Expertos analizan los claroscuros de las pautas salariales presentadas por el Poder Ejecutivo

A principios de julio el gobierno presentó los lineamientos que regirán la próxima ronda de negociación colectiva, que comenzó la semana pasada y abarca a cerca de 745.000 trabajadores. Expertos consultados por la diaria expusieron su perspectiva sobre los aspectos positivos y los “riesgos” que se desprenden de la propuesta presentada por el Poder Ejecutivo.

La economista del Instituto Cuesta Duarte Alejandra Picco, el gerente sénior del departamento de análisis económico de la consultora CPA Ferrere, Nicolás Cichevski, y el economista jefe del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), Ramiro Correa, coincidieron en que las pautas presentadas por la administración de Yamandú Orsi tienen como objetivo un aumento del poder de compra de los salarios, en particular entre aquellos que perciben los ingresos más bajos; no obstante, expresaron discrepancias sobre la apuesta por la desindexación y los posibles riesgos que las pautas podrían suponer para los sectores más sumergidos en términos del empleo.

Los tres entrevistados destacaron que el gobierno ha introducido elementos “innovadores” en las pautas, sobre todo en lo que tiene que ver con la diferenciación entre franjas de ingresos nominales. Sobre este punto, Picco y Cichevski coincidieron en que estas pautas confirman la apuesta que hace el gobierno para reducir los niveles de indexación, intención que había sido anticipada meses atrás por el ministro de Economía, Gabriel Oddone.

“La reducción en los niveles de indexación termina siendo a mediano plazo beneficiosa para los trabajadores, porque en la medida en que sea más fácil consolidar menores niveles de inflación se logra una mejora en el poder adquisitivo de los trabajadores y, en particular, de los que no están incluidos en la negociación colectiva, que son los informales y los que trabajan de forma independiente”, afirmó Cichevski.

En cambio, Correa aseguró que la desindexación que pretendía el ministro de Economía y Finanzas “no se logró”, porque sólo se va a aplicar a un “grupo muy minoritario” de quienes están contemplados dentro de esta instancia. Asimismo, señaló que estos lineamientos constituyen una “continuidad” con respecto a lo que se realizó en el anterior gobierno, ya que establecen convenios que se extienden durante dos años. Por otro lado, destacó que el “mayor riesgo” que observan desde el CED es que los aumentos diferenciales en la franja más baja de ingresos pueden “ir en contra de la generación de empleo”.

En contraste, Picco y Cichevski consideraron que para el promedio de la economía no se observa un deterioro en el marco de las condiciones del mercado de trabajo.

No obstante, desde la central sindical se observan algunos elementos “controversiales”. Uno de ellos es que el aumento salarial no está asegurado, ya que dependerá de lo que ocurra con la inflación. El otro es que “no existe certeza sobre el aumento del salario real en una economía que se espera que crezca”.

La propuesta del gobierno

Las pautas del Ejecutivo para la 11° ronda de negociación colectiva establecen tres franjas salariales con ajustes diferenciales en función del nivel de ingresos nominales. La primera se extiende hasta los 38.950 pesos y comprende a aproximadamente el 30% de los asalariados del sector privado contemplados por este ámbito. La segunda, que va de los 38.951 a los 165.228 pesos, contempla al 64% de los trabajadores. Por último, la tercera comienza a partir de los 165.229 pesos y concentra al restante 6%.

Asimismo, la iniciativa propone correctivos anuales en base a la inflación subyacente durante el primer año del convenio (correctivo intermedio) y en base a la inflación global observada para el segundo año, es decir, para el correctivo final al culminar el convenio (gráfico).

El subsecretario de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba, señaló que la propuesta elaborada por el gobierno busca priorizar el crecimiento de los salarios más bajos y generar las condiciones para el crecimiento del empleo. Asimismo, resaltó la importancia de que la política salarial sea consistente con la política fiscal y monetaria “para que el país pueda avanzar sin generar desequilibrios, como ha sucedido en etapas anteriores en las cuales las inconsistencias entre estas políticas generaron dificultades en algunas áreas de funcionamiento de la economía”.

Según un informe de CPA Ferrere difundido el 4 de julio, los incrementos sugeridos suponen un incremento nominal promedio anual de 6,1% en el primer año y de 5,5% en el segundo. “Ello supone que de cumplirse la meta de inflación definida por el BCU (4,5%), el salario real promedio se incrementaría en 1,6% en el año cerrado a junio de 2026 y de 0,9% en el año cerrado a junio de 2027”.

La mirada del Cuesta Duarte

Desde el Instituto Cuesta Duarte, Picco indicó a la diaria que en estos lineamientos el gobierno propuso un formato de negociación “bastante distinto” a los anteriores, que buscan “caminar hacia mayores niveles de desindexación”. La economista dijo que desde el movimiento sindical se observan aspectos “positivos” y otros “controversiales”, que generan “cierto temor”.

