La controversia que ha tomado estado público en las últimas semanas, referida a una actividad efectuada en el liceo 1 de Salto, me motivó a participar en el intercambio. Los comentarios difundidos al respecto interpelaron mi ubicación profesional, lo que se convirtió en un acicate para que me decidiera a intervenir ofreciendo mi perspectiva como docente, médica y, en especial, como mujer, madre, abuela y ciudadana comprometida con el bienestar actual y futuro de nuestra sociedad, en la certeza del rol que cumple el sistema educativo para su logro.
La perspectiva que intento desarrollar al valorar críticamente el mencionado encuentro, que al parecer se denominó “Taller de afectividad, responsabilidad y sexualidad”, se vincula específicamente con la posible transgresión del derecho de la niñez y la adolescencia a recibir una educación que contribuya a su formación como sujetos críticos, capaces de construir su propio marco axiológico y determinar su proyecto de vida. Todo ello se encuentra establecido en la Constitución de la República, en la Convención de los Derechos del Niño, en la Ley General de Educación y en las declaraciones y convenciones internacionales suscritas por el gobierno, que resultan vinculantes para Uruguay.
El tema en cuestión adquiere particular significación no sólo por la trascendencia que ha tomado en distintos niveles de la sociedad, sino por la proyección que pudieran tener acciones de esta naturaleza en el sistema educativo público, cuyo objetivo debiera estar dirigido específica y eminentemente a la formación de nuestras y nuestros niños, adolescentes y jóvenes.
Por lo tanto, no es conveniente analizar lo ocurrido con la banalidad, superficialidad o tergiversación argumental de quien ofrece un simple relato de lo sucedido y destaca su carácter “altruista/beneficente”, o de quienes con frases grandilocuentes contribuyen a fragmentar y descontextualizar el enfoque, minimizando la real significación de lo acaecido. Como precisión inicial quiero dejar sentado de forma categórica que no intento colocar mi opinión personal relativa a la interrupción del embarazo, ya que considero que no aporta al debate, que debería centrarse en la actividad realizada en el espacio formal de una institución educativa.
Lo fáctico
En la última semana de junio, en el liceo 1 de Salto se realizó una intervención de carácter obligatorio (por efectuarse en horas de clase) dirigida a estudiantes de quintos y sextos años de orientación biológica, ofrecida por personas no pertenecientes al cuerpo docente de la institución, y cuya pertenencia a la comunidad educativa no ha sido aún comprobada. Esta contó con la autorización y presencia de la directora de la institución durante todo el transcurso de la actividad, lo que se visualiza en la filmación difundida en las redes sociales.
La referente de educación sexual regional manifestó que en ningún momento fue informada sobre la actividad (tal como debe hacerse cuando se abordan temas vinculados a la educación sexual), por lo que no hubo valoración previa del planteo pedagógico a desarrollar ni de los materiales didácticos a utilizar en ese “espacio docente”.
En el debate sobre la actividad se ha enfatizado en la posible transgresión del principio de laicidad, cuestión no menor por sus alcances legales, cuya dilucidación está en manos del Departamento Jurídico del Consejo de Educación Secundaria. Del mismo modo, tampoco se abordarán ahora los aspectos éticos vinculados al desempeño docente de la directora del liceo, que, por supuesto, ameritan una impostergable reflexión.
Propongo hacer el análisis de lo ocurrido con una mirada centrada exclusivamente en el valor pedagógico-formativo que debería tener una actividad ubicada en las horas de clase de un espacio educativo formal, cuyos aportes justificaran por sí mismos la sustitución de las clases establecidas y, en particular, dirigida a estudiantes de orientación biológica.
Es decir, focalizar en la calidad educativa-formativa que ofreció esta “actividad sustitutiva” la información y los mensajes aportados a un “alumnado cautivo”. Dada la orientación elegida por los estudiantes, una actividad pedagógicamente sólida y enriquecedora debería haber abundado en materiales científicos actualizados y basados en la evidencia. Además, sus aportes deberían haber enriquecido su acervo intelectual, y motivado para profundizar su estudio y se deberían haber complementado con una discusión acerca de las distintas perspectivas y miradas biológicas, psicológicas, sociales, culturales, legales, éticas y religiosas que temas candentes de la biología pueden presentar, como son los relativos al inicio y fin de la vida.
De acuerdo con los relatos existentes, nada de esto existió. El sustento teórico-científico-conceptual del taller estuvo basado en un video que presenta exclusivamente el testimonio de una mujer que había abortado y relata detalladamente las consecuencias que esta intervención tuvo en su vida posterior en términos biológicos, psicológicos y espirituales.
Del mismo modo, se distribuyeron otros materiales, como pequeñas reproducciones de fetos y materiales gráficos, lo que indica que la presentación había sido cuidadosamente preparada en cuanto a aportes “didácticos”. A la vez, según informó el diario El País con base en testimonios de algunos participantes, “no se permitió el diálogo y se impuso el silencio, por lo que algunos estudiantes optaron por grabar lo sucedido y subirlo a las redes para su difusión”. He podido acceder al video mediante las redes sociales y comprobado que, sin duda, constituye un alegato doloroso de la vida de esa persona. Según consta, se trata de una ciudadana colombiana de 42 años que da su testimonio en algún lugar de Estados Unidos, y este es utilizado por los grupos “pro vida” para su campaña contra la legalización del aborto.
