En rondas, unos 50 jóvenes debatían ayer de tarde, en plena plaza Gomensoro, sobre género y acoso callejero, pena de muerte o impunidad militar, mientras otros aprendían lengua de señas uruguaya. Los jóvenes eran estudiantes de bachillerato del liceo 28, ubicado en bulevar España y Ellauri, que estaban desarrollando un paro activo en una semana marcada por la colocación de un cartel en la fachada del liceo. “Si querés seguridad no pidas militares. Pedí educación. La reforma no es la forma”, dice el cartel, que está colocado en la puerta del centro educativo y está firmado por el gremio estudiantil del liceo.

La resolución de colocar el cartel nació en una asamblea gremial, en la que se debatió sobre la reforma constitucional propuesta por el precandidato nacionalista Jorge Larrañaga (Alianza Nacional) que propone, como medidas para combatir la inseguridad, los allanamientos nocturnos, el cumplimiento completo de las penas para delitos graves, la prisión perpetua revisable para delitos gravísimos y la creación de una Guardia Nacional formada por militares.

El jueves 23 se colgó la proclama. “Estamos en un año crucial, en octubre no sólo se va a elegir la presidencia, sino que también se vota por esta reforma, y más allá de ser estudiantes, como personas, claramente esto nos afecta”, explicó Yazmin Menéndez, una de las integrantes del gremio, a la diaria. La estudiante argumentó que en el gremio “no creemos que esta sea la forma para solucionar la inseguridad”, y puso el ejemplo de Brasil y Argentina: “Estamos en medio de dos países donde se propusieron estas mismas cosas, y no se solucionó absolutamente nada”. En particular hablando sobre Argentina, aseguró que el gobierno apuntó a aplicar medidas similares a las que propone la reforma Vivir sin Miedo “y aumentaron las muertes por gatillo fácil, a manos de policías. ¿Vamos a seguir por esa misma línea? ¿Eso queremos?”, preguntó. “Como estamos todos empapelados por una campaña que se impulsa, nosotros sentimos también la necesidad de posicionarnos y decir que no creemos que esta sea la forma para solucionar las cosas”, añadió Menéndez.

Bajó y volvió a subir

El viernes 24 en la tarde el cartel ya no estaba, según los estudiantes porque hubo una orden por parte de las autoridades de sacarlo. Menéndez dijo que el cartel se bajó “sin fundamentos” por parte de las autoridades del Consejo de Educación Secundaria (CES) y del Consejo Directivo Central (Codicen), porque a su entender “no nos pudieron decir por qué supuestamente se viola la laicidad con el cartel”. El miércoles siguiente tuvieron un encuentro con una de las inspectoras de secundaria y luego volvieron a convocar a una asamblea “a todo el estudiantado, no sólo a los del gremio”, donde se discutió si volver a poner el cartel o no. Por voto secreto, “para no influir en el voto de nadie”, se aprobó por 35 votos contra 13 volver a colocar el cartel, explicó la estudiante.

Para Menéndez, la reacción se generó por “un político que dijo que a su entender se viola la laicidad”, en referencia al tuit del diputado Pablo Abdala, de Alianza Nacional, en el que advertía del contenido del cartel. Pero Robert Silva, consejero en representación de los docentes en el Codicen, dijo que el tema le llegó a través de “docentes preocupados” por lo que estaba pasando y, apenas enterado, conversó con las autoridades de secundaria para plantearles su punto de vista. En diálogo con la diaria, aclaró que reivindica “la posibilidad de que los estudiantes traten todos los temas, pero en un marco de respeto de las opiniones divergentes”. A su entender el cartel “hace un proselitismo a favor de una posición, y creo que deja afuera las otras posiciones, que no son sólo una, pueden ser varias”. Descartó que su postura implique “amedrentar el derecho de expresión de los estudiantes”, sino que tiene que ver “con un tema de convivencia: no todos los estudiantes piensan lo mismo, entonces puede venir otro grupo de estudiantes que esté a favor y ponga otro cartel, y luego otros. ¿En qué se convierte el centro educativo? ¿En una gran cartelera?”, cuestionó.

El consejero aclaró que formalmente el tema no llegó al Codicen, más allá de que se conversó en una sesión junto a la directora general del CES, Ana Olivera.

La directora del CES tiene otra versión sobre lo que pasó con el cartel. Contó a la diaria que “no hubo mandato de secundaria de sacar nada” y que el viernes el cartel “se voló”, según le informó la inspectora regional. Explicó que el tema se está estudiando a nivel de Jurídica y con las inspectoras, y no quiso opinar sobre el hecho concreto y la eventual violación a la laicidad. “El tema a veces no es de cuántos metros más allá o más acá, en la reja o en la esquina; es un tema de cómo lo sienten los estudiantes”, opinó, y añadió que en estos casos suelen tener luego “otras resonancias, que implican que uno manda sacar un cartel y aparecen otros similares en diez o 15 liceos”.

Valoró que desde los equipos pedagógicos de los liceos se convoca a los estudiantes “a participar en temas que los interpelan y van construyendo ciudadanía” y se busca “escuchar y ser escuchados a todos, no solamente a aquellos que pueden estar con una posición acabada, sino también a aquellos que están construyendo una posición”.

Aseguró que las inspectoras fueron a charlar tanto con el equipo directivo como con los estudiantes, y que “no se han tomado medidas antojadizas”. A su entender, “desde la prensa u otros lugares que no son lo pedagógico interfieren o generan un hecho externo que interfiere en esta construcción de ciudadanía y participación” y que “cuando el espectro político interviene, lo pedagógico ya se desvirtúa”. Adelantó que el lunes concurrirá al liceo, ya que los estudiantes plantearon que fuera algún consejero de secundaria a dialogar con ellos.

Sobre si pedirá que vuelvan a bajar el cartel, Olivera dijo que las cuestiones “no son solamente las normativas, sino las estratégicas que estamos en condiciones de llevar adelante en los liceos para que no surja esto, para que no empiece a haber situaciones que polaricen incluso la construcción de ciudadanía”. “Tenemos que escucharlos para ver de qué forma el gremio puede tener su lugar, su espacio, y dónde y cómo pueden procesarse algunas discusiones que tienen que tener la voz de todos”, afirmó.

La estudiante e integrante del gremio dijo que el cartel permanecerá colgado “hasta que alguien nos diga algo concreto, pero no lo vamos a bajar por una medida autoritaria o porque a algún político no le gusta pasar y ver por su barrio un cartel que está en contra de lo que cree”. Menéndez se quejó de lo que considera es “una cacería de brujas”. “Otros centros han puesto cartelería en las fachadas, por ejemplo por el 6+1% del presupuesto, y nunca se les dijo nada ni se persiguió”, y aseguró que en la discusión “no hay algo político-partidario: estamos hablando de una reforma que personas de ese mismo partido político están en contra, como hay personas de otros partidos que la apoyan”.