“El principal aspecto positivo es que hay una propuesta que apuesta al crecimiento de los salarios, que es algo que no había pasado en la administración anterior, y esa es la principal diferencia. Las rondas de negociación de la administración anterior estuvieron, en un principio, teñidas por lo que sucedió en la pandemia, que llevó a una caída del salario real. Pero, posteriormente, en las rondas donde hubo crecimiento económico, y en las cuales algunos sectores no habían tenido pérdida o ya se habían recuperado, ni siquiera para esos sectores se planteaba crecimiento salarial”, recordó.

Por tanto, el crecimiento salarial es un “elemento diferenciador y positivo”, remarcó Picco, al mismo tiempo que indicó que la “contracara y lo más complicado” para los trabajadores es que dicho aumento no está asegurado, ya que dependerá de lo que ocurra con la inflación. “En última instancia, lo único seguro que hay es que para las franjas de salarios 1 y 2, que representan a los más sumergidos y también a la mayor parte de los salarios excepto a los niveles más altos, al final el salario real va a tener el mismo nivel que tenía al principio, pero que haya o no crecimiento va a depender en última instancia de la trayectoria de la inflación”, indicó.

Consultada sobre las advertencias de que estos lineamientos podrían tener impactos negativos en la generación de empleo, Picco contestó que no se deben producir puestos de trabajo a través de los salarios. “No se puede pensar que los niveles salariales son una traba para la generación de empleo. Por lo menos no creo que eso suceda a nivel macro de la economía. Creo que la creación de empleo pasa por otros lados y el tipo de empleo al que aspiramos que se genere no es uno que se va a ver obstaculizado por algún crecimiento un poco mayor de los salarios”.

Sin embargo, reconoció que, para el caso de los salarios más sumergidos, en los cuales se encuentran ocupados los trabajadores menos calificados y que tienen más dificultades de inserción en el mercado de trabajo, los incrementos salariales pueden llegar a tener “algún efecto” no deseado sobre el desempleo o la informalidad. “Se debe estar monitoreando esas situaciones”, remarcó.

Con respecto a si estas pautas tienen como foco la protección del salario, Picco remarcó que los lineamientos dan por sentado que Uruguay va a crecer, pero existe un contexto de “bastante incertidumbre”. “Es cierto que se apuesta al crecimiento del salario, pero vinculado a que eso no tenga efectos no deseados sobre la inflación. Es decir, que se trata de contemplar varias variables, entre ellas la no caída del salario real, pero no hay certeza del aumento del salario real en una economía que se espera que crezca. Por ahí es donde viene lo más controversial para el movimiento sindical”, sentenció.

Por otro lado, sostuvo que es poco probable que se apliquen los correctivos intermedios por un aumento de la inflación subyacente. “En definitiva, no creemos que haya un riesgo de caída del salario real”, agregó.

La visión de CPA Ferrere

Por su parte, Cichevski sostuvo que, a pesar de la “inquietud previa”, no se presentaron “muchas sorpresas” en estos lineamientos, ya que confirman la apuesta que hace el gobierno para reducir los niveles de indexación. En ese sentido, desde CPA Ferrere se realiza una evaluación “positiva” de la propuesta a largo plazo, sobre todo si se tiene en cuenta el objetivo del gobierno de alcanzar una inflación del 4,5%.

“El diseño de los eventuales correctivos por inflación hace que la probabilidad de que se utilicen sea bastante baja. Esto sucede porque en el primer año se toma en cuenta la inflación subyacente, que excluye precios volátiles que a veces hacen que la inflación tenga cambios imprevistos, como, por ejemplo, las frutas y las verduras, e incorpora también un rango de tolerancia. En el segundo año, en cierta medida, los correctivos están propuestos como un seguro contra la pérdida de salario real”, indicó.

En esa línea, señaló que la probabilidad de activación de los correctivos es “baja”, lo que debería “contribuir a consolidar el régimen de inflación actual y darle credibilidad al programa del Banco Central”. “De cumplirse con una inflación del 4,5%, en promedio los salarios se incrementarían en el entorno del 1,6% durante el primer año y del 1% en el caso del segundo”, agregó.

Sin embargo, destacó que se debería tener presente en estas pautas una noción de la dimensión de la productividad. “Considerando una economía que crece al 2%, y la necesidad de creación de empleo en torno del 1%, el margen para incrementar los salarios en promedio debería estar en el entorno del 1%. Esto, naturalmente, se cumple en el segundo año. En el caso del primer año, por su parte, está un poco por encima, no de forma significativa, pero uno pensaría que en términos generales y para el promedio de la economía no necesariamente hay un deterioro de las condiciones del mercado de trabajo”, indicó.

Consultado sobre si afecta la creación de empleos, valoró que la situación es “diferente” según el nivel de ingresos. “Para los trabajadores con salarios inferiores a 39.000 pesos (aquellos que están comprendidos dentro de la primera franja), el incremento real propuesto es en promedio algo superior, alguna décima superior al 2%, y ahí es donde efectivamente puede existir un riesgo en materia de empleo, sobre todo si no se toman en cuenta las heterogeneidades existentes en el mercado laboral, no sólo a nivel de sectores de la economía, sino también a nivel de regiones y/o tamaño de empresa. Esto es algo que la pauta sugiere que se incorpore en los acuerdos, pero es algo que no quedó definido de forma explícita en los lineamientos”, agregó. Para minimizar la probabilidad de ocurrencia de estos efectos negativos en materia de empleo, es necesario que las negociaciones y los eventuales acuerdos incorporen este tipo de disparidades, resaltó.

