Consejeros docentes en ANEP rechazaron decreto del MEC sobre universidades privadas y piden que no se aplique

Esta semana comenzaron a llegar las primeras reacciones al nuevo decreto emitido por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) para regular el funcionamiento de instituciones terciarias universitarias y no universitarias. Más allá de que el decreto señala que se trata de una “actualización” de la normativa al escenario de enseñanza actual y, por ejemplo, habilita que existan carreras 100% virtuales, realiza otros cambios que generaron sorpresa en el principal organismo de educación del país, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

Daysi Iglesias y Julián Mazzoni, los dos representantes docentes en el Consejo Directivo Central (Codicen) del organismo, expresaron públicamente su preocupación por el contenido del decreto. Según dijo Mazzoni este viernes a M24, los cambios aprobados por el MEC fueron informados en el Codicen en la sesión de este miércoles por Víctor Pizzichillo, presidente del Consejo de Formación en Educación (CFE) y actual representante de la ANEP en el Consejo Consultivo de Enseñanza Terciaria Privada. Al respecto, contó que la sorpresa por el contenido del decreto fue compartida por los consejeros nombrados políticamente en el Codicen, que no tenían detalles sobre su elaboración.

Precisamente, una de las mayores sorpresas es que el decreto excluye a la ANEP de la integración de dicho consejo consultivo, que actualmente comparte con dos representantes del MEC, tres de la Universidad de la República (Udelar) y uno de las universidades privadas. Sin embargo, la nueva integración que comenzará a regir en enero está compuesta por tres representantes nombrados por el MEC, dos por la Udelar, uno de la Universidad Tecnológica y dos de las universidades privadas.

Tanto Mazzoni como Iglesias marcaron su preocupación por la eliminación del organismo, ya que a cargo de UTU tiene la formación terciaria no universitaria de casi 20.000 estudiantes, que cursan en 86 propuestas curriculares. Si bien el decreto no establece el fundamento de la medida, en un video publicado en su cuenta de Youtube Iglesias especula con que “podría existir un descrédito hacia la ANEP y la formación terciaria que realiza” por parte del ministerio.

En esta línea, otro aspecto que fue cuestionado por los consejeros es la cantidad de horas de clase que se establecen como mínimo para la formación a cargo de instituciones privadas: 1.250 horas para carreras no universitarias y 2.200 para universitarias. Al respecto, Iglesias se preguntó por qué el mecanismo de reconocimiento universitario de los títulos de formación docente estableció que el CFE debía tener 3.000 horas de clase, lo que interpretó como una “inconsistencia” del decreto respecto de otras reglamentaciones existentes. Por su parte, Mazzoni señaló que las licenciaturas suelen tener un total de 360 créditos, que equivalen a unas 5.000 horas de formación.

Además, el decreto, aprobado dos días después del balotaje, define que las instituciones terciarias privadas tienen libertad para establecer si se pliegan o no a un sistema de créditos y en qué formato lo hacen. Según la consejera, ello “abre terreno a la fragmentación del sistema educativo” y también podría dar lugar al surgimiento de “universidades garage”, como se define al surgimiento de propuestas de baja calidad.

La norma posibilita que las instituciones privadas acrediten la culminación de bachillerato

Uno de los mayores cuestionamientos de los consejeros docentes es la posibilidad que plantea el decreto para que las universidades privadas puedan llevar adelante un proceso de acreditación de la culminación de bachillerato. En ese sentido, la norma estipula que dichas instituciones puedan “admitir formaciones equivalentes a la culminación de la educación media superior”, a partir de solicitudes debidamente fundadas.

“Las instituciones privadas de por sí reciben y convalidan formaciones equivalentes a las de culminación de bachillerato”, cuestionó Iglesias, quien afirma que es una potestad que actualmente tiene la ANEP, ya sea a través del sistema educativo público estatal o a través de la convalidación de instituciones privadas de educación media.

Según Mazzoni, ello hará que si el postulante tiene “condiciones económicas para ingresar a la universidad” y documentación que pueda generar alguna acreditación, seguramente podrá ingresar a cursar, pese a no haber culminado bachillerato. En ese sentido, el consejero planteó que esa disposición habilita a que ello se convierta “en un negocio”.

En un sentido similar, Iglesias cuestionó las nuevas disposiciones sobre reválidas, que habilitan a que los estudios a revalidar se hagan antes de que el estudiante culmine el bachillerato, algo que “abre una ruptura de la secuencia de las acreditaciones que parece sorprendente”, según la consejera. Otra disposición que fue cuestionada por Iglesias refiera a la reválida de títulos extranjeros, que a través del nuevo decreto también queda en manos de las universidades privadas.

Para Mazzoni, la nueva normativa se trata de un “descarnado proceso de privatización” de la educación terciaria privada y lo comparó con el decreto ley de 1984 por el que, en sus últimos meses, la dictadura habilitó y reguló la instalación de universidades privadas. Además, Mazzoni aseguró que el decreto no se condice con el discurso público de autoridades del actual gobierno, que se comprometieron a no innovar significativamente durante el proceso de transición hasta que asuma la presidencia de la República Yamandú Orsi.

A propósito, Iglesias solicitó que el decreto no entre en vigencia en enero y quede a estudio de la nueva administración, pero si llegara a aplicarse, adelantó que tratará “por todos los medios” de que el 2 de marzo de 2025 sea derogado. “No creo que este tipo de disposiciones sea acorde, justa ni ayude al sistema educativo”, resumió.