Sobre el capítulo Educación del documento “Gobernar entre todos” de la coalición de derecha

Este artículo fue discutido y elaborado con un conjunto de compañeras y compañeros de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) y tiene por finalidad acercar un análisis de las propuestas sobre educación de la coalición electoral de derecha. Coalición que, cabe recordar, nuestro sindicato caracterizó en el XVII Congreso (2019) “de derecha y ultra derecha con componentes fascistas” y sobre la cual avizorábamos un “intento de realizar un rápido proceso de ajuste y retroceso en derechos”.

En la misma línea, en el XVIII Congreso de la Fenapes (2021) expresamos: “Vivimos un proceso de ajuste antipopular en todas las líneas, en particular, en términos de derechos, libertades individuales y colectivas, que también abarca a nuestra educación pública y afecta a estudiantes y trabajadores. El desmantelamiento del sistema de relaciones laborales (la negociación colectiva); cambios y pérdidas de derechos en nuestras condiciones de trabajo que se definen unilateralmente por los jerarcas; avance autoritario e instalación de mecanismos de persecución sobre los trabajadores, en especial los sindicalizados”.

Por último, las resoluciones vigentes del XIX Congreso (2023) expresan: “El otro eje vertebrador del modelo de desigualdad fue una política de vulneración constante y sistemática de las libertades individuales y colectivas a través de una metodología bien estructurada, planificada, que instaló el miedo y el terror como forma de adiestramiento forzoso a dicho modelo”.

En este sentido, resulta necesario problematizar las propuestas de profundización del modelo que propone la coalición, asumiendo como un escenario posible que, de lograr una victoria en el próximo balotaje, cuente con al menos diez años más de gobierno.

Este documento contiene 36 propuestas sobre las cuales, en principio, podemos señalar que carece de una estructura de fundamentación mientras se compone de una serie de enunciados, cual “lluvia de ideas” que responden a un urgente acuerdo electoral. Así, las bases programáticas del conglomerado oficialista para educación expresan la suma de aspiraciones de los diferentes partidos.

Otra característica general, antes de analizar punto a punto, implica la inexistencia de cualquier atisbo de una propuesta global de carácter presupuestal. Esto no es un elemento menor, máxime para una coalición que aplicó un ajuste feroz sobre el presupuesto educativo de más de 300 millones de dólares en la ANEP y la Udelar.

Mientras el ajuste presupuestal se infiere como elemento estructural se manifiesta continuar el proceso de desregulación del sistema de educación pública, haciéndolo cada vez más permeable a los preceptos ideológicos y políticos de las corporaciones empresariales, las cuales ven en el mercado educativo una excelente oportunidad para profundizar su rango de negocios. Se establece así un campo cada vez más fértil para la privatización de la elaboración de la política educativa y la apropiación de los recursos públicos presupuestales por parte del sector privado.

En líneas generales, entonces, se propone agudizar el proceso de ajuste desplegado en este período de gobierno. En él se refuerzan las tres líneas expresadas en otros documentos de nuestro sindicato: una línea de ajuste presupuestal, una línea de ajuste pedagógico, que apunta a la mera capacitación básica, y una última que afecta en forma dramática derechos y libertades. No es necesaria una segunda lectura a las propuestas de la coalición electoral para entender que queda de manifiesto un proceso de agudización respecto a lo formalizado por la LUC.

A continuación, realizaremos un primer abordaje de algunos enunciados del documento, los cuales están puntualizados en un subtítulo programático llamado “La segunda generación de la Transformación Educativa”.

1.

Del enunciado 1 al 7 se establecen promesas de fortalecimiento de las trayectorias educativas, acompañamiento, cobertura y egreso, de los cuales destacamos:

“• Incentivos para el aumento significativo del egreso de la educación media. Debemos, al menos, duplicar el ritmo de aumento del egreso de la educación media superior en el próximo quinquenio. Se incluyen becas vinculadas a logros académicos y prácticas laborales remuneradas.
• Desarrollo de políticas de acompañamiento económico que permitan a los estudiantes de quintiles más vulnerables finalizar el liceo.
• Ampliación de la oferta educativa presencial y digital, junto con campañas de concientización, programas de reinserción y nivelación, y apoyos financieros para reducir la desvinculación educativa.
• Fortalecimiento de las trayectorias educativas, con énfasis en el acceso, tránsito y egreso de los estudiantes”.

