo que mejora la transparencia y permite al mercado valorar mejor los riesgos y oportunidades asociados al cambio climático.
En resumen, la región está avanzando hacia una mayor convergencia regulatoria en finanzas verdes, con un enfoque cada vez más estructurado y coordinado, lo que refuerza su resiliencia financiera frente a los desafíos climáticos.
¿Cómo ve el posicionamiento de Uruguay en este escenario?
El hecho de que Uruguay haya sido el anfitrión de este seminario regional tan relevante ya es, en sí mismo, una señal clara de su compromiso con la agenda de finanzas climáticas. La participación de instituciones clave, como el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Economía y Finanzas, la AUCI y el Banco Central del Uruguay, demuestra una coordinación interinstitucional que es fundamental para avanzar en este campo.
Desde mi experiencia técnica, veo varias fortalezas en el posicionamiento de Uruguay: una estructura institucional ágil, que puede facilitar la implementación de nuevos marcos regulatorios, una voluntad política clara, reflejada en la organización de espacios de diálogo como este seminario, y una apertura al aprendizaje regional, lo que permite adaptar buenas prácticas internacionales a su propio contexto.
En cuanto a los desafíos, que son comunes a muchos países de la región, destacaría la necesidad de profundizar en el mercado de instrumentos financieros verdes para canalizar más recursos hacia inversiones sostenibles, el fortalecimiento de capacidades técnicas, tanto en el sector financiero como en las autoridades supervisoras, y la mejora en la disponibilidad y calidad de datos, que es esencial para una supervisión efectiva de los riesgos climáticos.
¿Qué riesgos enfrenta la región si no acelera la integración del riesgo climático en sus sistemas financieros?
Los riesgos de no integrar adecuadamente el riesgo climático en los sistemas financieros de la región son significativos y crecientes.
En primer lugar, existe un riesgo claro de inestabilidad financiera. Las instituciones pueden enfrentar pérdidas importantes por riesgos físicos, como eventos climáticos extremos, y riesgos de transición, como cambios regulatorios o tecnológicos abruptos. Esto puede traducirse en mayor morosidad, deterioro de activos y, en casos extremos, crisis sistémicas. En Brasil, por ejemplo, hemos observado cómo los choques climáticos pueden impactar sectores específicos, generando vulnerabilidades relevantes.
Otro riesgo importante es el de activos varados, es decir, activos que pierden valor rápidamente por no adaptarse a una economía baja en carbono. Esto afecta directamente los balances de los bancos y de las empresas.
A nivel macroeconómico, la región podría enfrentar mayor costo de capital si los inversores perciben altos riesgos climáticos no gestionados, pérdida de competitividad, especialmente en sectores que no se adapten a las nuevas exigencias globales y, por último, impactos negativos en el crecimiento económico debido a la falta de inversión en resiliencia y a los costos crecientes de los desastres climáticos.
En resumen, no actuar implica no sólo un riesgo ambiental, sino también un riesgo financiero y económico estructural.
¿Qué mensaje les daría a quienes perciben el cambio climático como una agenda ambiental y no estructural?
Mi mensaje a los responsables de política económica y financiera que aún visualizan el cambio climático como una agenda meramente ambiental y no estructural es claro: el cambio climático es, fundamentalmente, un problema económico y financiero. No se trata sólo de proteger el medioambiente, sino de proteger la estabilidad macroeconómica y financiera de nuestros países. Los riesgos climáticos impactan directamente en la inflación, el crecimiento económico, la calidad de los activos bancarios y la solvencia de las empresas. No visualizar estos riesgos es ignorar una fuente creciente de inestabilidad y vulnerabilidad para el sistema financiero y la economía en su conjunto.
Integrar el riesgo climático en la política económica y financiera no es una opción, sino una cuestión de prudencia, resiliencia a largo plazo y competitividad. Es una oportunidad para innovar, construir economías más robustas y asegurar un futuro sostenible para todos.