La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) negocia con el Banco de Previsión Social (BPS) para pagar la deuda de 80 millones de pesos, que equivale a dos millones de dólares, a una docena de trabajadores del área de informática, que se generó entre 2010 y 2014, según denunció Juan Gabito, integrante del Consejo Directivo Central (Codicen). Entrevistado por el programa de VTV Poder ciudadano, señaló que no tenía claro si esas personas “reclamaron o si fue una liquidación de oficio, porque esas personas tenían un régimen de contrato originalmente”. En ese sentido, sostuvo que “supuestamente” la ANEP al principio “no las consideraba empleados funcionarios y resultó que sí lo eran para el BPS”.

Gabito expresó que “hace una semana” el director de Gestión Institucional de la ANEP, Héctor Bouzón, les advirtió sobre el impago al BPS, lo que fue “un impacto”. El consejero indicó que están en conversación con el BPS para saber si ese es el monto y si puede haber algún tipo de consideración, dado el origen de la deuda, su antigüedad y los intereses que fue generando. “Tendremos que pagarla, porque ya no da para más. Una deuda de todo este tiempo hay que pagarla”, afirmó Gabito.

Ante los dichos de Gabito, el diputado colorado Felipe Schipani elevó un pedido de informes en el que pide saber cuándo se detectó la “omisión” de realizar los aportes, cuándo se pagaron esos aportes que no habían sido vertidos, si hubo alguna investigación administrativa al respecto, si se individualizó “algún responsable”, si hubo alguna intimación del BPS, si se trata de los aportes de los trabajadores o de los aportes patronales, y los aportes de cuántos funcionarios no fueron vertidos, además del vínculo que tenían con el organismo.

El motivo de la deuda

Según informaron a la diaria desde el BPS, en 2014 una docena de trabajadores que estaban en el área de informática y facturaban por empresa unipersonal, reclamaron ante la ANEP ser dependientes por el período que denunciaron las autoridades del organismo de enseñanza. Desde el organismo de previsión social apuntaron que estos trabajadores estaban contratados como unipersonales y por esta modalidad fueron registrados a la seguridad social y, por lo tanto, se hicieron esos aportes.

Por su parte, desde el BPS se informó que en 2016 se les dio la razón a los trabajadores y la ANEP recurrió, pero dos años más tarde, en 2018, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) ratificó lo resuelto por el BPS, nuevamente, a favor de la dependencia. A partir de entonces, dijeron que el subsistema generó deuda, y se fueron acumulando multas y recargos.

Robert Silva, presidente del Codicen de la ANEP, apuntó que la deuda equivale a un liceo completo, lo que abrió críticas desde la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), que aprovechó el cálculo del jerarca para estimar que los 80 millones de dólares de recorte en la ANEP equivalen a 76 liceos de tiempo completo.

Celsa Puente, directora general de Secundaria entre 2014 y 2018 explicó a la diaria que cuando asumió la dirección del organismo le explicaron de la demanda de un informático que estaba contratado por empresa unipersonal, una modalidad de arrendamiento de servicios que está extendida en la ANEP y en todo el Estado uruguayo. Según recordó Puente, el argumento de la demanda era que la modalidad unipersonal se utilizaba para camuflar un vínculo laboral con el Estado. Incluso, mencionó que ello llevó a que el entonces Consejo de Educación Secundaria reformulara la contratación de sus informáticos para que pasaran a ser funcionarios públicos, lo que hizo que se pudiera pagar menos por la función y que varios técnicos se fueran del organismo.

Luego de un primer fallo de la Justicia, el caso fue derivado al TCA que, después de un largo proceso, terminó fallando a favor de los trabajadores. No obstante, Puente señaló que hasta que ella renunció al cargo, en abril de 2018, no tuvo acceso al expediente ni había llegado ninguna resolución al organismo. Además, la exjerarca dejó en claro que no se omitió el pago de aportes laborales y consideró que ello “es imposible” cuando se trata de una institución del Estado. Por su parte, quien la sucedió en el cargo hasta 2020, Ana Olivera, dijo que tampoco cuenta con información sobre el tema.