El Aula Magna de la Facultad de Información y Comunicación (FIC) de la Universidad de la República (Udelar) fue sede de la presentación de las bases programáticas de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU) a los candidatos a la Presidencia de la República.

El documento presentado y entregado a las fórmulas presidenciales sistematiza la mirada sobre la política educativa de los colectivos docentes, trabajadores de la educación y estudiantes. Por otra parte, desarrolla sugerencias de cara al próximo gobierno.

En la presentación, el coordinador de la CSEU, José Olivera, se encargó de iniciar la actividad. En tanto, Sonia Alesso, presidenta del Comité Regional de la Internacional de la Educación, expuso recomendaciones del Grupo de Alto Nivel sobre la Profesión Docente del secretario general de las Naciones Unidas y Elbia Pereira, secretaria general del PIT-CNT, presentó las bases programáticas de la CSEU.

Si bien se invitó a todas las fórmulas presidenciales, asistieron solamente Carolina Cosse, candidata a la vicepresidencia por el Frente Amplio, y Gonzalo Martínez y Andrea Revuelta, la fórmula de Unidad Popular-Frente de los Trabajadores. Estuvieron presentes también otros representantes del FA y autoridades de la educación y de la coalición de gobierno, como Gonzalo Baroni, director nacional de Educación del Ministerio de Educación y Cultura.

“Es un puntapié inicial a un diálogo sin exclusiones. Por eso convocamos a los 11 partidos que van a competir en las elecciones de octubre”, manifestó Olivera. Explicó que las bases son un documento trabajado durante varios meses y que reúne la visión de “16 organizaciones sindicales y gremios estudiantiles”. “Es hora de darles la voz una vez más a los docentes, a los estudiantes y, por extensión, a sus familias en la construcción de las políticas educativas”, apuntó.

“Desde la CSEU sostenemos que la educación pública es la vía para garantizar el derecho humano a la educación para todas las personas. Su defensa constituye un principio vital cuyo objetivo primordial debe ser la búsqueda incesante de la igualdad, con independencia del contexto socioeconómico y cultural de origen”, afirman en el documento.

Por otro lado, encontraron “dos ejes estructurales que caracterizan la realidad educativa nacional” y se vinculan con “dificultades”: en primer lugar, “la desigualdad social de origen y su incidencia en los procesos de aprendizaje”; en segundo lugar, mencionan la “segregación educativa”.

En el primer caso, aseguran que “las desigualdades sociales de origen tienen una serie de consecuencias, entre ellas las que se enmarcan en todo el proceso educativo, afectando a las niñeces y adolescencias”. En ese marco, afirman que desde la CSEU ven “con preocupación un debilitamiento en la construcción de políticas públicas que contemplen o compensen estas desigualdades de origen”. Asimismo, consideran como “preocupante el problema de la pobreza infantil estructural”. Por tanto, señalaron que “se hace imprescindible la implementación de un conjunto de políticas públicas desplegadas desde el Estado, que sean coadyuvantes a la política educativa”.

En cuanto a la “segregación educativa”, que entienden como “la distribución desigual de estudiantes con distintas características entre centros educativos, refuerza inequidades y contribuye a la segmentación social”. Por esa razón, manifiestan que “nuestra sociedad debe abordar este fenómeno en profundidad para acabar con esa desigualdad estructural del sistema” y, por tanto, que “se deben establecer políticas de Estado potentes que impliquen una línea de ataque frontal a este problema estructural”.

Ejes programáticos

“Construcción de acuerdos sociales y políticos en materia de política educativa pública”; “reconstrucción del Sistema Nacional de Educación Pública”; “democracia y participación”; el financiamiento del 6% del producto interno bruto (PIB) para la educación y otro 1% para investigación son algunos de los nueve puntos propuestos. Además, la CSEU llama a la “democratización en el acceso al conocimiento” y a la “creación de conocimiento, ciencia y tecnología”. Por otra parte, hablan de un “compromiso con la profesionalización docente y sus condiciones de trabajo”, así como de “estabilidad y carrera funcional del personal de apoyo de la educación” y de “libertades sindicales y gremiales”.

“Pensar en la construcción de una política de educación pública necesariamente deberá requerir los más amplios espacios de participación, discusión y consenso en todos los niveles, desde los Consejos de Participación por centros hasta el Congreso Nacional de la Educación como espacio máximo de síntesis y definición de los lineamientos de la política educativa”, afirman.

En ese marco, destacaron la necesidad de organizar un Congreso Nacional de Educación para sentar “las bases para la concreción de amplios acuerdos sociales y políticos”. Lo que emerja de allí, aseguran, “implicará amplios y profundos acuerdos sociales, así como un compromiso para la construcción de un sistema educativo democrático y democratizador”.

Para la CSEU, el Estado “debe retomar su rol protagónico como garante del acceso democrático y pleno a la educación en cualquier rincón del territorio nacional”. En ese marco, afirman que hay que reconstituir el Sistema Nacional de Educación Pública, que “debe construirse sobre la base de propuestas, niveles y modalidades que garanticen a nivel de todo el territorio nacional el derecho a la educación para todas y todos durante toda la vida”, con especial atención a la educación de adultos y en contextos de encierro.