El conjunto de los puntos explicita una burda contradicción con el recorte de esta administración que deterioró todos estos aspectos de modo consistente con un criterio de ajuste presupuestal atroz. Mientras se llevaba a cabo este ajuste la administración flexibilizó las pautas de egreso con el objetivo único de que se mejoraran las estadísticas, desestimando la multicausalidad de la pobreza asociada estrictamente al abandono escolar.

2.

Entre los enunciados 8 y 15 se establece una serie de propuestas respecto a la innovación y el uso de la tecnología, por ejemplo:

“• Fortalecer el proceso de vigilancia tecnológica para incorporar tecnologías emergentes, como la Inteligencia Artificial Generativa, de manera responsable y equitativa.
• Impulsar el desarrollo del bachillerato virtual.
• Promover el rol de Ceibal en la innovación educativa, especialmente en tecnología y ciudadanía digital.
• Crear un laboratorio pedagógico para probar nuevas metodologías, pedagogías digitales y modelos combinados con investigadores de distintas universidades.
• Expandir el modelo de suplencias remotas ya utilizado en la enseñanza de inglés para reducir la pérdida de horas de clase.
• Promover las carreras virtuales a nivel terciario, estudiando la mejor institucionalidad al respecto”.

Se expresa una visión mágica de la tecnología como elemento de igualdad pedagógica, pero se desconoce que la presencialidad es insustituible, aún más en aquellos sectores más vulnerables, como quedó demostrado a nivel planetario durante la pandemia en todos los niveles educativos, pero marcadamente en los tramos de primaria y media. A su vez, la virtualidad, en tanto no requiere de espacio físico, implica una consonancia con el ajuste estructural presupuestal en salario e infraestructura.

3.

En el enunciado 17 se plantean aspectos tendientes a la consolidación del plan ideológico disfrazado de profesionalización y reconocimiento universitario.

“• Para avanzar en la formación y profesionalización de los docentes, proponemos mantener y expandir un sistema de formación docente de calidad con reconocimiento universitario".

No se expresa en ningún pasaje la mejora del salario docente y la disminución de la carga horaria semanal de trabajo, elemento central para la permanencia y la estabilidad. Se continúa insistiendo en el recurso de una supuesta formación universitaria resuelta en una acreditación falaz concedida por medio de unas pruebas absurdas compradas a una universidad extranjera. Una real profesionalización debe generarse desde las condiciones reales para la integralidad, continuidad, y profundidad técnica y política. Entendemos que la profesionalización no puede ser una puesta en escena con finalidades electorales.

4.

En el enunciado 18 se insiste en colocar la elección de horas como problema fundamental descartando las problemáticas estructurales de las condiciones de trabajo docente. Esto habla de un profundo desconocimiento del sistema o de estrategia electoral. A su vez, los incentivos de pago por contexto instalan una lógica economicista y mercantil. Cuando, por ejemplo, se instauró la persecución y el hostigamiento como metodología de mejora pedagógica:

“• Profesionalizar las condiciones laborales docentes y no docentes mediante la elección de horas por períodos de tres años y la incentivación para que los docentes más capacitados elijan trabajar en centros desfavorecidos".

5.

El enunciado 22 establece como meta el fortalecimiento de las ATD. “• Fortalecer las ATD como espacios de intercambio y decisiones mediante voto secreto”.

Resulta especialmente llamativo que quienes desconocieron sistemáticamente la legitimidad representativa de este ámbito, así como también sus elaboraciones y propuestas, al mismo tiempo que recortaron recursos, en este documento propongan un fortalecimiento de cara a un próximo gobierno. A su vez, se coloca un manto de desconfianza sobre el gremio docente en su totalidad al proponer de forma demagógica el voto secreto en las instancias de asambleas liceales. El voto a mano alzada en estas instancias es un factor de trasparencia y de democracia directa, que se intenta amputar sin ningún fundamento. El único objetivo de esta propuesta es deslegitimar los espacios técnicos de consulta y elaboración que conquistó el gremio docente.

6.

