Por unanimidad, la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Diputados desestimó una denuncia presentada a este cuerpo y firmada por más de 2.000 personas para iniciarles un juicio político a las autoridades del Poder Ejecutivo que suscribieron el “contrato” entre el Estado uruguayo y UPM, llamado en filas del gobierno “acuerdo de inversión”.

El abogado Hoenir Sarthou, patrocinante de la denuncia, realizada por el Movimiento Ciudadano UPM2 NO, considera que se trata de un acuerdo inconstitucional, en la medida en que debió haber sido refrendado por el Parlamento. Por eso la denuncia pretendía que se activara el mecanismo comprendido en el artículo 93 de la Constitución, que le da la potestad exclusiva a la Cámara de Representantes de acusar ante la Cámara de Senadores al presidente y los ministros por violación a la Constitución.

Según contaron a la diaria varios integrantes de la comisión, el encargado de contestarle no fue una figura afín al gobierno, sino el diputado colorado Ope Pasquet, quien dijo que el documento firmado entre el gobierno y UPM no es un contrato, ya que no exige obligaciones a las partes: tanto el Estado uruguayo como la empresa se pueden desvincular en cualquier momento por su propia voluntad.

Daniel Radío, del Partido Independiente, contó que a diferencia de lo que suele ocurrir en el grueso de las comisiones, en cuyo ámbito los parlamentarios hacen preguntas y las delegaciones las responden, en este caso fue al revés: Sarthou les preguntó a los diputados si estaban dispuestos a apoyar el recurso, lo que contó con la negativa de todos los legisladores, a excepción del representante de Unidad Popular, Carlos Pérez, que al ser miembro delegado no cuenta con voto en el cuerpo. Otro defecto de la denuncia que mencionaron varios diputados es que no estaba claro a quién se quería llevar a juicio político. “En la petición no se nombraba”, dijo Radío.

En tanto, Pablo González, del Frente Amplio, opinó que la petición presentada por Sarthou “no tiene pies ni cabeza”. El legislador valoró que “está bueno que se dé esta posibilidad de que la gente se exprese y que todos tengan la posibilidad de hacerlo, pero estos mecanismos habría que usarlos con más sentido, para no desgastarlos”.

A pesar de la negativa a iniciar el juicio político, los diputados de la oposición aprovecharon la oportunidad para cuestionar la forma en que el gobierno hizo la negociación con UPM, así como la propuesta de inversión. “Coincidí en la escasez de información y en la reticencia del Poder Ejecutivo a proporcionarla. Había citado a los tres funcionarios que firmaron el contrato –el secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, el prosecretario Juan Andrés Roballo y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García– y no vinieron”, señaló el diputado nacionalista Pablo Abdala.

A la salida de la sesión, Sarthou anunció que el grupo hará una demanda judicial contra UPM y el Poder Ejecutivo por “eventuales perjuicios futuros que vaya a causar este contrato”. Según dijo, lo que se busca es “una sentencia que diga que la empresa UPM y el Poder Ejecutivo van a ser responsables de cualquier daño que provoque la ejecución del proyecto”.