Sobre la “democracia y participación”, la CSEU plantea que los “congresos nacionales de educación deberían desarrollarse en forma periódica, amplia y democrática”. Asimismo, sostuvieron que “el gobierno de la educación debe ser autónomo y cogobernado en todos sus niveles”. Relacionado con eso, afirman que “los desafíos actuales evidencian que se debe garantizar la reinstalación del cogobierno en Universidad Tecnológica” (UTEC) y, por otro lado, que se cree una Universidad de la Educación “pública, autónoma y cogobernada”.

El presupuesto es otro de los ejes reivindicados por la CSEU como una de las bases programáticas. En ese marco, aclaran que su reclamo es de “un piso presupuestal del 6% del PIB estrictamente para los organismos de la educación pública, excluyendo el gasto que llevan a cabo otras instituciones del Estado que desarrollan políticas públicas que, si bien pueden tener un vínculo con la educación, no llevan a cabo acciones en materia educativa”.

La CSEU resaltó que existen “necesidades concretas” a nivel educativo que “se deben atender” con ese presupuesto, como la “infraestructura”, la “creación de cargos en todos los subsistemas que puedan atender las diferentes problemáticas que atraviesan las y los estudiantes” o la “reducción de número de estudiantes por grupo”. También afirman que es necesario “dotar de recursos materiales y didácticos que optimicen los aprendizajes de las y los estudiantes”, “mejorar las condiciones salariales”, ampliar el “tiempo pedagógico” en todos los subsistemas de acuerdo a las necesidades particulares y “garantizar el acceso a los sistemas de apoyo y becas para cubrir las necesidades básicas de las y los estudiantes: alimentación, transporte, materiales de estudio”.

Estas propuestas, aun así, “deben estar acompañadas de otras políticas públicas que permitan asegurar las condiciones materiales mínimas de acceso a la vivienda, la salud física y mental, la alimentación; y la instalación y refuerzo de dispositivos de apoyo que contemplen la diversidad de trayectos y formaciones”, según subrayaron.

En cuanto a la educación privada, la CSEU reafirmó que “el Estado transfiere recursos a las instituciones privadas a través de exoneraciones impositivas que representan un 0,3% del PIB equivalente a 168 millones de dólares anuales”. En este marco, entienden que es “relevante generar una revisión profunda de estos beneficios y ver de qué manera se puede contribuir con estos recursos al bien común”. Por otro lado, señalaron que, si bien “la enseñanza privada está regida por la normativa establecida por el Estado”, sucede que “una buena parte” de las instituciones del sector “funcionan como unidades de negocio”. Según advierten, ello se aparta “de los fines que fundamentaban su existencia establecida en la Constitución de la República y leyes posteriores”.

Puntos finales

La democratización del conocimiento es otro de los puntos destacados. De acuerdo a la CSEU, “las propuestas curriculares deberán elaborarse respetando el conocimiento disciplinar construido social e históricamente, como único mecanismo para el acceso a los saberes”. Así, “ante las dificultades y diferenciación que ofrece el marco curricular nacional, se debería avanzar en el desarrollo de un plan único nacional con distintas modalidades, y que las adecuaciones, diferenciaciones y adaptaciones las realice el docente de aula como profesional capaz de detectar estas necesidades en territorio”.

En sintonía, destacaron la necesidad de que se cree conocimiento científico-tecnológico. “Crisis como la pandemia por covid-19 o el déficit hídrico han vuelto a mostrar que Uruguay ya tiene y necesita tener cada vez más investigación nacional de nivel internacional con vocación social”, esgrimen. En ese sentido, reivindican que la pandemia también mostró “la importancia de contar con políticas estables y robustas de desarrollo de la ciencia y con un sistema universitario público, autónomo y coordinado, comprometido socialmente”.

Las condiciones de trabajo docente y su profesionalización son otro de los puntos de las bases programáticas, que se toman del documento presentado por Alesso. En ese sentido, una de las afirmaciones es que “los docentes son el elemento central para la mejora de los sistemas educativos” y, por tanto, “para cumplir ese papel, deben contar con apoyo social integral para poder desempeñar con cabalidad su labor”. En relación con esto, afirman que “los gobiernos deben elaborar sus políticas presupuestales para que se asegure la financiación adecuada que asegure el acceso democrático al conocimiento y la formación permanente”.

El penúltimo punto se vincula al anterior: “Estabilidad y carrera funcional del personal de apoyo de la Educación”. Según la CSEU, “en estos años se han profundizado las condiciones de precarización e inestabilidad para el personal de apoyo de la Educación de toda la ANEP, la Udelar y la UTEC”.

Por esa razón, plantean la necesidad de “la presupuestación e ingresos de más funcionarios para los distintos escalafones de toda la administración pública con condiciones que proporcionen estabilidad laboral”. Y debido también a un proceso de tercerización que aseguran que va “en aumento” y que ven con “preocupación”, manifiestan que es “necesario un abordaje equitativo y de profunda reestructura de la carrera funcional”.

Sobre el punto acerca de “libertades sindicales y gremiales”, plantean que “debe existir un compromiso explícito del próximo gobierno de respeto irrestricto de los derechos de libertad sindical y gremial consagrados en la Constitución de la República, en normas de carácter nacional y en convenios suscriptos por nuestro país a nivel internacional”.