La utilización de este recurso audiovisual como “única propuesta pedagógica” que intenta generalizar y validar situaciones como las aquí narradas, además de las falacias que acarrea, constituye una grave transgresión del principio del sistema educativo de veracidad para aportar la información científica actualizada y basada en evidencias.
¿Qué pasaría si en este momento, en Secundaria, se sustituyera una clase de Astronomía por un audiovisual que transmitiera exclusivamente como ciencia constituida (no como referencia histórica) las teorías geocéntricas con que se pretendió acallar a Copérnico y rebatir los avances científicos de Galileo? ¿Y si al abordar la temática de la sangre solamente se ofreciera un video con las posturas muy legítimas, pero no generalizables, de las personas que, en el ejercicio de sus derechos, son testigos de Jehová y se oponen a las transfusiones? ¿Y si tratáramos el tema de las afecciones infecciosas y su prevención por medio de vacunas, sustituyéndolo exclusivamente por los alegatos de quienes, en el ejercicio de sus derechos, se oponen a la vacunación negando su valor para la salud de la población?
Dicho y hecho
Desde mi praxis como ginecotocóloga podría aseverar que es absolutamente falsa la afirmación de que todas las personas que han debido acudir a una interrupción de la gestación presentan situaciones como las que menciona el video. Del mismo modo, ningún trabajo de investigación científica sólidamente sustentado en la materia avala semejante afirmación.
Se ha informado que se invoca la “libertad de cátedra” para justificar lo que, en mi opinión, constituye una grave transgresión del proceso formativo ofrecido en este taller. Resulta imposible validar dicho argumento, ya que el episodio no sucedió en el transcurso de una clase regular y no fue llevado a cabo por los docentes correspondientes, en cuyo caso habría que considerar lo establecido por el Estatuto del Funcionario Docente, en especial en su artículo 3º. Este recurso no puede ser invocado ni validado cuando lo que se brinda como material educativo erosiona el bien supremo a tutelar, en este caso, el derecho a la educación integral, sustentado en una información científica, veraz y basada en la evidencia que abra la reflexión sobre las distintas cosmovisiones implicadas.
En resumen: se atentó de modo flagrante contra la dignidad del “estudiantado cautivo” y se intentó manipular su proceso formativo ofreciendo materiales carentes de valor científico en un ámbito educativo formal. Dichos materiales sólo contribuyen a distorsionar, confundir y obstruir el proceso fundamental de establecer un pensamiento crítico, autónomo, que favorezca el proceso de construirse sujetos morales, impidiendo la confrontación de las distintas perspectivas y cosmovisiones al respecto de una ley de vigencia nacional.
En este sentido, no existió proceso de validez educativa, y “ninguna autonomía moral se construye a partir de la ignorancia y la tergiversación, impidiendo cualquier espacio reflexivo posterior” (1).
Finalmente, formularé algunos interrogantes para considerar las responsabilidades de quienes autorizaron y llevaron a cabo el taller. ¿Las expositoras pensaron en las consecuencias que estos mensajes podrían tener en el futuro para las y los estudiantes? ¿Consideraron que quienes participaban podrían tener familiares, amigos o conocidos que hubieran recurrido a una interrupción del embarazo y pensaron qué actitud, sentimientos o conflictos podrían despertar en ellos? ¿Cómo la directora del liceo permitió que se arrasara de ese modo la dignidad de las y los estudiantes aceptando como “pedagógicamente válidas” las falacias de la información aportada e impidiendo todo diálogo al respecto? ¿Como docente y directora del centro considera que la culpabilización y el miedo son recursos pedagógicos para el desarrollo y el crecimiento humano actual y futuro de sus estudiantes? ¿Ha valorado la categoría de agentes morales en construcción del alumnado posibilitando el diálogo e intercambio de perspectivas?
Sostengo que el abordaje pedagógico de temas que constituyen áreas controvertidas en la sociedad como los que motivaron esta actividad, y que se vinculan tan estrechamente con la educación de la sexualidad de las jóvenes generaciones, debiera ser cuidadosamente planificado y protegido de posible manipulación, tergiversación y distorsión, y los derechos humanos de los estudiantes deberían ser rigurosamente resguardados.
Es momento de considerar el rol de las autoridades en la preservación de estos objetivos, en la custodia del estricto cumplimiento de la legislación vigente por parte del ámbito institucional y docente, valorando los compromisos que apareja su función, conociendo los alcances y límites de su rol, manteniendo un diálogo permanente y fecundo con los estudiantes y la comunidad educativa.
- Extraído de la tesis de maestría en bioética de la Universidad de Chile/Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud, publicada por la autora en agosto de 1997.