“Además, puede haber eventuales presiones salariales en la formación de precios de los sectores o de las empresas que pueden trasladar estos mayores incrementos a precios. En realidad, ahí el problema no va a ser tanto de empleo, va a ser un poco más de presión en algunos servicios no transables y en el componente no transable de la inflación. Estoy hablando sobre todo del primer año. En el segundo año está bastante más alineado, y en los sectores o en los mercados en donde no sea posible trasladar a precios los incrementos salariales que estén desalineados con el incremento de la productividad el riesgo es justamente que la corrección o el ajuste sea por cantidad de empleo o por formalidad”, añadió.

Como aspectos más positivos, Cichevski destacó la “innovación” de los lineamientos en el impacto de la política económica para la “reducción en los niveles de indexación”. “La reducción en los niveles de indexación termina siendo a mediano plazo beneficiosa para los trabajadores, porque en la medida en que sea más fácil consolidar menores niveles de inflación eso implica una mejora en el poder adquisitivo de los trabajadores y en particular de los trabajadores que no están incluidos en la negociación colectiva, que son los informales y los que trabajan de forma independiente. Considero que, en la medida en que los acuerdos respeten en términos generales los lineamientos sugeridos, vamos a tener un cambio en la dinámica de formación de expectativas de inflación, porque efectivamente los correctivos le quitan rigidez al proceso de formación de precios”, concluyó.

La postura del CED

Por otra parte, Correa evaluó que estos lineamientos son una “continuidad” de los que se realizaron en el anterior gobierno, ya que establecen un acuerdo salarial de dos años, con ajustes semestrales de salarios nominales, en base a la inflación proyectada y con un componente de aumento de salario real. “Por ese lado se advierte la continuidad de lo que venían siendo las rondas de negociación colectiva anteriores”, remarcó.

Por otro lado, resaltó que estas pautas tienen una “innovación” con respecto al pasado, debido a que los aumentos salariales van a ser diferenciales según la franja de ingresos que tengan los trabajadores. “La lógica es que se propone mayores aumentos salariales para la franja 1, la de menores ingresos, aumentos salariales intermedios para la franja 2, y mantenimiento del salario real para la franja de ingresos más altos”, indicó.

Sin embargo, destacó que el “mayor riesgo” que se observa desde el CED es que los aumentos diferenciales en la franja más baja pueden “ir en contra de la generación de empleo”. “Los aumentos de salario real implican un mayor gasto en términos reales por parte del empresario que contrata. Los trabajadores que se encuentran en la franja de menores ingresos, en su mayoría, tienen menor calificación y se encuentran en los sectores menos dinámicos de la economía. Por lo tanto, cuando se presiona demasiado el salario real en esos sectores, en un contexto de una economía que va a crecer poco, porque todos esperamos un crecimiento promedio del 2% anual en los próximos años, hay un riesgo no menor de que se empiece a generar desempleo”, explicó.

Sostuvo que entre 2015 y 2019 los aumentos salariales estuvieron por encima del crecimiento de la economía y de la productividad, y el resultado “fue una destrucción neta de aproximadamente 50.000 puestos de trabajo, que se concentró en los sectores menos dinámicos, los de menor productividad”. “Ese riesgo hoy existe, es real, lo veremos con el devenir de los tiempos”, resaltó.

Por otro lado, consideró que la desindexación que pretendía el ministro Oddone “no se logró”, porque sólo se va a aplicar a un “grupo muy minoritario” de los que participan en esta instancia.

“¿Qué pasa cuando una economía está en un proceso desinflacionario como el que está viviendo Uruguay, en donde la inflación baja constantemente? Lo que puede suceder es que los aumentos que se dieron a los trabajadores por inflación proyectada resulten mayores que lo que efectivamente terminó siendo la inflación. Entonces, en ese caso, en vez de compensar al trabajador, lo que hay que hacer es descontar ese aumento extra que tuvo justamente para que haya consistencia entre la política monetaria y salarial. Lamentablemente, estos correctivos ahora sólo se van a aplicar cuando la inflación efectiva supere a la proyectada, pero no cuando la inflación efectiva sea menor que la proyectada”, indicó.

Asimismo, reconoció que las pautas salariales no generan presiones inflacionarias en el corto plazo, “pero quizás frenen o detengan el proceso desinflacionario, o sea, supongan una barrera más para continuar bajando la inflación”, agregó. Por último, sostuvo que las pautas están manejando indicadores promedios y remarcó la importancia de las negociaciones a nivel sectorial. “Para los sectores menos dinámicos, de menor productividad, va a quedar muy poco espacio para el crecimiento, porque el salario real se va a llevar casi todo lo que crezca la economía”, sentenció.