El punto 27 sintetiza varios de los anteriores en tanto propone una ANEP más acotada, ampliando las potestades a nivel de centro educativo. Con el amparo de la Ley 19.889 (ley de urgente consideración) debe advertirse que contaría con legalidad la creación de múltiples regímenes para el microfuncionamiento de la administración por lugar de trabajo. En este sentido, los procedimientos administrativos generales, que actualmente están consagrados en la ordenanza 10, podrían quedar circunscriptos en la sola órbita de la institución educativa. De igual forma, podría suceder con otros aspectos tales como las solicitudes de amparo al art. 50 del Estatuto del Funcionario Docente, o lo referido a licencias especiales, o al año sabático. De igual manera, y atendiendo la globalidad del documento, se asume en este punto la clara intención de avanzar en la designación de docentes por parte de las direcciones liceales como forma de profundizar la desarticulación del sistema nacional de educación pública.

La propuesta es expresada de esta manera: “• Ir hacia una modernización de la ANEP, minimizando procedimientos burocráticos, digitalizando procesos y otorgando mayor autonomía a los directores de centros”.

7.

El enunciado 28 establece el fortalecimiento del bienestar estudiantil.

“• En materia de bienestar estudiantil y apoyo socioeconómico, proponemos fortalecer la capacidad de respuesta de los centros a partir de equipos integrales, con psicólogos, psicopedagogos, médicos y psicomotricistas para la atención de estudiantes".

Es paradójico que un gobierno que desmanteló muchos mecanismos de acompañamiento y redes territoriales proponga ese concepto cuando se ha socavado severamente, por ejemplo, el sistema de las becas que existía.

8.

El enunciado 33 plantea un nuevo marco normativo y legislativo. “En lo referente al marco normativo y legislativo, promoveremos una Ley de Educación Superior”.

Se traza la perspectiva de la profundización de la desregulación para la educación pública mediante el acceso del sector privado al presupuesto público, asumiendo mediante esto la fidelidad ideológica en la elaboración de la política educativa.

9.

El enunciado 35 anuda el incremento presupuestal a una lógica de política focalizada de falsa territorialidad:

“• En materia de desarrollo de políticas presupuestales y de recursos, vamos a innovar en los mecanismos de incremento presupuestal, priorizando el apoyo a comunidades educativas vulnerables y propuestas pedagógicas efectivas".

Esta propuesta metodológica camufla un intento de desregulación en la asignación presupuestal en favor del sector privado. Se detecta en el documento la búsqueda de mecanismos de pagos por resultado y los váuchers educativos mediante fideicomisos, un ejemplo claro de esto es el bachillerato Ánima. Cabe señalar que estos mecanismos tienen un carácter incipiente, queda muy claro en el documento que hay una búsqueda de expandir y consolidar esta metodología político ideológica; en síntesis, esta metodología de desmembramiento del sistema público que consolida una visión mercantilizadora y privatizadora de la educación.

Vale resaltar otro aspecto inquietante, aunque no se refiere específicamente al marco de la educación institucional dentro de la Administración Nacional de Educación Pública, pero sí se refiere al criterio de esta coalición con respecto a la democratización del conocimiento. Se plantea la inquietud con respecto a la Universidad de la República y la Ley 12.549, la Ley Orgánica de la Universidad, al enunciar: “En lo referente al marco normativo y legislativo, promoveremos una Ley de Educación Superior”, sin otra explicación.

También es importante señalar la actitud engañosa de todo el documento, una promesa de realizar acciones en todos los campos, como un compromiso alcanzable, cuando conocidos los resultados de la votación del 27 de octubre es obvio que, por la composición de ambas cámaras legislativas, de alcanzar el gobierno, la coalición deberá negociar acuerdos. En consonancia, los planteos esbozados parecen buscar un mero efecto electoral, cuyo único objetivo es continuar con el control de la administración del Estado, en función de una minoría denominada en forma de eufemismo como los “malla oro”.

En síntesis, este documento implica un retroceso definitivo en las bases pedagógicas de nuestra educación. Se exacerba la concepción de la educación como mercancía y se violenta en forma estructural el acceso democrático al conocimiento, poniendo la educación al servicio de la perpetuación del modelo de la desigualdad.

Emiliano Mandacen y Gustavo Hellbusch son profesores y dirigentes de Fenapes.