Como es sabido, las ventas de nafta realizadas en las estaciones de servicio ubicadas en zonas fronterizas con Argentina y Brasil gozan de un descuento en el Imesi. A partir del 1° de agosto, el gobierno redujo dicho descuento para aquellas estaciones de servicio localizadas en un radio máximo de 20 kilómetros de los pasos de frontera litoraleños. El descuento pasó del 40% al 32% y con esta modificación el precio de la nafta Súper subió, en esa zona fronteriza, de 47,2 a 53,5 pesos por litro, ubicándose ahora un 19% por encima de su similar argentino.
Esta medida generó preocupación en el sector comercial del litoral de nuestro país, y los centros comerciales e industriales de los departamentos afectados (Salto, Paysandú y Río Negro) se pronunciaron en su contra. Asimismo, algunos diputados departamentales anunciaron que realizarán planteos al gobierno para que revierta esta medida.
A los efectos de evaluar la pertinencia y la proporcionalidad de la medida implementada, corresponde antes que nada plantearse la pregunta sobre cuál es el objetivo preciso que persigue el descuento del Imesi en la frontera. Es razonable pensar que el objetivo concreto del descuento es evitar el perjuicio que provoca la competencia argentina o brasileña en las estaciones de servicio fronterizas, tanto sobre las ventas como sobre el empleo, con la menor renuncia fiscal posible. Sin embargo, la normativa establece que pretende hacer “equiparable” los precios entre ambos lados de la frontera (Resolución 1270/025 de la DGI y otras), lo que en el caso particular del litoral, como veremos, resulta contradictorio con el objetivo antes planteado.
En el caso del litoral, si el objetivo del descuento fuera alcanzar el nivel de ventas que se registraría sin la competencia argentina, su valor no debería igualar los precios de la nafta entre ambas márgenes de la frontera, sino ser necesariamente menor. En efecto, si el descuento igualara ambos precios, las estaciones de servicio litoraleñas estarían vendiendo más nafta que en ausencia de la competencia argentina, porque se habría reducido el precio interno, con el consecuente aumento del consumo, pero a la vez se habría llevado a cero el consumo transfronterizo.
Por tanto, el descuento del Imesi tendría que ser de un valor tal que logre igualar el aumento del consumo, derivado de la reducción del precio en frontera, al total de consumo transfronterizo que se registre para ese valor. De tal forma, ambas magnitudes se compensarían y las ventas en el litoral permanecerían en el nivel que registrarían en ausencia de la competencia argentina.
En abril del presente año argumenté, con los fundamentos antes expuestos, por qué en mi opinión el descuento del 40% establecido para el litoral era excesivo hacía ya varios meses, y sugerí una reducción al 30% (Búsqueda, 30/4/2025, y Diario El Pueblo, 21/4/2025). Al día de hoy, según mis estimaciones, el descuento debería ubicarse en 30%, algo por debajo del nivel recientemente establecido por el gobierno. Con dicho descuento, el aumento de consumo (11%) derivado de la reducción del precio compensa exactamente la fuga de ventas hacia el vecino país.
También se ha manifestado preocupación sobre el efecto que podría tener la medida anunciada sobre otros sectores de la economía litoraleña, en la medida en que el consumo transfronterizo de nafta incentive la compra de otros rubros transables. Si bien este efecto merece especial atención, estimo que por el momento debería ser muy acotado, considerando que la diferencia de precios con Argentina se ha reducido significativamente en los dos últimos años.
En efecto, de acuerdo con la última publicación del indicador de precios fronterizos de la Universidad Católica, correspondiente a julio, la diferencia de precios entre ambas márgenes asciende al 26,4%, un aumento esperable con respecto a la medición anterior (14,2%).
La frontera con Brasil representa una situación diferente y, al establecer el descuento a la nafta, debe considerarse la gran cercanía que existe entre las ciudades de ambos países, algunas de ellas colindantes. Debido a esto, la única forma de evitar un perjuicio sobre las ventas que se registran en nuestro país es establecer un descuento que equipare los precios de ambos lados, siempre que esto sea posible.
Todas las medidas económicas orientadas a atender la situación de la frontera deben ser flexibles y requieren un seguimiento casi permanente debido a que los precios relativos con nuestros países vecinos son muy cambiantes.
Probablemente gran parte de la controversia surgida a partir de la implementación de esta última medida se explica por el hecho de que los diferentes participantes consideran el descuento del Imesi un instrumento útil, pero tienen en mente objetivos diferentes. En ese sentido, es una buena oportunidad para que el gobierno explicite el suyo.